Redacción y agencias.
Al papel histórico jugado por América Central en torno al narcotráfico, el de ser un corredor que conecta el flujo de droga de países sudamericanos hacia el norte del continente, se suma ahora la creciente preocupación, y evidencia, de que se vuelva cada vez más una región productora, sobre todo de cocaína.
En esa reconfiguración, los carteles de la droga, centroamericanos, mexicanos y sudamericanos, echan mano ya de su modus operandi que le ha dado tanto poder: valerse de oscuras e ilegales alianzas con funcionarios de gobierno, jueces, fiscales, policías y militares corruptos, el engranaje que le ha permitido funcionar con eficiencia.
“Los países de América Central ofrecen un terreno fértil para las plantaciones de coca y el procesamiento de cocaína, gracias a las bien documentadas relaciones entre las élites corruptas y los traficantes de drogas, sumadas a sistemas judiciales notoriamente ineficaces”: Paulina Ríos.
Se estima que más de 80 % de la droga producida en América del Sur, atraviesa América Central en su ruta hacia los carteles de México, que la terminan llevando al principal mercado, Estados Unidos.
“Centroamérica es un nodo estratégico para el tráfico de drogas producidas en el Cono Sur y consumidas en los países del norte del continente americano”, señala el informe Tráfico y Violencia en Centroamérica, publicado en marzo de 2023 por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
Producción local
América Central ofrece “un terreno fértil para las plantaciones de coca y el procesamiento de cocaína, gracias a las bien documentadas relaciones entre las élites corruptas y los traficantes de drogas, sumadas a sistemas judiciales notoriamente ineficaces”, explicó a IPS la investigadora mexicana Paulina Ríos.
Los esfuerzos de erradicación y lucha contra el narcotráfico en Colombia, Perú y Bolivia, agregó la experta, han impulsado a los grupos criminales a explorar nuevas áreas para el cultivo de coca, y desde al menos 2017, han comenzado a aparecer cultivos experimentales en Honduras, Guatemala, México y Costa Rica.
“Estos países ofrecen un terreno fértil para las plantaciones de coca y el procesamiento de cocaína, gracias a las bien documentadas relaciones entre las élites corruptas y los traficantes de drogas, sumadas a sistemas judiciales notoriamente ineficaces”, sostuvo Ríos en un diálogo desde Ciudad de México.
Añadió que aunque las plantaciones de coca actuales se consideran experimentales y de pequeña escala, las condiciones parecen propicias para la expansión de estos cultivos.
En efecto, un estudio publicado en este mes de septiembre de 2024 por el sitio especializado en noticias científicas Physorg, del Reino Unido, estableció que la superficie de América Central es apta para el cultivo de coca.
“Encontramos que 47 % del norte de América Central (Honduras, Guatemala y Belice) tiene características biofísicas que parecen muy adecuadas para el cultivo de coca”, se lee en el reporte.
El estudio señaló además que desde 2017 los grupos delictivos organizados han estado estableciendo plantaciones de coca en América Central para la producción de cocaína.
“Esto ha roto el largo monopolio de América del Sur sobre la producción de hoja de coca para el comercio mundial de cocaína y ha suscitado preocupación por su futura expansión en la región en el istmo”, afirma el informe.
Otro informe, esta vez de un colectivo de periodistas de investigación, estableció que en Honduras, tras el golpe militar del 2009, la producción de cocaína creció rápidamente en los departamentos de Colón y Olancho, ambos puntos clave en la ruta tradicional de la droga hacia el norte.
En Guatemala, agregó el reporte, sólo dos de las 217 plantaciones de coca encontradas entre 2018 y finales de 2022 no estaban en el noreste, una zona conocida desde hace mucho tiempo como base de operaciones para los traficantes locales.
“Antes éramos solo un puente (del narcotráfico) ahora Honduras es un país productor también”, afirmó a IPS el general en retiro Leandro Osorio, desde Tegucigalpa, la capital del país.
Osorio, que fungió como comisionado general de la Policía hondureña entre 2014 y 2016, detalló que en los últimos años se han desmantelado más de 30 laboratorios para la producción de cocaína en el país, y decomisado más de 30 millones de plantas de coca.
“Eso significa que estas estructuras criminales están evolucionando y mutando, y utilizando la zona norte, la biósfera del río Plátano, en la costa atlántica, para la producción de hojas de coca”, afirmó Osorio.
Por su lado, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional apuntó en su informe que, además de producir ya cocaína, Guatemala es el tercer productor en América Latina de adormidera o amapola (Papaver somniferum).
El comercio de heroína, añadió, se concentra a lo largo de la frontera entre Guatemala y México, y los carteles mexicanos se han extendido a esa zona para cultivar la planta y exportar la heroína principalmente a Estados Unidos.
Además, Guatemala es un país productor y de tránsito de cannabis, reza el reporte.
Probablemente por su posición geográfica, pegado a la costa del Pacífico, El Salvador aún no reporta producción de plantaciones de coca, solo comercio de cocaína, aunque pequeño en comparación con otros países, dice el reporte.
Sin embargo, en ese país las redes criminales participan activamente en el transporte de cocaína, y algunas han colaborado con carteles mexicanos y colombianos. Los narcotraficantes suelen utilizar embarcaciones semisumergibles de bajo perfil para transportar cocaína entre la zona costera salvadoreña y Guatemala, afirma el estudio.
Las pandillas, aliadas de los carteles de drogas que operan en la región, tenían una tajada importante en la distribución minorista en El Salvador, sobre todo de marihuana, pero ese comercio parece haber sido golpeado por la política de detenciones masivas del gobierno salvadoreño de personas acusadas de ser pandilleros.
Unas 82 000 personas, la mayoría pandilleros, han sido encarceladas por la política de mano dura del gobierno salvadoreño.
Como ya se sabe, los carteles de la droga no podrían operar en la región sin la cobertura y la protección de políticos y funcionarios corruptos, que amarran pactos oscuros para beneficiarse mutuamente y convertir a algunos de esas naciones en narcoEstados.
El narco-Estado hondureño
Un caso que ejemplifica a cabalidad ese tipo de pactos, es el reciente escándalo político que ha sacudido al gobierno y a la élite política de Honduras, uno de las naciones del istmo, junto con Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
El 3 de septiembre, el portal especializado en criminalidad transnacional, Insight crime, publicó un video, del 2013, que mostró una reunión que sostuvieron miembros del cartel de narcotraficantes locales, Los Cachiros, con Carlos Zelaya, hermano del expresidente del país, Manuel Zelaya (2007-2009), el esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro.
En el video, grabado subrepticiamente por uno de los narcos, se ve y se oye al jefe del cartel, Devis Rivera Maradiaga, ofrecerle 650 000 dólares a Zelaya, para la campaña política de Castro cuando ella peleó por la presidencia en las elecciones generales de ese 2013, las que perdió, para triunfar en los siguientes comicios, en 2017.
El video no muestra si el dinero ofrecido en realidad se entregó o no. Tampoco se mencionó algún acuerdo para aportarlo posteriormente.
La mandataria se ha desmarcado de la reunión sostenida por su cuñado con los narcotraficantes, y ha dicho que él lo hizo a título personal y sin el consentimiento de nadie en el partido, algo difícil de creer.
Castro también ha dicho que todo es una zancadilla política por parte de la derecha del país y sobre todo de Estados Unidos, quienes pretenderían darle un golpe de Estado, como se lo dieron a su esposo, Manuel Zelaya, en 2009.
Previo al escándalo, el 28 de agosto, la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, había criticado la presencia de dos funcionarios hondureños en Caracas, quienes aparecieron en una foto con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.
La diplomática dijo que los dos centroamericanos habían “aparecido a la par de un narcotraficante”.
Según el oficialismo, desde los comentarios de la embajadora, hubo intentos de la derecha de generar una sublevación en el ejército y se difundió información de que habría extradición de oficiales a Estados Unidos.
Por eso, la presidenta Castro dijo que Honduras anularía el tratado de extradición con ese país, aunque eso se ha entendido también como un mecanismo para proteger a sus allegados ligados ahora con el narcovideo.
Para fundamentar su tesis de que todo se trata de una conspiración para darle golpe de Estado, la presidenta Castro adujo que Estados Unidos no ha querido extraditar a prominentes políticos de oposición del país, quienes tienen casos abiertos en una corte de Estados Unidos, según una lista difundida por el gobierno hondureño.
En marzo de 2024, la corte del Distrito Sur, de Nueva York, condenó a 45 años de prisión al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), por cargos de narcotráfico.
En el listado están 26 personas pertenecientes al Partido Nacional y siete casos del Partido Liberal, ambos de derecha y enemigos políticos de la presidenta Castro.
Entre ellos se encuentra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, René Ponce Fonseca; el exdiputado Reynaldo Ekónomo, el exalcalde de Tegucigalpa y exprecandidato presidencial, Miguel Rodrigo Pastor; el exministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, y el expresidente del Congreso y expresidente de facto, Roberto Micheletti, quien asumió las riendas del país tras el golpe a Zelaya, en 2009.
“A mí el video no me causa ninguna sorpresa, al contrario, creo que habrá más sorpresas que van a dejar mal parada a la clase política del país”, aseguró el general Osorio, quien además de comisionado general de la Policía fue jefe de Investigaciones.
