Mario Rodríguez, abogado, Revista Visión CR.
Los diputados tienen inmunidad, con la finalidad de protegerlos, ante la importantísima labor que desempeñan. El uso de esta condición debe ser responsable, y debe existir moderación en el uso de la palabra, evidenciando en todo momento elegancia, sobriedad y respeto hacia todos los demás actores políticos. La idea es que tanto esta inmunidad, como la irresponsabilidad parlamentaria, se conviertan en mecanismos que les permitan desempeñar de mejor manera su esencial labor, pero ello no da una vía libre para mentir, falsear la realidad, o gritar ofensas a los adversarios. Pues se puede ser contundente, efusivo, fuerte, sin lesionar la honra ajena, y sobre todo las bases de la democracia costarricense.
Hace unos días, quedé estupefacto al escuchar mientras legisladores se insultaban con referencias a los cárteles, sí, esas organizaciones criminales que, tanto hemos visto en series televisivas y en Netflix, lideradas por el “Chapo” Guzmán, o Pablo Escobar, y que, en la actualidad, por ejemplo, en México, realizan algunas de estas actividades: tráfico de drogas, huachicolero (robo y venta ilegal de combustible), tala de bosques, extorsión, minería ilegal, control de los servicios de transporte tipo “Uber”, trata de seres humanos, etc.
Lo cual, para la periodista Anabel Hernández “… ha sucedido de forma paulatina durante décadas, ha evolucionado porque han tenido la complicidad del gobierno central, federales y municipales, ayuda de las policías” (Podcast “Narcosistema” en Spotify). Además, mantienen el control de actividades lícitas, como, por ejemplo, en la agricultura, el comercio, construcción, el control territorial de zonas de interés, todo ello como mecanismos para legitimar el dinero, siendo éste, el motor de las organizaciones criminales.
Indica la citada comunicadora que, según documentos de la Secretaría de Seguridad Nacional de México (que ella posee), hay en dicho país 106 grandes organizaciones criminales, por ejemplo, en el Estado de Guerrero, se ubican 24, con jefes, lugartenientes, estructura diseñada y ordenada, sicarios, operaciones en territorio; además, el pasado 6 de octubre, el presidente municipal de Chipansingo Alejandro Arcos, fue asesinado, para aterrorizar a los políticos, dejando su cuerpo mutilado con la cabeza en el cofre del vehículo (tenía seis días en el cargo).
Y, continúa contando la periodista que, en Chiapas, hay 12 organizaciones criminales, y en la capital 11, entre las que destaca el Cártel de Sinaloa, Nueva Generación, y la Unión Tepito, según, documentos de CEDENA- México, todo ello para concluir que se trata de un NARCO SISTEMA.
Y no olvidemos los 37 candidatos asesinados previamente a las pasadas elecciones, porque -claramente- las organizaciones criminales desean tener representación en el poder político, con la finalidad de mantener el control en todos los niveles posibles. Ante lo anterior, tanto el otrora presidente AMLO, como su sucesora han negado con rotundidad los cuestionamientos que, HERNANDEZ ha venido realizando a lo largo de muchos años.
Y dentro de toda esta valoración, también, se debe tomar en cuenta lo que está sucediendo, con la reforma judicial impulsada por el ex presidente López Obrador, y en donde, los críticos afirman que, ante eventos sucedidos, ha quedado reflejada la debilidad de la fiscalía, sobre todo en asuntos muy mediáticos, por ejemplo, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa (hace 10 años), y el reciente “secuestro” del “Mayo” Zambada, por parte de uno de los hijos del “Chapo” Guzmán, y toda la violencia provocada posteriormente.
Al respecto, según un documental de BBC Mundo (Ioan Grillo, periodista experto en narcotráfico), se ha concluido que: “El vacío de poder puso a “los mayos” y “los chapitos” a luchar por el liderazgo. Lo que está pasando en Culiacán es una guerra civil.La ciudad está paralizada. Los niños no van a las escuelas y muchos comercios no funcionan”. Entonces, con este somero análisis de la situación mexicana, ¿es aceptable que, los diputados se insulten de esa forma en nuestro país? ¿Somos un NARCO ESTADO?
Los autores mexicanos Guillermo Trejo y Sandra Ley, en su libro “Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México”, han acuñado el concepto de gobernanza criminal, en donde explican, como a través de los años, precisamente, estos grupos criminales han querido apoderarse del poder político, por medio de la violencia, y el financiamiento de los partidos políticos, en cada uno de los Estados. En el mismo sentido, considero que, es muy peligroso cuando un ESTADO democrático -como el nuestro- pierde la gobernabilidad, entendida esta, como la capacidad de concretar acuerdos en todos los niveles, sobre todo, cuando hay diputados que no les hablan a los adversarios políticos, o bien, entre los diversos poderes se pierde la comunicación, por las recriminaciones que se hacen de un lado a otro, y viceversa.
Probablemente, la gobernanza criminal llegue a un país que, previamente se convirtió en ingobernable, por eso, es indispensable que se mantengan las vías de diálogo entre los Supremos Poderes, para mantener los canales de comunicación, y así, continuar arribando a acuerdos que, permitan el adecuado funcionamiento del país.
Es cierto que, estamos atravesando momentos complicados, con investigaciones penales en contra de altos mandos del Gobierno, y recriminaciones hacia los órganos de investigación, pero, ello no puede generar la tan temida ingobernabilidad, pues, ello sería un paso en falso para la democracia costarricense.
Por todo ello, concluyo que, los actores políticos deben mantener la comunicación entre sí, no olvidando el por qué se les eligió, y dejando de lado los problemas personales. En el caso de quienes están siendo investigados, hay un debido proceso que debe cumplirse, y una Administración de Justicia que debe ser garante de todos los derechos que les cobija (voto 1739- 92 Sala Const.), siendo que, cumpliendo con todo ello, no debería existir peligro de convertirnos en un Narco Estado.
No voy a obviar que, personas como Álvaro Ramos o Gustavo Mata, han hecho afirmaciones en ese sentido, pero, concluyo que no somos un narco estado, pues, tenemos una clara división de funciones, una prensa sólida, un sistema de justicia independiente e imparcial, así como órganos de control (Contraloría, Defensoría, PJ) y, sobre todo, un pueblo que, aún cree en la democracia, como un valor fundamental del estado costarricense. Pero, pongamos las “barbas en remojo”, y desde la trinchera de cada uno, desde nuestras familias, desde nuestras comunidades, hagamos las cosas de forma correcta, con trabajo honesto, y con los valores que nuestros ancestros nos enseñaron, para mejorar y dejar una mejor PATRIA a las futuras generaciones.
