Luis Ramírez, abogado y exdiputado.
El proceso judicial y su propia vía.
Abordamos este tema como corresponde, por el principio. La actuación del Ministerio Publico relacionada con la investigación que realiza a la Junta Directiva de la CCSS, por la denuncia del llamado “Caso Barrenador”, está fundada en el principio de legalidad. De otro modo sería del todo imposible.
Sobre si procede o no la prisión preventiva de los imputados, sobre si debieron detenerlos o no para presentarlos ante el Juez Penal, sobre si lo actuado fue un show o no, todos estos aspectos deben ser ventilados a la luz del derecho y no de la emoción. Recordemos que toda actuación y proceso donde se investiga y acusa a algún ciudadano, pasa por el orden de ser revisados por el Juez de garantías (Juez Penal) quien será a final de cuentas el funcionario que determina si lo actuado se ajusta o no a derecho. A partir de ahí el ciudadano investigado hace uso de sus recursos, por medio de su abogado a fin de que se tramite su causa, a derecho.
Este caso de la CCSS, ha producido muchísimo eco, pero no necesariamente por la infame información del caso, que lo pinta como de que se trata de un acto de corrupción, a lo que el pueblo costarricense se ha venido acostumbrando a lo largo de los años, pero especialmente durante este primer cuarto del siglo 21. Lo que ha llamado la atención es que su foco de incidencia es en una institución icónica para los costarricense como es la CCSS y la forma en que está siendo tratada por el gobierno de turno.
Por ello el análisis adecuado no es el jurídico, que además de estar apegado al proceso judicial, no me corresponde como abogado penalista hacer observaciones ni opinar sobre aspectos del mismo, cuando el caso se está ventilando en estrados judiciales y no conozco el expediente. Sería poco serio y hasta irresponsable hablar de la participación, de las eventuales responsabilidades, ni hablar de si hay culpa o no. Esto solo se determinará cuando el proceso llegue a su fin a través del procedimiento establecido en la legislación procesal penal que cobija al país.
Por lo anterior pasamos de este escenario, a los escenarios que verdaderamente han encandilado a la opinión pública costarricense. Este gobierno populista parece gozarse despreciando a los costarricenses, acusándoles de diversidad de conductas que a él no le compaginan, pero solo por el prurito de mostrar su mandato. Pero muchas veces las cosas no son lo que parecen. Especialmente en este caso, como se verá, esta actuación dramática sobre la CCSS tiene otro trasfondo que pasamos a mencionar.
Un trasfondo Político y una acechanza a la CCSS
El tema no es nuevo. La Caja ha sido vandalizada de muchas formas en el pasado reciente. No solo se trata de robarle, sino de perjudicarla. Esto por cuanto, siendo la institución más icónica de Costa Rica, producto de la aprobación de las garantías sociales de Costa Rica, allá por los años de 1940, La CCSS, representa el tema de discusión más álgido y valorado a su vez, de este tiempo, que es la atención de la salud.
Ya en el inicio de este Siglo se había acusado, que el presidente Ejecutivo de la CCSS, Don Eduardo Doryan había ingresado cerca de 6 mil nuevos puestos de trabajo de un solo sablazo a la institución. A cualquier buen Administrador le resulta claro que tal gestión es del todo improcedente, ya que una decisión de esa naturaleza debe obedecer a un estudio sobre las necesidades de la institución, sobre su capital humano con que cuenta, sobre su presupuesto, un estudio sobre ingresos y gastos, etc. etc. Es decir no puede ser una gestión por ocurrencias.
Asimismo, a la CCSS se le suma el hecho de que la pirámide poblacional del país, está invirtiéndose y cada día aumenta más el estrato de la población de la tercera edad y disminuye la que está laboralmente activa. Aunque el régimen de pensiones debe ser autónomo, no deja de ser una tarea pegada directamente a la gestión de la CCSS.
Surge también en este siglo 21 un crecimiento de la tercerización de los servicios de salud, que, aunque se venían dando, es notorio que es un mecanismo muy utilizado durante este siglo. Se terceriza la realización de exámenes particulares a los asegurados, en razón de la incapacidad de la caja para realizar este tipo de estudios particulares, lo que acrecentó la cantidad de citas para un tiempo posterior con hasta 5 años de atraso en las fechas esperadas. En estos casos los pacientes siguen ligados a un servicio ofrecido por la institución.
Pero lo nuevo que ha surgido es el traslado casi total de la atención de los pacientes, los que quedan ligados casi del todo a la institución o empresas terceristas a la que se contrata para este tipo de tareas.
Es así como surgen las empresas cooperativas que ofrecen el servicio. Pero es aquí donde se colisiona con un elemento que causa aprehensiones. Se trata de un inicio a la privatización de la salud, por un mecanismo donde apenas se percibe que la salud la atienden terceros. ¿Será esta la puerta abierta para proceder luego a otorgar más facultades y espacio de servir en la salud a los costarricenses?
Actuación descarada y oprobiosa del Gobierno de Chaves
Precisamente la actuación del gobierno de turno (Rodrigo Chaves), ha evidenciado una avidez exorbitante en el manejo y administración de la CCSS, lo que devino en generar el núcleo de los problemas que afloran hoy en la comunidad costarricense. Para analizar lo actuado veamos:
Desde sus inicios, el presidente Chaves intentó nombrar la totalidad de los miembros directivos de la CCSS. Hubo algún pseudo-jurista que interpretó, muy a la ligera y de forma complaciente, las normativas sobre nombramiento de directivos en las instituciones autónomas. Esto generó su natural roce y los sindicatos y algún otro actor, terminaron reclamando la ilícita gestión del presidente.
De seguido inició a través de la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del seguro Social, la desacreditación del uso del terreno adquirido para la construcción del Hospital para Cartago. La lucha parecía irracional. Todos los argumentos, utilizados para lograr echar atrás la construcción de dicho hospital parecían pueriles. No tenían fundamento. Fueron fácilmente rebatibles. Hasta que finalmente se realizó la adjudicación de la construcción del Hospital a una empresa Mexicana. Sin embargo, ¡oh que sorpresa¡, ahora, la empresa adjudicataria, renuncia a realizar la obra alegando la existencia de inseguridades en el país y el paso del tiempo, lo que cambió las condiciones aceptadas en el cartel. Pero en los corrillos se habló de presiones políticas para ello. En toda esa trama, se observa una línea de continuidad y conexión hasta lograr que resultara fallida la construcción del Hospital.
Como corolario se podría señalar el tema en el escenario, de una actuación errática y de odio del presidente de la República con la seguridad social. Es nefasta la forma en que el Señor Rodrigo Chaves ha dado un pésimo trato al país y a Cartago con la construcción del hospital para su Provincia.
Pero considero que aflora otro tema de mayor envergadura. Ha sido una inaceptable gestión del Presidente, venido del Banco Mundial a tratar de iniciar un proceso de privatización de la salud costarricense. Un tema vital de seguridad social del país, que se pretende pasarlo al espacio de los negocios. ¿Oh crees tú, estimado lector, que pueda algún costarricense, explicarse el supuesto odio a los cartagineses o a los promotores de la construcción del hospital de la CCSS? Pareciera que no sería sostenible dicho argumento.
La conexión de supuestos actos delincuenciales en la adjudicación de los servicios de salud a las cooperativas de salud, con un sobreprecio que sube hasta las estrellas, tampoco se vislumbra como su causa nuclear. En su defecto, lo que más se vislumbra en el horizonte, es la posibilidad de un punto de partida para iniciar la privatización de un servicio tan elemental y para desestabilizar una icónica Institución como la Caja Costarricense de Seguro Social.
