Fernando Berrocal, exministro de Seguridad Pública.
No creo que el presidente Chaves y su ministro de Hacienda cambien de criterio. El Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ, erróneamente, seguirán sin suficiente PRESUPUESTO y no veo ninguna voluntad política para implementar, como debería ser, POLITICAS PUBLICAS integrales y paralelas en seguridad nacional y ciudadana. Ese es el cuadro objetivo actual.
Estas 6 propuestas en el campo estrictamente POLICIAL no implican aumentos presupuestarios:
1.- Devolverle por Decreto Ejecutivo la rectoría oficial al Ministerio de Seguridad Pública que, en una decisión que no tiene ni pies ni cabeza, se le asignó, en mayo del 2022, al Ministerio de Justicia.
2.- Costa Rica no puede sola y sin INTELIGENCIA POLICIAL no hay nada que hacer. Trasformar la DIS en la DIPOL, sacarla del Ministerio de la Presidencia y vincularla al Ministerio de Seguridad Pública y que, dentro de un PLAN DE ACCION INMEDIATO, una nueva y fortalecida DIPOL entre en contacto y relaciones activas con INTERPOL y las Agencias Especializadas de los países amigos y aliados (productores de cocaína y grandes mercados de la droga).
3.- A nivel nacional, el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ tiene identificados los principales bunkers de distribución-consumo y a 600 sicarios. Hacer un ejercicio de INTELIGENCIA POLICIAL conjunto y con determinación y firmeza planificar, concentrar fuerzas policiales, distribuirlas operativamente y realizar muchos más “operativos de contención” entre la Fuerza Pública, la PCD, las Policías Municipales y el OIJ, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, hasta desmantelar esos bunkers controlados por las mafias y entregar detenidos a los capos mafiosos y a los sicarios a los Tribunales de Justicia.
4.- Capacitar en cursos cortos en la Escuela Nacional de Policía, a los vigilantes pagados por el Ministerio de Educación Pública que cuidan el patrimonio de las más de 4.000 escuelas y colegios en el territorio nacional y otorgarles condición de “auxiliares de policía”, para aumentar en un año la “capacidad preventiva” y operativa de la Fuerza Pública. Defendamos a nuestra juventud.
5.- Implementar un Plan de Cooperación (nada de privatización) para coordinar y generar sinergias y vínculos operativos positivos entre las empresas privadas de seguridad y la Fuerza Pública. Mientras apenas tenemos unos 13.000 POLICIAS, en estas empresas trabajan legalmente 35.000 “guachimanes” bien entrenados y armados, cuidando barrios, comercios, empresas productivas y protegiendo los bancos estatales y las instituciones del Estado Costarricense.
6.- Activar las Asociaciones de Desarrollo Comunal y transformar DINADECO y las comunidades, en responsables de prevención y seguridad ciudadana y comunitaria, en constante comunicación y relación con las Delegaciones Policiales, para la protección de las mismas comunidades. Hay un enorme voluntariado nacional organizado que activar y vincular con la Fuerza Pública.
¡Esta lucha es de todos y es por Costa Rica!
