William Hayden, economista y escritor.
En política a veces es mejor un rumor que el silencio y la ficción se puede hacer realidad. Esta semana, pasando por el Balcón Verde, la casa de los liberacionistas, con mis antenitas detecté un tic, toc, como el de los viejos telégrafos -porque ahí todo es viejo como las mañas de sus líderes- que decía frenéticamente: atención la precandidata del PLN a la presidencia de la República, Carolina Delgado, la ex diputada (2012-2014) de armas tomar porque anda con la carabina al hombro, logró el padrinazgo de Antonio Álvarez que le garantiza financiamiento a manos llenas provenientes de los alquileres de edificios viejos al gobierno, con la condición de que Johnny Araya ocupe el primer lugar por San José en la lista de los diputados.
La diputada Andrea Álvarez, la hija de papi, sería la jefa de la campaña. Insisten en levantar la alicaída figura de Johnny porque dicen que tiene un buen caudal de votos en algunos barrios de San José.
Intentaron que José María Figueres se les uniera, pero este sigue insistiendo en su ahijado Marvin Taylor a quien acompañó en unas visitas que hizo recientemente a Limón para bastantear el terreno de su provincia y ver si Clinton Cruickshank hará el intento de ser nuevamente precandidato, para evitar que entre “Obamas” se majen la manguera.
El Objetivo inmediato de este movimiento es boicotear la Asamblea Nacional del próximo 12 de octubre, para que no se realice o en su defecto que los delegados afines a estas figuras logren que la convención para elegir al candidato presidencial sea abierta, en la que voten propios y extraños, porque eso puede favorecer a Carolina con el voto de los chavistas, ya que ella y Chaves fueron muy unidos en la campaña de Rodrigo a espaldas de Figueres.
Quieren impedir que los asambleístas honestos lleguen al Castillo en donde alberga Enrique, quien los espera para reivindicar y hacer triunfar al partido en las próximas elecciones del 2026.
En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) las “cosillas” electorales andan más calmadas, excepto el portazo que 33 asambleístas le dieron a Luis Amador, el exministro del MOPT, armador de licitaciones a dedo para la constructora MECO y quien pretendía que se modificaran los estatutos del partido en cuanto a la militancia de 4 años para que él fuera candidato presidencial.
En el decir de la diputada del PUSC, Vanessa Castro, este politiquillo quería entrar por la cocina y disfrutar de la mesa servida. Amador se ha quedado más solo que el número uno, sin plata, sin partido y a la espera de que se le abra alguna puerta porque él al verse al espejito y darse besitos de la quiero, la quiero, se considera el nuevo mesías presidencial.
La semana anterior comparé el financiamiento de la educación superior con la Hidra de Lerna de la mitología griega un monstruo acuático en forma de serpiente policéfalo (con múltiples cabezas y de aliento venenoso. Pero hay una cabezota que no mencioné: el irrespeto a la Constitución.
El actual artículo 78 de la Constitución, digo actual porque fue reformado por última vez el 9 de junio del 2011 mediante la Ley N°8954, establece que: “en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto…”
El cumplimiento de la Constitución es una obligación. Así lo establece el artículo 11 que dice: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública”.
Así las cosas, los ministros (as) de Educación Pública, los ministros de Hacienda, los presidentes de la República, los diputados, los magistrados de la Sala Constitucional y la Contraloría son culpables de no respetar el mandato constitucional del artículo 78, al incluir, aprobar y tolerar, los presupuestos ordinarios de la República en donde el gasto público para la educación superior es inferior al ocho por ciento del producto interno bruto.
También los rectores de la educación superior son responsables por no acudir a la Sala IV para que declaren inconstitucionales las partidas presupuestarias que no cumplen con este mandato. El ministro actual de Hacienda dijo al respecto que este mandato no es una obligación sino una aspiración. ¡Qué irrespeto y que burla a la Carta Magna!
