Luis Paulino Vargas Solís.
Supongamos que los ingresos totales del gobierno suman ₡ 100. Pues resulta que, de ese monto total, ₡ 31,50 van al pago de intereses de la deuda. Con un detalle importante que no podemos obviar: ese gasto en intereses se considera sagrado. La decisión política es: se pagan porque se pagan.
Para el “resto” queda, entonces, ₡ 68,50. Entre tantas otras cosas, de ahí deben salir el pago los salarios de las personas que trabajaban en el sector público. Según la mentirosa historia narrada en los últimos años, esas personas son los forajidos de la película y esos salarios son la causa de todos los males que sufre Costa Rica.
Y, sin embargo, note usted lo siguiente. En 2018, el pago de salarios, incluyendo la seguridad social, absorbía ₡ 48,30 de los ₡ 100 de ingresos. Al finalizar 2023, eran ₡ 36,90 de eso ₡ 100. O sea: ₡ 11,40 menos. Eso es resultado de una congelación salarial que se ha extendido por varios años, y que ha desplomado el poder adquisitivo de los ingresos de la gente que trabaja en el sector público, a sus niveles de 2010, 14 años atrás. Y lo peor es que ese frenazo salarial todavía podría persistir por un plazo indefinido, lo que amenaza llevar los salarios públicos a niveles de hambre.
Muy distinta es la historia con el pago de los intereses: estos consumían ₡ 24,80 de los ₡ 100 de ingresos en 2018. En 2023, ya lo vimos, son ₡ 31,50. O sea: ₡ 6,70 colones más.
Esto último significa que, del “ahorro” en el pago de salarios, el aumento en los intereses se “comió” casi el 59%. O sea: de cada colón que se redujo en el pago de salarios, 59 céntimos van a financiar el aumento de los intereses. Como quien dice: se va lo comido por lo servido.
Pero, por favor, no olvidemos que el funcionamiento de las instituciones públicas depende del trabajo de su personal. Son las profesoras y los maestros, las médicas y los guardaparques, policías, ingenieras, trabajadores sociales, choferes, conserjes y recepcionistas…incluso los agentes del OIJ, puesto que de aquellos ₡ 100 de que hemos hablado, sale también el financiamiento del Poder Judicial.
Excluidos salarios e intereses, ¿cuánto nos va quedando para becas estudiantiles, bonos de vivienda, subsidios a las familias pobres, inversión en centros educativos, pensiones no contributivas, cuido de la infancia y de las personas mayores, promoción del arte, reparación de carreteras, etc.? Solamente ₡31,60. Pero, en la práctica, e inevitablemente, se gasta más. En total ₡ 52,93. La diferencia de ₡ 21,33, se cubre mediante la emisión de bonos de deuda pública. O sea: del total de lo gastado, cerca del 18% se cubre a crédito.
¿Dónde está el problema?
No, en los salarios no. Ese discurso es hoy insostenible, cuando más bien debe reconocerse que los salarios han sido comprimidos de forma brutal. Eso no solo conlleva un serio deterioro en las condiciones de vida de la gente, sino que, asimismo, está dificultando retener el personal altamente calificado.
Una parte del problema está en el fuerte crecimiento de los pagos por intereses, lo que hace obligatorio reconocer que las políticas que pretendían reducirlos, han fallado. No se me malentienda: no estoy diciendo, y ni siquiera insinuando, que se dejen de pagar. Pero si estoy advirtiendo que es necesario un replanteamiento y buscar nuevas opciones que permitan reducir la hemorragia que esto significa.
Pero el problema principal está en los ingresos. Son claramente insuficientes, lo cual demuestra que el plan fiscal de Carlos Alvarado, seguido y aplicado al pie de la letra por Chaves, también es un fracaso. El problema debería resultar obvio para quien desee verlo: los gastos han sido comprimidos a lo bestia, los salarios públicos lanzados a un hueco, y, entretanto, los ingresos fiscales se frenan y debemos seguir tomando deuda.
La situación es preocupante, y amenaza llegar a ser insostenible. Y eso podría ocurrir más pronto de lo que quisiéramos.
Tenemos gravísimos problemas de fraude fiscal, pero, además, es innegable que los muy ricos de Costa Rica solo tributan una pequeña fracción de lo que deberían aportar.
Todo esto debe ser debatido con transparencia y en profundidad. Es urgente hacerlo y es urgente avanzar hacia soluciones de fondo. De otra manera, el país podría entrar en una espiral de crisis social y política.
