María Isabel Solís Ramírez, periodista y salubrista, Revista Visión CR.
Especialistas de distintas entidades y organizaciones nacionales e internacionales reconocieron la urgencia de un pacto social que posibilite la realización de reformas integrales que garanticen una pensión digna a la población adulta mayor.
Si no se actúa rápidamente, se estará creando el caldo de cultivo que acelerarán las desigualdades y la pobreza de un sector de la población con vastas necesidades sociales y de salud.
La discusión se dio en un foro que se desarrolló recientemente, en la sede de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y donde convergieron profesionales de diferentes disciplinas e instituciones tales como: la Conferencia Episcopal, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa Rica, la Organización Internacional de Trabajo y JUPEMA.
Hubo coincidencia entre los panelistas que, en este momento, muchos adultos mayores distribuyen su menguada pensión en ayuda para sus hijos e hijas y se convierten en la banca familiar, mientras otros hacen fila para ser beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) y en el 2023 , 306 551 personas adultas mayores no recibían una pensión contributiva básica.
Envejecimiento, fecundidad y transformación laboral
En esta ocasión, se analizó la dramática situación que tiene el país en materia de envejecimiento, lo que se agudiza con los cambios en la estructura laboral, el crecimiento de empleo informal, el auge de la inteligencia artificial y la robotización.
De acuerdo con Carlos Murillo Zamora, director del Centro de Investigación Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la tasa de envejecimiento es muy alta, al punto que en el 2040 el país podría tener un millón de personas adultas mayores y una tasa de fecundidad que podría situarse por debajo de 1.
Explicó que para el 2030, la población mayor de 65 años, superará a la de 15 años y se convertirá en el grupo de mayor crecimiento en el territorio nacional.
Para Murillo y Jorge Rodríguez, presidente de JUPEMA, parte del problema es que se ha producido un cambio en la estructura y dinámica laboral del país: se incrementó el número de trabajadores independientes y del sector informal que no contribuyen y cuyo ingreso depende de la ayuda estatal. Murillo se preguntó: ¿Está el sector estatal en capacidad de soportar esa carga?
Según Murillo Zamora, buena parte del sector informal, (37.3% del empleo que hay en Costa Rica ), no cotizan para la CCSS porque necesitan esa plata para el diario vivir. Se refirió, por ejemplo, a mujeres microempresarias y a personas que están en los sectores de la construcción y agrícola; el sistema, tampoco ofrece opciones para que coticen de acuerdo con sus posibilidades de ingreso. Esta situación repercute en la baja cobertura, la insuficiencia de ingresos, la dependencia del Estado y el deterioro de la calidad de vida de esta población.
¿Qué hacer?
De acuerdo con los panelistas se debe actuar rápidamente para atender dificultades relacionadas con el financiamiento, la gobernanza, la tecnología…que le permitan a Costa Rica tener una visión de conjunto que garanticen las pensiones. Reconocieron que las pensiones producen paz social.
Fueron claros en que se requieren decisiones políticas efectuadas con base en datos y estudios técnicos que reduzcan el riesgo de pobreza que podría afectar a la población adulta mayor. En este momento, hay miles de personas que están solicitando una pensión del Régimen no Contributivo que administra la CCSS, sin que haya posibilidades de otorgárselas por la falta de recursos.
Según los participantes en este foro, es preciso abrir varios frentes de trabajo en diferentes niveles y citaron, por ejemplo, la necesidad de que la población joven adquiera conciencia sobre la importancia de cotizar en un régimen de jubilaciones.
Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, destacó la necesidad de mejorar la credibilidad y la confianza hacia el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) porque en este momento, las personas jóvenes no están pensando en su jubilación y más bien dudan sobre la posibilidad de adquirir ese derecho en algún momento de su existencia.
Para los académicos es urgente revisar políticas públicas, reformar el sistema de pensiones y desarrollar programas de bienestar social, toda vez que en este momento muchas personas, cerca de 300 mil, no reciben una pensión contributiva básica.
A juicio de Rodríguez, se requiere una solución integral y asegurar los beneficios para que la población adulta mayor viva dignamente. Se requiere un sistema de pensiones solidario, sostenible, justo, contributivo y colectivo que proteja a las personas más vulnerables. Una buena parte de los expositores se decantaron por pensiones colectivas y no individuales.
Los panelistas hablaron también de la necesidad de conjuntar visiones, incorporar a todos los actores posibles, despolitizar instituciones y lograr compromisos multisectoriales, sin improvisaciones. También urgieron el pago de la deuda del Estado a la CCSS.
Hay que introducir la dimensión de género y entender la dinámica cultural. Adicionalmente plantearon la necesidad de reconocer las diferencias de los sectores sociales, planificar estratégicamente y saber reaccionar ante los cambios. “Hay que hacer un esfuerzo de transformación”, sentenció Fabio Durán de la OIT.
