Fernando Berrocal, exministro de Seguridad Pública.
Desde antes de la Revolución Francesa, el “control judicial” sobre el “poder político” es un tema fundamental de debate en todas las sociedades.
Para los estudiosos del DERECHO, es famosa la historia de cómo la JUSTICIA le dio la razón a un humilde y digno molinero que le reclamó al poderoso monarca Federico de Prusia sus derechos de propiedad frente al fastuoso palacio de Sansoussi y, después de ser despojado por una injusta y arbitraria orden imperial, un Tribunal de Berlín al que recurrió con mil dificultades, le dio la razón y le devolvió su propiedad y sus derechos.
El poderoso y rico monarca aceptó la sentencia, detuvo la demolición del rústico molino e indemnizó al humilde campesino, a pesar de los consejos sibilinos de la nobleza y su corte de acólitos y parásitos. Declaró solemnemente: “Hay jueces en Berlín”.
No pocos tratadistas afirman que ahí nació el moderno Derecho Administrativo y Constitucional. Así hasta nuestros días, en otro tiempo y en este pequeño espacio de tierra libre y democrática que es Costa Rica, en el medio de las Américas y en el que, el “control administrativo” ejercido por la Contraloría General de la República y el “control judicial” sobre el “poder político”, ejercido ante Tribunales de Justicia independientes y controlados por procedimientos legales previamente establecidos, lo ejerce la Fiscalía General de la República, como debe ser en un Estado Constitucional y Social de Derecho.
Un “poder político” que, en democracia, es transitorio y a plazo fijo, cuyo origen es la libertad y la soberanía electoral del pueblo y que está sometido a normas legales de acatamiento obligatorio. Lo contrario son la arbitrariedad, la dictadura y la tiranía. Como en Cuba, Nicaragua y Venezuela y, en otros tiempos oscuros, con los militares de derecha en Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.
Defender estos principios esenciales de la DEMOCRACIA LIBERAL, en absoluto implica una posición conservadora o defender los abusos y excesos que el “control administrativo” y el “control judicial” podrían ejercer, en algún momento, sobre el “poder político”. Nada de eso. Para ello, también, el sistema democrático y el Estado Constitucional y Social de Derecho establecen sus propios controles y sanciones, mediante recursos y apelaciones justificadas y fundamentadas. Eso es vivir en libertad y democracia.
En Costa Rica hemos llegado a un punto crítico en que defender el sistema democrático y esas reglas fundamentales y obligatorias se ha trasformado en una obligación ciudadana y un deber patriótico, más allá de las diferencias políticas o ideológicas sobre las necesarias reformas al modelo de desarrollo.
Cada cosa en su lugar y nada, absolutamente nada, sujeto al capricho sin límites o al ego incontrolado de quienes ejercen el “poder político”. Eso jamás. Dejaríamos de ser Costa Rica.
