Arturo Fournier, abogado, Revista Visión CR.
Teniendo los hispanohablantes un idioma tan rico, completo y expresivo, mucha gente insiste en usar términos anglosajones, aunque existan equivalentes en castellano.
De ahí que, no sé por qué, gente muy culta, preparada e inteligente, como los excelentes juristas argentinos, insisten en llamar “lawfare” a las detenciones o procesamientos arbitrarios, producto de la “persecución judicial-mediática en contra la lucha por la justicia social”, lo cual genera serias consecuencias sobre la objetividad del sistema jurisdiccional y atenta contra la independencia judicial, dañino para cuando se presta a los vaivenes de las luchas políticas o partidarias.
¿Que la anterior les parece una frase muy larga?, ¿que se pueden utilizar términos más cortos y funcionales? Sí, pero los podemos encontrar en el maravilloso y complejo idioma de Cervantes, de Quevedo, Irene Vallejo, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles y otros.
Me parece que la moda de acortar todo (como en los videos musicales), incluida la lectura, nos está haciendo daño, nos quejamos de que los jóvenes ya casi no leen libros, que hay menos cultura, de modo que tenemos que hacer esfuerzos por no contribuir a ese deterioro.
El gran jurista argentino –Raúl Zaffaroni- ha dicho que no es ni “law” = ley, ni “fare” = billete o pasarlo bien. Dice que hoy en día ya no se condena a muerte física, sino que utilizando el poder punitivo del estado junto al poder corporativo, violando las garantías y derechos fundamentales, se condena a la muerte política, luego del linchamiento mediático.
Yo insisto en que no hay necesidad de utilizar anglicismos, perfectamente se le puede llamar por el nombre que merece: “injusticia” o bien: “abuso politiquero del sistema judicial”, o = aposiju (si se quiere acortar), práctica de perseguir adversarios con anuencia de algunos jueces y fiscales, una modalidad de “asociación ilícita”, para la sobre criminalización contra algunos políticos populares.
Daniel Jaude, sociólogo, arquitecto y político. Este viernes 23 de agosto, por invitación del Colectivo Exilio Chileno en Costa Rica, estuvimos en la sede de la Embajada de ese país aquí, para hacer un “plantón”, a fin de solicitar la libertad para Daniel Jaude, sociólogo, arquitecto y político, de ascendencia palestina y militante comunista, quien implementó farmacias y ópticas populares (ofreciendo medicamentos 70% más baratos), creó la Universidad Abierta, impulsó festivales de cultura masivos y gratuititos, una escuela popular de teatro y muchas iniciativas más como la implementación del sistema de viviendas populares de bajo costo, que tuvieron como consecuencia el aumento de la población en la región y un impacto positivo en la vida de miles de habitantes, lo que generó la envidia y reacción de intereses oligopólicos que concentraban el 90% del mercado farmacéutico, y de los grandes intereses del sector inmobiliario.
Ejercía como Alcalde desde el 2012, en la Comuna de Recoleta en Santiago de Chile y excandidato a la presidencia de la República, hoy en día injustamente detenido con prisión preventiva desde el 3 de junio del 2024, luego de ser víctima de graves violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales.
La denuncia/querella en su contra fue interpuesta por Álvaro Castro Robles, representante legal de la empresa Best Quality Spa, proveedora de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, que compraba medicamentos en forma directa, de productos que en el mercado eran hasta un 1.000% más caros.
Ya la Asociación Americana de Juristas había emitido una declaración -fechada 10 de julio del 2024-, reclamando la libertad de Jadue, como víctima de “lawfare” en América Latina, impugnando el uso abusivo de prácticas jurídicas, como instrumento de persecución judicial-mediática, en beneficio del poder económico, imponiéndole la medida cautelar más severa que existe en Chile, aplicándole una especie de condena anticipada.
Esta situación no es nueva, en Brasil fue ampliamente utilizada para evitar la nueva candidatura de Lula a la presidencia; aquí en Costa Rica algunos expresidentes, junto con sus seguidores, han alegado que se utilizó en su contra, como maniobra política para limitar sus posibilidades de elección política; pero, sobre todo se usó contra los militantes comunistas o de izquierda, para evitarles hacer uso de la lucha social.
Aquí a muchos de los militantes de izquierda se les acusó de sedición, motín, desobediencia a la autoridad, sublevación y de una cantidad más de delitos, para lo cual cierta prensa hizo gran campaña pública en su contra, y algunos funcionarios judiciales se prestaron para procesarlos y en algunos casos juzgarlos, aunque no hubieran cometido los delitos que se les atribuían. La más grave fue contra el escritor Calufa, condenado como ladrón de gallinas.
Práctica de viejo cuño, que debe ser erradicada.
La Justicia debe ser justa, equitativa y correcta, sin prestarse para resolver diferendos de concepción política y menos ideológica.
Todos debemos luchar por un sistema jurisdiccional imparcial y objetivo, aquí y en cualquier otro país, como garantía de imparcialidad y de independencia judicial, para que cumpla sus funciones de baluarte y garantía de la democracia, la equidad y la verdadera justicia.
