Álvaro Campos Solís, periodista
Una poderosa y muy bien financiada maquinaria de propaganda política, respaldada por agencias gubernamentales y privadas de los Estados Unidos y Europa, opera todos los días, las 24 horas, en un esfuerzo orientado a socavar el derecho de los pueblos latinoamericanos a luchar por su propio destino. En ese esfuerzo, las agencias cuentan con el respaldo incondicional de políticos de la ultraderecha, derecha y hasta sectores de la izquierda latinoamericana.
Muchos de esos personajes que un día ejercieron la presidencia de su respectivo país, cuando concluyeron su mandato salieron de puntillas y por la puerta de atrás de su despacho, pues a sus espaldas dejaron estelas de corrupción que trascendieron las fronteras. Incluso, algunos de ellos estuvieron coludidos con elementos del narcotráfico internacional. Ahora son acérrimos defensores de la democracia, la libertad y los derechos humanos…cuando les conviene o se les ordena.
Tanto poder económico tiene esa maquinaria de propaganda política que sus recursos alcanzan para poner en sus respectivas nóminas a reconocidas figuras de la política latinoamericana, cuya responsabilidad principal es certificar la transparencia de todo proceso electoral que tenga lugar en algún país de la América de habla hispana. Esos mismos políticos, auto proclamados demócratas, saben cuándo tienen que mirar para otro lado y cuándo tienen que guardar silencio.
Por esa razón, supuestamente, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú no están en su radar.
En ese sentido, a ningún “agente” político de todo el espectro ideológico de la región se le ocurre formular la menor critica o comentario acerca del presidente electo de los Estados Unidos, Donal Trump, quien a partir del próximo 20 de enero se convertirá en el primer presidente convicto de la justicia en la historia de la nación americana.
De acuerdo con investigaciones judiciales, el citado político aparece como el principal promotor de un intento de golpe de estado contra el presidente electo, Joe Biden, el 6 de enero del 2020, alegando que las elecciones del 2019 se las robaron los demócratas.
El asalto al Capitolio se saldó con policías y civiles muertos. Los acontecimientos constituyeron una sorpresa, mas no generó una fuerte condena mundial.
¡Silencio! ¡No pasó nada! “A mí no me invitaron a certificar esa elección”, diría algún ex presidente de México, Colombia, República Dominicana y de nuestro país, además de políticos de la derecha española que también viajan en el mismo avión. Es cierto, ningún “observador” es invitado a que certifique un proceso electoral en la tierra del Tío Sam.
Por cierto, algunos cuestionados políticos españoles están convencidos que determinadas naciones de América Latina son colonias de su corona. Han perdido la perspectiva. Por lo menos la derecha y la ultra derecha de la nación ibérica. Esos mismos políticos ya cuentan con amigos y socios en nuestro propio país.
En determinados casos, el silencio de los políticos de la ultraderecha, derecha e izquierda latinoamericana es apabullante. Han permanecido callados, mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nieto de aquella generación de judíos que fueron sacrificados por Hitler, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, ordena la matanza de miles de palestinos, como represalia por el asesinato y secuestro de mil 200 de compatriotas suyos, por parte de milicias islamistas de la franja de Gaza.
En medio del asesinato indiscriminado de palestinos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue recibido con honores por parte del Congreso de los Estados unidos. Y nadie dijo “esta boca es mía”.
El gobierno presidido por Joe Biden envió dinero y armas a Israel, por miles de millones de dólares, al tiempo que enviaba comida a los residentes de la Franja de Gaza, minutos u horas antes de que fueran asesinados por el ejército israelí, mediante el uso de aviones, tanques, soldados y francotiradores. El hambre también se usó como arma de guerra. Nunca se sabrá cuántos miles de niños y ancianos murieron por inanición.
El caso del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, resulta vergonzoso. Mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con arrebatarle el Canal de Panamá, el político de derecha se lanza contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El canalero sirvió de anfitrión a un grupito de ex presidentes de la región que iban rumbo a Caracas para asistir a la toma de posesión del ex canciller Edmundo Gonzales Urrutia, reconocido como presidente electo por parte de Washington, la Unión Europea y hasta del mismo presidente de Chile, Gabriel Boric un político que alcanzó el poder con la etiqueta de izquierda.
¿Dónde estaban esos defensores de la libertad cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, arribó al aeropuerto Juan Santamaria, despojado del poder y en pijamas, por órdenes superiores y acatadas al instante por el ejército catracho, el 12 de junio del 2009?
Tres años después, la misma suerte corrió el presidente de Paraguay, el ex obispo católico Fernando Lugo, quien desde el poder comenzó a ocuparse de los pobres de la nación guaraní, cosa que molestó a la oligarquía de esa nación.
En Paraguay el Partido Colorado lleva casi 80 años en el poder. Es un anciano político pero aupado por la Derecha internacional. Por lo tanto, no pasa nada. La democracia, como la entiende la oligarquía paraguaya está a buen recaudo.
¿Por qué la derechista Organización de Estados Americanos, que en su momento los comunistas auténticos llamaron “Ministerio de Colonias de los Estados Unidos”, no se pronuncia sobre el golpe de estado que sacó del poder al presidente de Perú, Pedro Castillo?
El caso de este maestro rural es dramático. El 7 de diciembre del 2022 fue obligado a abandonar el poder, acusado de intento de ruptura constitucional. Desde entonces permanece detenido y sin fecha para ser sometido a juicio. Se le trata como a un criminal. Los defensores de los derechos humanos y de la democracia ni siquiera lo mencionan en sus informes.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, se hizo con el poder, luego de obtener el apoyo del ejército y la policía y de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. No hubo el menor cuestionamiento por parte de los llamados demócratas. Ella logró su objetivo y en las calles quedaron decenas de muertos y centenares de detenidos que siguen a la espera de mejor suerte.
Imposible seguir con esa lista casi interminable de presidentes que un día de tantos, mientras ejercían el poder, perdieron la vida, fueron detenidos o viajaron al exilio. No sabemos si la “temporada de caza,” de gobiernos legítimos habrá terminado.
Lo que se sabe es que, a partir del próximo 20 de enero, fecha en que asume el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno que quedara en “capilla ardiente” es el de Canadá. El nuevo inquilino de la Casa Blanca quiere convertir a ese país en el estado número 51 de la Unión Americana. Además, Trump se propone recuperar para su país al Canal de Panamá y comprar o tomar por la fuerza a Groenlandia, región autónoma, situada en el Ártico, la cual pertenece a Dinamarca.
Cambiarle el nombre al Golfo de México por la de Golfo de América. Podría ser una idea de gran calado, cuyas consecuencias ahora resultan impredecibles.
