Alcantarillado sanitario truncado

Manuel López Fonseca, Exdirector de Recolección y Tratamiento GAM-AyA.

Hace ya algunos meses, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), anunció a la opinión pública que el Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano Quinta Etapa (PAAM) o también conocido como Orosi II, no se iba a ejecutar, a pesar de contar con un crédito aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por la suma de US$399.2 millones para su construcción.

En ese momento, el argumento utilizado para desobligar el crédito,  fue un tema de costos y de actualización de estudios de factibilidad poco consistentes, lo cierto del caso es que a raíz de esta decisión, este proyecto ha recibido un atraso significativo y miles de ciudadanos que hoy enfrentan problemas de abastecimiento de agua potable en diferentes sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM), así como inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, comerciantes e industrias entre otros, han visto frustradas sus intenciones de ejecutar importantes obras y con ello dinamizar la economía del país, al no contar con la infraestructura necesaria y con el suministro de agua en la cantidad, calidad y continuidad adecuada para desarrollar muchas de estas sustantivas inversiones.

Hoy nuevamente nos enteramos por los medios de prensa, que el AyA ha decidido cerrar ahora la Unidad Ejecutora del Proyecto de Mejoramiento Ambiental (PAPS), la cual tenía a su cargo la construcción y supervisión de las obras  de alcantarillado sanitario que le prestarían el servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales a más de un millón de personas, en 11 cantones del área metropolitana de San José y para el cual se esperaba incrementar la cobertura de este servicio al 65%, según las propias metas definidas por en esa entidad originalmente.

En esta oportunidad, el argumento utilizado por la alta administración de esa Institución para cerrar la Unidad Ejecutora a cargo de este proyecto, es que no cuentan con los fondos necesarios para finalizar esta mega obra de saneamiento de las aguas residuales de la GAM, perjudicando con esta decisión de manera directa, la recuperación de las principales cuencas del área metropolitana de San José, tales como los ríos María Aguilar, Torres, Tiribí, Ribera,Virilla y Tárcoles entre otras.

De igual manera, con esta disposición, es posible que no selogren eliminar gran cantidad de sistemas de tratamiento individuales (tanques sépticos) que actualmente están contaminando mantos acuíferos por la infiltración sostenida de las aguas residuales al subsuelo y que se suponía se iban a suprimir con la construcción de esta obra, considerando que muchas de las urbanizaciones que operan actualmente con dichos sistemas individuales, iban a tener la oportunidad y la obligación de conectarse al nuevo sistema de alcantarillado sanitario de la GAM.

Acá surgen algunas consultas obligatorias que es necesario plantearle a la alta administración del AyA, considerando la significativa inversión de fondos que ya se ha ejecutado en estas obras de alcantarillado sanitario en diferentes cantones de la GAM. Como es de conocimiento público, este proyecto fue financiado en parte con fondos del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC, ahora JICA) y otra parte con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en este sentido, lo propio sería que el AyA ejecute estas obras en su totalidad (al 100%), de tal manera que se garantice la puesta en operación de todos los sistemas y la conexión de las 40 mil nuevas conexiones que se tenían previstas se conectarían a las nuevas redes de recolección, para lograr de esta forma obtener los recursos económicos frescos que le permitieran a la Institución hacerle frente al pago de la deuda adquirida con esas entidades bancarias y brindarle además el mantenimiento preventivo y correctivo que le corresponde a estos nuevos sistemas.

Surgen adicionalmente otras interrogantes que deberían formar parte del análisis técnico que se supone realizó el AyA para tomar la decisión de cerrar esta importante Unidad Ejecutora. Es así que correspondería, por ejemplo, explicar cuantos kilómetros de red general, de subcolectores, de colectores, de pasos sobre ríos, de extensiones de colectores y de obras de contención entre otros, fueron efectivamente construidas y quedaron debidamente interconectadas al sistema de colectores en operación, para transportar las aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento de los Tajos.

De igual manera, debería esa Institución aclarar con detalle meridiano, cual fue la extensión de las redes sanitarias que quedaron construidas y que no se lograron conectar al sistema en operación por falta de recursos financieros. En este caso, resulta importante conocer desde el punto de vista técnico, que sucederá con esa cantidad de kilómetros de red sanitaria que quedaron enterradas y sin operar, como se minimizarán los riesgos de deterioro de esas tuberías, como se evitarán las posibles conexiones fraudulentas de los ciudadanos a redes generales que aún no están en operación y los eventuales derrames de las aguas residuales a la vía pública y a los cuerpos de agua, y cómo se evitará la invasión de los terrenos y servidumbres adquiridas.

Surge también la pregunta sobre la capacidad de tratamiento de las aguas residuales de la Planta de Tratamiento Los Tajos, es de mérito mencionar que esta planta tuvo un costo de 48 millones de dólares y quedo equipada con tecnología de última generación para el tratamiento de las aguas residuales. La capacidad total de este sistema es de 2800 litros por segundo (l/s) y entendemos que desde su inauguración en el año 2015, únicamente ha venido tratando 700 l/s, evidentemente es un sistema que cuenta con una gran capacidad de tratamiento, pero que está siendo subutilizado, debido a que a lo largo de los últimos 9 años desde su puesta en marcha, no se ha logrado incrementar el caudal de ingreso a dicho sistema de tratamiento, precisamente porque no se han terminado de construir e interconectar  las  redes y colectores necesarios para dicho propósito, lo anterior implica que durante muchos años, se contará con una mega planta infrautilizada, la cual tratará únicamente el 25% del total para la cual fue diseñada y construida.

Otro aspecto que llama la atención y que sugiere una falta de planificación y de visión técnica/operativa en cuanto a la administración y operación de un sistema de recolección y tratamiento de esta magnitud, es el porqué, si desde hace ya más de cinco años se tenía conocimiento de que los recursos eran insuficientes para finalizar las obras y construir las que aún hacen falta, no se entablaron negociaciones vigorosas y contundentes con entidades bancarias a nivel nacional e internacional, con el fin de obtener los recursos financieros necesarios para poner a operar este sistema, tal y como fue concebido desde que se plantearon sus alcances y objetivos.

No quisiéramos pensar que, para esta decisión, se está pensando únicamente en el costo salarial que tiene la planilla de los funcionarios contratados para formar parte de la Unidad Ejecutora que tiene a su cargo la administración y supervisión de las obras que están en ejecución y las que aún están pendientes de construcción.

Ciertamente, una planilla de funcionarios representa una carga salarial importante para las finanzas del proyecto y de la Institución, pero creemos que lo propio en este tipo de proyectos tan importantes para el país y para el ambiente, es ir haciendo cierres técnicos y administrativos parciales y ordenados, conforme vayan finalizando las licitaciones y la construcción de obras.

Al respecto, ya innumerables autores han mencionado la importancia y la obligación de cumplir las diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto, entre las que destacan la iniciación, la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto, etapa esta última que garantiza la revisión de los entregables y la evaluación final de los productos.

Bajo este modelo de cierre paulatino, la misma institución se garantiza que la supervisión de las obras, la comprobación de la calidad de los trabajos, las pruebas de operación, las garantías de buen funcionamiento, los procesos de capitalización de los nuevos activos y los reclamos por eventuales obras mal ejecutadas a las empresas contratadas, serán ejecutados por profesionales que han acumulado una experiencia importante a lo largo de los años de ejecución de este proyecto.

Es por todo lo anterior, que las autoridades superiores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, están en la obligación de exponer y presentar ante las entidades reguladoras del estado (ARESEP, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Cámara de la Construcción, CFIA) y ante la opinión pública, los estudios técnicos que respaldan la decisión de cerrar esta Unidad Ejecutora.

En dichos estudios, se debería explicar ampliamente, cual es la cantidad de obras que quedaron ejecutadas y en operación (km/red), la cantidad de obras que quedaron pendientes y fuera de operación (km/red), la cantidad de obras que del todo no se construyeron (km/red), el porcentaje de cobertura de alcantarillado sanitario que se logró alcanzar hasta ahora, la cantidad de tanques sépticos que salieron de operación y que se conectaron a las nuevas redes construidas,  la cantidad de nuevos servicios que se interconectaron al nuevo sistema de alcantarillado sanitario, la cantidad de terrenos y servidumbres adquiridas que no se utilizarán al quedar obras pendientes de construcción, el modelo de operación y mantenimiento que estableció la Institución para dar sostenibilidad a las obras que ya fueron construidas, el caudal real que hoy está ingresando a la planta de tratamiento de aguas residuales los Tajos y la proyección de ingreso mensual de nuevos caudales, el porcentaje de obras que quedaron debidamente ejecutadas y puestas en funcionamiento que fueron correctamente capitalizadas y el total de los recursos económicos que se requieren para finalizar estas obras al 100%.