Redacción y agencias.
En un informe publicado recientemente, nueve organizaciones internacionales de la sociedad civil, con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y ambientales, advirtieron que la falta de consulta previa de los 11 pueblos indígenas de Jujuy en el proceso de aprobación de la reforma de la Constitución provincial en Argentina es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales.
El informe denuncia también que la nueva Constitución de Jujuy autoriza la realización de actividades de aprovechamiento productivo en tierras fiscales, lo que abre la puerta a la implementación de proyectos extractivos en territorios ancestrales indígenas, sin garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades. También aprueba el uso a gran escala de agua, lo que facilita que un bien esencial para la supervivencia de los pueblos indígenas sea destinado a la explotación de litio, actividad con una alta huella hídrica.
El proceso de reforma constitucional se enmarca en un contexto de despliegue minero en los humedales altoandinos de Jujuy, cuyas cuencas se encuentran sobre el denominado, por la industria minera, “triángulo del litio”, que está ubicado en las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile.
Esta zona recibe este nombre por constituir la reserva de litio de mayor dimensión, facilidad de extracción y rentabilidad económica del mundo.
“Denunciamos el régimen de restricción, permanente y desproporcionado del derecho a la protesta social, que introduce la constitución jujeña. En especial, la prohibición general de los cortes de rutas y calles, los cuales no solo son una forma legítima de realizar una manifestación pacífica, sino que también están protegidos por el derecho internacional”, señalan las organizaciones.
De igual forma, el informe destaca los testimonios de víctimas de la represión policial, quienes sufrieron detenciones arbitrarias y graves lesiones físicas provocadas por el uso desmedido e injustificado de la fuerza. También documenta los casos de personas manifestantes, quienes actualmente enfrentan procesos penales arbitrarios y desproporcionados por participar y promover manifestaciones públicas en contra de la reforma constitucional.
Demandas
Las organizaciones solicitan el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino para garantizar la protección de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales, así como garantizar el derecho al agua destinado al consumo humano y la reproducción de la vida.
Instan a las autoridades a abstenerse de promover normativas que restrinjan los modos, lugares o momentos en los que la ciudadanía puede ejercer su derecho a manifestarse públicamente.
Hacen un llamado urgente al poder judicial para que, a partir de un riguroso examen de los estándares internacionales de derechos humanos, examine la probable inconstitucionalidad del proceso de aprobación de la reforma y sus contenidos.
El análisis ofrecido en el informe respecto de lo ocurrido en Jujuy es especialmente relevante en el actual contexto del país debido a que el gobierno nacional de Milei ha seguido una línea similar a la tendencia observada en Jujuy de promover reformas que profundizan un modelo extractivista en ecosistemas protegidos del país, mientras elimina marcos de protección de derechos humanos y ambientales, y facilita la represión y criminalización de protestas legítimas, como detalla el informe.
El presidente Milei, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, derogó la Ley de Tierras (26.737) el 20 de diciembre de 2023, eliminando restricciones destinadas a prevenir el acaparamiento de tierras por parte de proyectos de inversión extranjera.
Además, el proyecto de ley “ómnibus” propone derogar leyes de protección ambiental para facilitar actividades económicas en ecosistemas como bosques nativos y glaciares.
Estas medidas, similares a las implementadas en Jujuy, estuvieron acompañadas de restricciones desproporcionadas al ejercicio del derecho a la protesta. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2023, el ejecutivo aprobó el “protocolo de actuación anti-piquetes”, que considera un delito flagrante cualquier manifestación que interrumpa o disminuya la circulación de personas, requiriendo intervención policial.
