- La radiografía de los últimos 10 años, muestra el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y la forma en que el régimen narcoterrorista encabezado por Nicolás Maduro, ha cubierto de dolor a miles de familias.
«Lo juro por Dios, lo juro por mis padres y juro por mi honor que no descansaré mientras viva hasta que libere a mi país» (Simón Bolívar, Libertador de América, 24 de julio de 1783-17 de diciembre de 1830)
Adriana Núñez, Periodista Visión CR
Mientras la diplomacia de Brasil, Colombia y México -gracias a la cual el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) NO consiguió los votos para pedir que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, publicara y permitiera una auditoria calificada sobre los resultados del proceso electoral del pasado 28 de julio en Venezuela- sigue “buscando una salida pacífica” a la delicada situación, o quizás “ganando tiempo” como algunos analistas han indicado, para que “aparezcan nuevas actas”, frente a los ojos del mundo democrático y de los ingenuos que aún defienden “la no injerencia” las imágenes de Caracas plagada de paramilitares, militares rusos y miembros del grupo de las “Avispas Negras” de Cuba, nos muestran cómo continúan arrestando jóvenes, secuestrando testigos, dirigentes y amedrentando a la población local. Ellos sí pueden intervenir sin problema alguno.
Y según lo anunció Maduro antes del proceso, como no ganó, “ya comenzó a correr la sangre”.
No obstante, la esperanza de algunos analistas políticos está centrada en dos hechos relevantes:
-Que el tribunal Penal Internacional gire cuanto antes las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello, Tarek Saab y otros 45 funcionarios del régimen narcoterrorista de Venezuela, por delitos de Lesa Humanidad, tal y como lo ha pedido el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y como desde hace meses lo ha estado considerando la Organización de Naciones Unidas tras las investigaciones realizadas al respecto.
-Que el gobierno de los Estados Unidos tras analizar las actas publicadas por la oposición encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, ha reconocido al primero como legítimo ganador del proceso con alrededor del 67% de los votos emitidos y por lo tanto puede ejercer mayor presión ante el abanico de naciones democráticas.
Así lo ha declarado el Dr. Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos de Crímenes de Lesa Humanidad, al programa especial “La Ruta del Fraude” espacio digital de DARÍOmedios Internacional, que conduce el periodista Aníbal Toruño.
Diamanti también ha sintetizado el escabroso y siniestro panorama vivido por los venezolanos en los últimos 10 años, bajo la tiranía de Nicolás Maduro Moros:
En la última década, ha habido más de 300 asesinatos; alrededor de 6000 personas han sido encarceladas y 8000, ejecutadas extrajudicialmente.
De acuerdo con el especialista, “Venezuela posee 14 centros de tortura clandestinos, entre los cuales se cuenta el más grande de América Latina, conocido como Helicoide”. Allí se martiriza a los detenidos y se violan constantemente los derechos humanos.
“Una orden de captura emitida por el Tribunal Penal Internacional tendría un enorme efecto pues no habría limitaciones para ejecutarla en cualquier lugar en el que se encuentre” ha indicado el Secretario del Panel de Expertos.
Vistazo a la actualidad inmediata
Previo al proceso electoral del 28 de julio pasado, se les obstaculizó y negó el voto a 4.5 millones de venezolanos que residen en el exterior y que tenían todas las calidades para emitirlo. Solamente poco más de 60.000 personas radicadas en el extranjero alcanzaron ese derecho cívico. Recordemos que prácticamente un tercio de la población venezolana se ha visto obligada a salir hacia otras latitudes.
En los tres días que han transcurrido desde el anuncio fraudulento del Consejo Nacional Electoral (CNE) indicando que Maduro había sido reelecto, y ante las protestas pacíficas generalizadas, el régimen ha reaccionado con violencia: han muerto a manos de grupos paramilitares y “colectivos”, 17 personas; hay más de 1000 detenidos, entre ellos una gran cantidad de jóvenes no mayores de 25 años. Varios dirigentes y testigos de mesa han sido secuestrados.
En el ámbito diplomático, rompieron relaciones con Argentina, Uruguay. Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana. Con el agravante de que en la sede argentina, hay actualmente 6 personas asiladas.
“La velocidad con que se están dando los crímenes es espeluznante” señaló Diamanti quien agregó que “no se conoce en la región un fraude electoral tan grande como el que ha gestado la dictadura en Venezuela”.
Recalcó que en años recientes, incluso los secuaces de Maduro han incursionado en naciones vecinas, para asesinar a opositores que han emigrado. “El régimen mafioso de narcoterroristas no respeta ni las fronteras”, señaló el experto, quien basa sus aseveraciones en la documentación que la ONU ha logrado recabar.
Más vidas en peligro
Resueltos a defender los resultados obtenidos en las urnas electorales, los miembros de la Plataforma Unitaria de Oposición, que en la figura de Edmundo González Urrutia, ganó el proceso electoral holgadamente, nuevamente han convocado mediante un vídeo emitido por la líder opositora María Corina Machado -quien en las últimas horas se ha mantenido en “resguardo” debido a las amenazas proferidas por Maduro contra su vida- mediante el cual convocan a la población a concentrarse en las principales ciudades del país, el próximo sábado 3 de agosto a partir de las 10 de la mañana.
Adicionalmente, Machado ha solicitado a los ciudadanos que coloquen una bandera de Venezuela frente a sus casas, como símbolo de unidad y fortaleza.
Representantes de la comunidad internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deberían estar presentes durante dicha convocatoria e incluso, sería lógica la participación de los Cascos Azules, dado que según ellos mismos lo enuncian “son 90 000 militares procedentes de ejércitos nacionales de todo el mundo que trabajan junto con la policía de la ONU y sus colaboradores civiles para promover la estabilidad, la seguridad y los procesos de paz”.
Idealmente, las autoridades de Naciones Unidas, tendrían que garantizar la seguridad ciudadana para que pueda expresarse con total libertad. ¿Serán posibles esas condiciones ante una burocracia “diplomática” que le pide permiso a una mano, para mover la otra? Lo veremos…
