Federico Paredes, analista agroambiental, RVCR.
Si algo esperamos los ciudadanos de las entidades públicas es congruencia en la aplicación de sus políticas, planes y proyectos, todo para el beneficio del país y del habitante común y corriente.
En la primera quincena de mayo de 2025, se supo de una situación que deja mucho que desear de un Ministerio que es el responsable de llevar a buen puerto esa imagen de país verde, ecologista, amante del desarrollo sostenible, es decir, del MINAE.
Fue el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación)-el equivalente al Servicio de Parques Nacionales, en otros países-, el que “puso el grito al cielo” al denunciar que su institución hermana, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) había concedido licencia para permitir la intervención de un bosque primario en la zona protegida del Corredor Biológico Paso de la Danta, allá en el Pacífico Central, cerca de Savegre, cantón de Quepos.
Una empresa desarrolladora, conocida como Clayton Friends of Portalón, obtuvo de la SETENA un PVA, es decir, un Permiso de Viabilidad Ambiental, para iniciar un proyecto de interés turístico e inmobiliario.
Por su parte, y mientras tanto, el SINAC realizó varias giras de inspección durante el segundo semestre de 2024, donde se encontró un panorama dantesco: hermosos y valiosos árboles tumbados en el piso del bosque, deterioro evidente en las márgenes de varios ríos y de sus nacientes, y obviamente, destrucción de los hábitats de diversas especies de aves y de primates, por mencionar los más conspicuos.
¿Cómo se puede entender que dos entidades cobijadas bajo la misma sombrilla del MINAE puedan actuar tan descoordinadamente y si se quiere, hasta antagónicas? La acción ante los estrados judiciales correspondientes no se hizo esperar, y este caso ya está en la Fiscalía Ambiental de Osa.
Esta instancia, en una primera declaración, admite que, en ese cuadro de delito ambiental, se han dado talas ilegales, afectación de la flora dentro de una zona de protección y destrucción de cuerpos de agua y hábitats de la fauna local.
Los inspectores del SINAC, capítulo de ACOPAC (Área de Conservación del Pacífico Central), pudieron constatar que varias de las remociones de tierra y de “terraceo” con miras a construir, afectaron directamente una hermosa cascada llamada Quebrada El Salto, que es una afluente directa del río Portalón, o sea daño evidente a la belleza escénica de esta zona protegidade103 hectáreas de extensión.
Acciones de esta naturaleza contravienen varias leyes nacionales, como la misma Constitución Política de Costa Rica, Ley General Forestal, la Ley de Vida Silvestre y la Ley del Servicio de Parques Nacionales, entre otros decretos y normas afines.
Los funcionarios de ACOPAC, en sus recorridos por esta zona devastada, pudieron darse cuenta del grado de destrucción, al observar decenas de troncos de especies forestales como pilón (Hura crepitans), cenízaro (Pithecolobium saman), fruta dorada (Virola koschnyi), botarrama (Vochysia sp), cedro María (Cedrela sp), gavilán (Pentaclethra macroloba) y otros de no menor valor.
En obras primarias del proceso constructivo, pudieron contar una treintena de terrazas, caminos internos para movilizar maquinaria, un tajo, un aserradero portátil, varios tanques de acopio de agua, cunetas, gaviones, previstas para un sistema de alcantarillado sanitario y una bodega de almacenamiento de materiales.
A este punto uno se pregunta, ¿Cuáles fueron los criterios de la SETENA para otorgar el PVA? ¿Hicieron las respectivas consultas con sus colegas institucionales del SINAC?¿Cuáles documentos presentó la parte interesada como “derechos de propiedad” de terrenos que son del Estado? Definitivamente será la Fiscalía de Delitos Ambientales la que tendrá que determinar los alcances de este virtual ecocidio. Este es un país de derecho, las leyes se hicieron para cumplirlas y quienes las contravengan deberán responder ante los estrados judiciales.
Por jurisdicción territorial, será la Municipalidad de Quepos la que deberá ejercer su autoridad para tratar de revertir estos daños ambientales, de la misma forma que su homóloga del municipio de Garabitolo está haciendo con la aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en el sector de Herradura.
Esperemos que se encuentre a los culpables de este desastre ambiental, tanto dentro del MINAE, como en el sector privado. Por su parte la Fiscalía Ambiental de Osa, ya estableció una lista de los delitos ambientales, que, entre otros, enumera de la siguiente manera: cambio de uso del suelo, tala ilegal de árboles, uso ilegal de recursos forestales, destrucción de cuerpos de agua, deterioro evidente a la flora del sitio dentro de un área de conservación y falsedad ideológica.
¿Quo vadis Costa Rica?
