Mario Rodríguez, abogado y comunicador.
Abordaré la temática desde la óptica de los políticos, porque como ciudadanos que acudimos cada cuatro años a las urnas, tanto para elegir a los diputados, presidente, alcaldes, regidores, síndicos, etc., tenemos el derecho de exigir que, nuestros políticos no mientan a los habitantes del país.
Cuando se inicia la competencia electoral, cada uno de los partidos elabora un plan de gobierno, en el cual se plasman todas las propuestas que se ofrecerán al electorado, con la intención de obtener el mayor caudal de votos posible.
Estas propuestas suelen estar repletas de promesas, en las cuales se asegura contar con las soluciones “cuasi mágicas” para temas tan variados como la reducción de la pobreza, la disminución de la delincuencia, el aumento de fuentes de trabajo, la reducción del precio del arroz o los medicamentos, el mejoramiento de la educación y de la salud, y, aunque claramente, es probable que, los ciudadanos no nos leamos la integridad de los planes de gobierno, lo cierto es que, en los debates los candidatos suelen repetir hasta la saciedad sus compromisos, tal y como sucedió recientemente con el candidato Donald Trump, quien tuvo como su «caballo de batalla» el tema migratorio, afirmando que ejecutará una deportación masiva de los millones de migrantes, que impondrá aranceles a los productos mexicanos y canadienses, o bien que, una vez tomado el poder, en solo 24 horas finalizará la cruenta guerra entre Rusia y Ucrania.
Desde la perspectiva patria, hace unos días, el director del OIJ, Randall Zúñiga informó a los medios de comunicación que el presidente Chaves Robles incumplió con su promesa de donar al OIJ un terreno del cuerpo de bomberos, a favor del OIJ de Limón, con la finalidad de construir un nuevo edificio.
Tal y como lo comunicó el medio digital CRHOY, el Consejo Directivo de Bomberos ya había aprobado el préstamo o la cesión, por medio del acuerdo VII de la Sesión Ordinaria No 0247, pero dicha decisión fue revertida con la finalidad de donarlo a otras instituciones públicas, dejando de lado la palabra comprometida ¿Por qué?
Si bien la promesa de donar el terreno al OIJ de Limón no se gestó durante la campaña electoral, lo cierto es que todos los candidatos al unísono prometieron reducir la delincuencia, con la claridad en aquel momento de que, es resorte exclusivo del gobierno central dicha labor.
Los años 2023 y 2024, ya son los más sangrientos de la historia patria, y con relación al año pasado, este año Limón ha tenido una reducción importante, probablemente, gracias a la intervención del OIJ en la zona atlántica.
Desde el año 2000, cuando trabajé en Limón, el OIJ tiene el mismo edificio, una estructura obsoleta, siendo importante contar con nuevos insumos para mejorar las condiciones de los funcionarios.
La gran mayoría, crecimos escuchando las historias de nuestros padres y abuelos, quienes nos contaban cómo se sellaban los acuerdos, los pactos, las promesas, en donde, la palabra empeñada era trascendental. Pues, parece que estos valores han venido sufriendo un decaimiento paulatino, no solo en Costa Rica, sino en el mundo en general. En el mismo sentido, con extrema simpleza se miente al pueblo, se ofrecen soluciones a los problemas, y con el devenir de los años, se incumplen las promesas, engañando a la ciudadanía, sin que existan consecuencias.
Por esto, es interesantísimo lo que se está planeando en Gales. Veamos:
«Una novedosa legislación y pionera a nivel mundial, con el que el Gobierno galés plantea que las mentiras en política sean ilegales, tal y como explica The Telegraph. Asimismo, en un debate en el Parlamento de Gales, el consejero general gubernamental, Mick Antoniw, sostuvo que la nueva legislación se haría efectiva antes de las elecciones parlamentarias de 2026 «para descalificar a los diputados y candidatos declarados culpables de engaño deliberado a través de un proceso judicial». «Estamos en el comienzo de un movimiento global«(https://www.larazon.es/internacional/europa/este-pais-europa-castigara-politicos-mentir-nueva-ley-respeto-ciudadanos_20240711668f2101099c8900015ddec5.html).
Este proyecto de ley se está madurando, se están afinando detalles, para establecer si la mentira se convertiría en un delito penal o una sanción civil, todo ello con la intención de buscar restaurar la confianza del público en el sistema político y asegurar que los representantes sean honestos y responsables en sus declaraciones y promesas.
Parece que, a los políticos contemporáneos no les importa la mella que provocan sus mentiras en la confianza del electorado, y, aunque, esto empiece a socavar las bases de las democracias, atrayendo a figuras mesiánicas cuya función principal parece serla de polarizar aún más a las sociedades, cuestionando a los sistemas democráticos, criticando la división de poderes, y atacando al Poder Judicial.
Me llamó poderosamente la atención el discurso reciente del presidente Chaves Robles en Puerto Viejo, Limón, al afirmar que los políticos de antaño hacían lo siguiente: “Prometer, prometer, prometer para el voto obtener, y luego de ser elegido olvidar lo prometido”. Efectivamente, aún hoy, tenemos políticos que realizan promesas, y no las cumplen, ya sean antes de las elecciones, o durante el ejercicio de la labor encomendada por el mismísimo SOBERANO.
En ese sentido, «En el Reino Unido, un 63% de los ciudadanos desconfían de los políticos, según el informe Global Trustworthiness Index de 2023. Son datos inferiores a los de, por ejemplo, España, donde un 72% de los habitantes no confían en los miembros de la política española. Pero la cifra es superior a los de Alemania (los políticos tienen la desconfianza del 53% de los alemanes), Canadá (un 54%) o Suecia (un 49% de desconfiados, menos de la mitad)«. Del mismo modo, en el caso de nuestro país, hace un año se estableció por parte del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica «… los resultados de su más reciente encuesta de percepción sociopolítica en los que resaltó que, aproximadamente, 8 de cada 10 costarricenses (78.6%) asegura no simpatizar con un partido político al momento de la medición» (https://delfino.cr/2023/09/ciep-8-de-cada-10-costarricenses-no-simpatiza-con-ningun-partido-politico).
Creo que, en nuestro país, el Tribunal Supremo de Elecciones, sería el órgano legitimado para elaborar un proyecto de ley para poner en orden a aquellos políticos que aspiran a cargos de elección pública, y que ni se sonrojan mintiendo al electorado, haciendo un mal uso de la democracia.
