- Negarle recursos a los planes e instancias dedicadas a vigilar por la seguridad ciudadana, a la educación y a los programas sociales, es una forma de violencia que mayor dolor causará al pueblo costarricense.
- El narcotráfico y el consecuente resquebrajamiento del tejido social solo pueden enfrentarse dotando de presupuestos dignos a los cuerpos policiales y de mejores instrumentos educativos a las nuevas generaciones de costarricenses.
Adriana Núñez, periodista Visión CR
«Los malos gobiernos gastan más en propaganda que en educación.» (Luis Abascal, periodista español)
(Foto de portada, imagen de Teletica sobre consumo de drogas)
En 2021, el Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, publicó un documento en el cual, como segunda meta, subrayó la necesidad, de forma ineludible, de mantener la seguridad de su país.
Ello se describió ampliamente a través del “Objetivo 2.5” contenido en un plan estratégico, que explicó las razones por las cuales debía ser prioridad, “combatir el narcotráfico y prevenir muertes por sobredosis”
En ese momento, las más altas autoridades de justicia de la nación norteamericana, justificaron con datos la decisión de acometer tan importante meta. Entre ellos, destacaron que el narcotráfico y el abuso de sustancias seguían pasándole la factura al pueblo estadounidense. “En los doce meses que van de septiembre de 2020 a septiembre de 2021, más de 104,000 estadounidenses murieron por una sobredosis de drogas. La abrumadora mayoría de estas muertes está relacionada con opioides” indicaron. Agregaros además que “las organizaciones de narcotráfico transnacionales operan una industria de más de $500,000 millones de dólares estadounidenses que alimenta la corrupción, la violencia y el terrorismo en todo el mundo.”
Dicho lo anterior, el Departamento de Justicia subrayó que tratarían los daños descritos de varias formas; entre ellas, dándole prioridad en el Plan estratégico para los años fiscales 2022-2026 a las acciones encaminadas a “interrumpir y desmantelar las organizaciones de narcotráfico; reducir las muertes y la adicción impulsadas por delincuencia relacionada con drogas; ampliar el acceso a la prevención y al tratamiento basados en pruebas”.
Dadas las relaciones de colaboración y tratados que Costa Rica mantiene con la potencia del norte, el documento, de libre acceso, podría ser acicate para que las autoridades costarricenses elaboren a cortísimo plazo un proyecto igualmente preciso y oportuno, en el cual se dote de instrumentos, recursos económicos e instrucción necesaria, a todos los servidores de las instancias legislativa, ejecutiva, judicial, policial y municipal de nuestro país, con el fin de que de forma conjunta y concatenada, se pueda enfrentar el terrible panorama que en materia de violencia e inseguridad está abrumando al pueblo tico.
Pero el problema más grave que tenemos en estos momentos, es que aparte de los loables esfuerzos desplegados por el Organismo de Investigación Judicial y cuerpos especializados en el combate al narcotráfico, no vemos disposición alguna en la administración Chaves Robles, para escuchar ideas y mucho menos, orquestar un plan consensuado con los demás poderes del Estado, que pueda ponerle freno al acelerado aumento del sicariato, el tráfico de drogas y la ola de muerte que asola a distintas comunidades de nuestra nación.
Por el contrario, los resultados del incierto rumbo que lleva el país, se pueden constatar en dolorosas cifras:
Mientras en 2020 se reportaron 570 víctimas de homicidio doloso -6 víctimas más en comparación al 2019- de cuyo total 507 (89%) fueron hombres y 62 mujeres (11%), según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al 2023, la tasa de homicidios dolosos total aumentó a 17,2 por cada 100.000 habitantes; 250 víctimas más en comparación al mismo periodo del 2022 que se había mantenido relativamente estable. En 2023, el 92% de las víctimas fueron hombres y el 8% mujeres.
Los datos mostraron que al año pasado, “se registró un notable repunte en este índice”; tendencia que se ha reiterado en el transcurso de este año 2024, en el cual -al mes de junio- alcanzábamos más de 400 homicidios, es decir, un promedio de 77 por mes según fuentes del OIJ.
Y lamentablemente, durante los primeros días del presente mes de setiembre -mes de la patria- la cifra alcanzó los 600 homicidios.
Es urgente combatir causas importantes
Durante un foro sobre seguridad, celebrado recientemente en la Universidad Nacional (UNA) Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que aunque existen variadas causas -tanto internas como externas- que han redundado en un aumento de la violencia en nuestra nación, dos de las más significativas han sido: la notable reducción en la inversión social y la disminución de los presupuestos destinados a los cuerpos policiales, situación que lógicamente “repercute en la capacidad de respuesta y en la presencia de autoridades en lugares donde se necesita”.
No hay suficientes policías en las calles de Costa Rica que puedan ponerle freno tanto a ilícitos en carretera como a los indiscriminados ataques de sicarios contra personas en lugares públicos, que han acabado con la vida incluso de inocentes.
Ante la cruda realidad que agobia al país, las declaraciones de otros altos jerarcas del presente gobierno sobre seguridad, parecen formar parte de un relato de ciencia ficción, porque paradójicamente, en los últimos dos años, la violencia y el consumo de drogas se han disparado en nuestro territorio.
Según la VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población de 12 a 70 años en Hogares, realizada por el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco dependencia (IAFA) en 2022 y dada a conocer a fines de octubre del año pasado, en la cual se incluyó la opinión de 16059 informantes de los 84 cantones del territorio costarricense, “de los 12 a 19 años es más probable que las personas consuman cannabis por primera vez; muchas más personas entre los 20 y 29 años consumen alcohol, tabaco y/o cannabis a esa edad. De ellos, 54 de cada 100 presentaron síntomas de depresión y 53 de cada 100 indicaron presentar síntomas de ansiedad.”
Aparte de la citada investigación, en noticieros locales e internacionales, a diario se reportan noticias relacionadas con consumo o venta de estupefacientes, entre ellos los que dan cuenta de que en sitios populosos como la capital, San José, los casos por uso de cocaína y fentanilo están a la orden del día. Iguales sucede en otras cabeceras de provincia, entre ellas en las de Limón y Puntarenas.
Y por supuesto, las consecuencias del narcotráfico, que van más allá del consumo, son evidentes a partir de los cada vez más frecuentes -a cualquier hora del día y en distintas localidades- ajustes de cuentas en forma de asesinatos y robos. “El año pasado, la guerra de pandillas por el territorio hizo que la tasa de homicidios en Costa Rica se disparara en un 40% a un nivel récord” indicó en febrero de este año el periodista Johannes Pleschberger, en un reporte emitido por EURONEWS, en el cual se cuestionó: “¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Se está convirtiendo el popular destino turístico en un narcoestado?»
Aunque el gobierno que preside Rodrigo Chaves habría solicitado ayuda a la Unión Europea en esta “preocupante situación”, lo cierto es que los presupuestos en materia de seguridad, educación y programas sociales, tres de las más importantes herramientas para combatir ese flagelo, no han sido prioritarios para la actual administración. Por el contrario.
“La violencia, genera más violencia” es una máxima ancestral, descrita incluso en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, versículo 26:52. Y eso es lo que -tristemente- estamos viendo en nuestro terruño.
Ineludiblemente debemos reflexionar acerca de la violencia que se ejerce contra los pueblos cuando se omiten o cercenan las acciones urgentes y necesarias para contribuir a su restauración. Acciones que inclusive el Banco Mundial -en el cual laboró durante muchos años el actual mandatario costarricense- ha puntualizado en un documento que precisó, en 2020, cuatro de los pilares para “ayudar a definir mejor y acelerar nuestra acción colectiva en procura de la recuperación resiliente de las comunidades”. Esos puntos son:
- Ampliar el aprendizaje y mejorar los datos, favoreciendo la innovación y la implementación de políticas adecuadas.
- Cerrar la brecha entre las aspiraciones y los logros en materia de políticas, fortaleciendo, entre otras cosas, la capacidad de los sistemas administrativos encargados de implementarlas.
- Invertir en preparación y prevención,
- Ampliar la cooperación y la coordinación, aspectos que especialmente durante las crisis, son vitales para cultivar la solidaridad.
“Por sus frutos se conoce el árbol” (San Lucas 6,44)
