Didier Badilla, historiador, RVCR.
En las postrimerías del siglo XIX surgió un breve periodo de tensión entre la Iglesia Católica y los liberales que gobernaban la nación. Las consecuencias de esta fricción, fueron una serie de decretos presidenciales conocidos como las “leyes liberales” o “anticlericales”, que llegaron al extremo de forzar el ostracismo del entonces obispo Bernardo Augusto Thiel y la orden de los jesuitas.
¿Cuáles fueron las causas de este antagonismo entre la Iglesia y el Estado en los últimos años del periodo decimonónico?
Los gobiernos liberales costarricenses no se habían caracterizado por ser anticlericales y las relaciones con la Iglesia y el Vaticano habían sido históricamente cordiales. De hecho, Costa Rica había anhelado desde mucho antes de suindependencia tener su propia diócesis, debido a que esta se encontraba unida ala de León de Nicaragua, con los inconvenientes que esto implicaba.
Una vez establecida como República soberana e independiente, Costa Rica decidió enviar en 1849 una delegación diplomática a Europa, siendo don Felipe Molina el primer Ministro Plenipotenciario designado para que lograra el reconocimiento de la Santa Sede y a la vez la erección de la diócesis. Sin embargo, esto se concretaría hasta 1850, durante la administración de don Juan Rafael Mora Porras.
Dos años después, se logró establecer un Concordato con la Santa Sede endonde se establecía la naturaleza de las relaciones entre ambos Estados, gracias a las gestiones del Marqués de Belmonte, don Fernando de Lorenzana y Sánchez, siendo Costa Rica la segunda nación americana en firmar un concordato con esta.
Sin embargo, a partir de la década de 1870, los liberales (algunos de ellos miembros de la masonería), fueron tomando acciones para centralizar el aparato estatal y disminuir la influencia que ejercía la Iglesia en aspectos considerados como propios del Estado.
Hay que recordar que el liberalismo postulaba una ruptura con el pasado —el antiguo régimen — y por su carácter secular abogaba por trascender toda explicación metafísica de la existencia, buscando en el ser humano mismo su propio fin, dándole a la razón el papel primordial para comprender el mundo.
Además, la coyuntura política de la región centroamericana también confabulaba en contra de la relación entre la Iglesia y el Estado. Para esa época, el gobierno guatemalteco, liderado por el general Rufino Barrios (que se caracterizaba por un fuerte anticlericalismo), se había propuesto, como pilar de su política exterior, la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los países de la región, y la creación de una nueva unión centroamericana, ejerciendo una fuertepresión para que estos apoyaran sus designios.
Un antecedente importante se dio en nuestro país en julio de 1872, cuando el entonces canciller de la República, don Lorenzo Montúfar, un reconocido liberal y masón, quien compartía la visión anticlerical del gobierno guatemalteco, había logrado que el Primer designado en ejercicio don José Antonio Pinto impidiese la entrada al país de algunos sacerdotes capuchinos y varios jesuitas.
Según relata Rafael Obregón en su obra La Masonería en Costa Rica -Segundo Periodo, ese año don Tomas Guardia realizó un viaje a Europa en compañía del Presbítero Francisco Calvo, quien había sido el fundador de la masonería regular en Costa Rica. Durante la travesía a bordo del vapor “Honduras”; llegaron a Panamá, en donde Guardia solicitó a Calvo ser iniciado masón, pero su presencia en este país también coincidió con la de algunos jesuitas expulsados de Guatemala y El Salvador.
Estos deseaban venir al país, por lo que su superior había intercambiado correspondencia con autoridades costarricenses que le habían sugerido conversar con el Presidente Guardia en su paso por Panamá. Calvo se enteró de estas cartas y conversaciones y de manera discreta se comunicó con las logias masónicas panameñas resolviendo informara las de Costa Rica de las “amenazadoras” noticias de la invasión de los jesuitas a este país.
Según relata Obregón, al desembarcar en Puntarenas algunos días después 18 capuchinos y varios padres de la Compañía de Jesús, el Ministro de Relaciones Exteriores, Lorenzo Montúfar, quien tenía como recargo la cartera de Guerra y Marina, ordenó inmediatamente a las autoridades portuarias que los eclesiásticos fueran reembarcados. No obstante, el Presidente Guardia permitiría nuevamente el ingreso de los Jesuitas en 1876.
Las relaciones entre el Estado y la Iglesia volverían a recrudecer cuando Don Próspero Fernández, cuñado de Guardia, asume la presidencia en 1882 a raíz de la muerte de este. Durante su administración se inicióun proceso de centralización y laicización, por medio de una serie de medidas que generarían grandes cambios en la sociedad y que fueron impulsados definitivamente por varios hechos aislados:
En agosto de 1883, el entonces canciller de la República don Eusebio Figueroa, había retado en duelo al licenciado León Fernández Bonilla, abogado e historiador alajuelense, quien se desempeñaba como Director de los Archivos Nacionales debido a diferencias personales e ideológicas.
Previamente, el Dr. Figueroa había redactado un proyecto para crear una institución hipotecaria en el país, el cual publicó bajo la modalidad de una hoja suelta a la que tituló Banco Hipotecario. Posteriormente comenzó a circular otra hoja suelta anónima bajo el nombre de La Alquimia Moderna, en la que se calumniaba, burlaba e insultaba al Dr. Figueroa. Este atribuyó la autoría de dicho documento a don León Fernández, quien, al ser increpado por un enviado de Figueroa, negó la acusación, pero afirmó estar dispuesto a aceptar la responsabilidad que de ella derivase.
Ante esto, un enviado de Figueroa planteó un duelo a muerte a Fernández en su nombre, quien aceptó. El combate se verificaría el sábado 11 de agosto de ese año a las 8 de la mañana, resultando de ello la muerte del Dr. Figueroa. Este duelo traería graves consecuencias para la historia nacional e indirectamente para las relaciones entre Costa Rica, la Iglesia Católica de Costa Rica y la Santa Sede:
La normativa canónica condenaba al duelo como una causal de excomunión. En ese momento, la autoridad eclesiástica se encontraba representada por el Delegado Episcopal Pbro. José Zamora Castro, ante la ausencia temporal del Obispo Thiel. A causa de esto, Zamora, en uso de su autoridad temporal, le negó a la familia del Dr. Figueroa la posibilidad de enterrar su cadáver en el cementerio de Cartago.
Pero luego de fuertes protestas por parte de una multitud apostada frente al camposanto, el cuerpo de Figueroa fue finalmente inhumado en dicho lugar. A su regreso a San José, el Obispo Thiel redactó el 21 de agosto una furibunda Carta Pastoral, condenando fuertemente todos los hechos relativos a los duelos.
Otro acontecimiento importante, que provocarían las acciones directas del gobierno liberal de don Próspero Fernández en contra de la influencia eclesiástica se daría en Julio de 1884. Según lo narrado en un memorándum enviado por el Doctor José María Castro Madriz a don Fernando Lorenzana, Marqués de Belmonte, en enero de 1885 (quien fungía como Ministro Plenipotenciario ante la Santa Sede), el Obispo Bernardo Augusto Thiel, con ayuda de los sacerdotes Jesuitas, estaba interfiriendo en los asuntos civiles. Además, se les acusaba de haber infringido una ley anterior en la que se les prohibía erigirse en comunidad y afiliar novicios.
A raíz de esto, se había presentado en junio un proyecto de ley para devolver a sus hogares a los novicios y prohibir de nuevo el noviciado. Ante esta situación, el Obispo Thiel y el padre Luis Hidalgo (cura de Pavas) junto a los Jesuitas, instigaron a un grupo de fanáticos armados a ingresar en el salón de sesiones del Congreso durante el último día de discusiones, para impedir la aprobación de dicho proyecto.
Como consecuencia de estas acciones, el Congreso dio amplias facultades al Presidente de la República para restablecer el orden. El 18 de julio de 1884, el presidente Próspero Fernández Oreamuno emitiría el primero de varios decretos que, en conjunto, llegaron a conocerse como las Leyes Anticlericales de 1884.
En primer lugar, emitió el Decreto No. XXIII mediante el cual expulsaba del país al Obispo Thiel junto con los integrantes de la Compañía de Jesús. Al día siguiente, promulgó la secularización de los cementerios, motivado por el previoimpedimento frustradodel entierro del Dr. Figueroa. Esta acción permitiría que tanto nacionales como extranjeros no católicos pudieran ser finalmente enterrados en los cementerios del país. Además, el 22 de julio se emitió otro decreto que prohibía el establecimiento de ordenes monásticas, desconocía los votos religiosos dados en dichas instituciones y prohibió la enseñanza religiosa en centros educativos del Estado.
También promulgó un acuerdo mediante el cual se regulaba el cobro por derechos de sepultura y se reglamentaba la administración de los panteones, los cuales pasaban a manos de juntas de caridad municipales. Uno delos decretos más importantes, fue el No. XLV del 28 de julio, por medio del cual se suprimió la Ley No. 24 de 1852, con lo que se derogaba el Concordato Lorenzana-Antonelli con la Santa Sede.
Posteriormente se emitieron otras disposiciones, como la prohibición de la circulación del semanario El Eco Católico y la prohibición al clero de cobrar rubros por inhumación de cadáveres entre otros.
Ahora bien, a pesar de que la anulación del Concordato entre Costa Rica y la Santa Sede, ambos Estados trataron de disimular esta situación y continuaron sus relaciones para conocer y resolver algunos asuntos relativos a la expulsión del Obispo Thiel. Sin embargo, el Papado desistió de enviar al Delegado Apostólico y enviado extraordinario en nuestro país que había sido nombrado ese mismo año.
Don Próspero Fernández fallecería repentina y misteriosamente el 12 demarzo de 1885, cuando se dirigía de regreso a San José para prepararse ante una eventual guerra contra Guatemala, luego de que Barrios decretara la unión centroamericana con él como Supremo Jefe Militar de Centroamérica. La muerte le llegó casi un mes después que Fernández. Pero eso es harina de otro costal.
En 1886 el Presidente Bernardo Soto, yerno de don Próspero, permitiría el regreso del Obispo Thiel al país. Pero el proceso iniciado por los liberales se profundizaría con algunas otras medidas, como la reforma educativa llevada a cabo por el Secretario de Instrucción Pública don Mauro Fernández. Con esta, se dio el cierre de la Universidad de Santo Tomás, el fortalecimiento de la educación secundaria, la creación del Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas, entre otras obras.
Finalmente, algunas de las leyes liberales o anticlericales fueron anuladas a partir de1940, bajo el gobierno del Dr. Calderón Guardia, cuando se volvería a permitir la enseñanza religiosa en las escuelas y colegios públicos.
Dos años después, en julio de 1942, se presentó un proyecto de ley para derogar las leyes que impedían el ingreso al país de las órdenes monásticas, lo cual permitiría el regreso de los jesuitas al país.
