- OEA aprueba por consenso excitativa para que la dictadura de Nicolás Maduro publique las actas electorales mesa por mesa
- Los 34 países representados ante el Consejo Permanente entre otros motivos, basaron su decisión en los informes de expertos en derechos humanos que describen el “terrorismo de estado” que se está ejerciendo contra el pueblo venezolano
Adriana Núñez, periodista Visión CR/Agencias
En reunión extraordinaria efectuada este viernes 16 de agosto 2024 en la tarde en Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución -no vinculante- cuyo texto original fue presentado en nombre de Estados Unidos con el apoyo de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay, en calidad de copatrocinadores.
El consenso se logró después de más de dos horas de negociaciones previas, durante las cuales Brasil y Colombia, finalmente aceptaron sumarse al proyecto tras forzar un ajuste en los fundamentos de la propuesta.
Se trató de la eliminación solicitada por Lula Da Silva y Gustavo Petro, de un párrafo que decía: “Reconociendo los informes de violaciones derechos humanos, incluidos aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras las elecciones”. Fue realmente una postura muy cuestionable la de ambos y ello provocó inicialmente una discusión compleja, pues resultó sumamente paradójico que dos miembros de la OEA reclamaran que no se citaran los informes que publica un resorte institucional del propio foro regional.
Pero a pesar de los cambios de última hora, el documento avalado por las 34 naciones representadas, con firmeza exige a las autoridades de Venezuela la publicación «de manera expedita» de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en ese país y recalca además la importancia de «proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral y los resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia».
De esta forma, pidiendo la verificación imparcial de los resultados, finalmente la OEA condena el fraude y la represión ilegal en Venezuela.
Recordemos que en una sesión anterior, convocada el pasado 31 de julio con los mismos propósitos, el Consejo Permanente había fracasado en pedir la difusión inmediata de las actas electorales en Venezuela, debido a que el texto puesto a discusión contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias incluida la de México, es decir, se quedó corto por un voto para ser aprobado.
No sucedió en esta segunda oportunidad, donde desde el inicio de la sesión, que terminó con el voto consensuado de las naciones que integran el Consejo, el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, declaró que la intención de la iniciativa sería “mostrarle al pueblo venezolano que no está solo en estos momentos difíciles”.
Además, independientemente de la omisión de un párrafo solicitada por Brasil, México y Colombia, en la resolución quedó clara la condena de los países suscriptores, al fraude electoral y a la represión ilegal cometidos por Nicolás Maduro en el hermano país sudamericano, un tema que en intervenciones posteriores, muchos de los representantes de las distintas naciones volvieron a tocar con total transparencia.
Sumamente satisfecho por el resultado de la reunión, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, declaró que “la resolución es congruente con los principios y valores que la organización defiende; así también señala el camino hacia una transición democrática en Venezuela”.
De acuerdo con el representante de Estados Unidos, pese a la eliminación de un breve párrafo, “la resolución claramente insiste en el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y todo el continente, aspectos que todos los Estados deben respetar”.
Represión en cifras
De acuerdo con un reporte emitido hace una semana por la agrupación Foro Penal, en Venezuela se han producido 1.263 arrestos arbitrarios, de los 114 detenidos serían menores de edad.
Por su parte Amnistía Internacional, indica que la cifra es mayor y señala que habría más de 2.000 detenidos «por ser críticos con el Gobierno», algo de lo que “ha presumido el propio Nicolás Maduro”. En su informe, también denuncian la existencia de «torturas, muertes y uso excesivo de la fuerza» con el fin de «silenciar la disidencia y la protesta».
La misión de Determinación de los Hechos de la ONU así como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional consideran, además, que «estos hechos cometidos en Venezuela parecen constituir crímenes de lesa humanidad».
A ello se suman los datos de la organización sin fines de lucro Provea, de origen local, la cual declaró recientemente que el número de manifestantes muertos “ya asciende a 24 personas”.
