Mario Rodríguez, abogado y comunicador.
Con bombos y platillos, se anuncia la reforma constitucional (art. 32) que implica la extradición de costarricenses, y dicho proyecto fue promovido por la diputada Cisneros Gallo.
Existe una inusual unanimidad entre los rivales políticos en cuanto a los beneficios que traerá, lo cual podría afirmar “prima facie” que, “es una medida que tendrá efectos positivos en la lucha contra el crimen organizado”, según los diputados, y algunos expertos en temas de seguridad.
En mi caso, no tengo claro el panorama, así que serán los años y las experiencias las que permitirán establecer sí rindió los frutos positivos que se presagian. Lo que es una realidad es que no habrá veto presidencial, tal y como sí sucedió con la reforma a los allanamientos, y a la pensión anticipada de los oficiales del OIJ.
Hace unos días, escuchaba a un experimentado abogado penalista, cuestionar la figura del “testigo de la corona”, cosa que, ya había hecho previamente en un contexto similar. Lo curioso de esto es que, el tema de la extradición de nacionales tiene un cierto paralelismo con lo que ha pasado en Colombia, desde la actualidad hasta el proceso de los extraditables, cuando Pablo Escobar, en su afán de evitar su traslado a los Estados Unidos, inició una guerra contra el Estado, la cual dejó una estela de dolor y muertes.
Al final de cuentas, Escobar no fue extraditado, diversa suerte corrió Carlos Lehder, y los hermanos Rodríguez Orejuela (Cártel de Cali), el primero, obtuvo una rebaja significativa por haber declarado contra Noriega.
En igual sentido, el gobierno mexicano, ha venido utilizando el mecanismo de la extradición con su vecino del norte, pero, también a inicios de año, expulsó del país a una serie de narcotraficantes, brincándose el proceso de extradición, lo cual fue ampliamente criticado por los expertos, pues, ello abre la opción de que se les aplique la pena capital, no existiendo las garantías que sí concede la extradición.
¿A qué quiero llegar? Pues, parece que toda la concordia en torno a esta reforma va encaminada hacia una confianza absoluta hacia el“amigo del norte” y su sistema de justicia, pero, en estos días, saltó a la palestra pública la entrega voluntaria de 17 miembros de la familia del “Chapo” Guzmán a las autoridades estadounidenses.
Esta acción, ha sido criticada en México, especialmente por la presidenta Sheinbaum, quien afirmó: “Ellos han dicho que no negocian con terroristas”, en clara alusión a la negociación del FBI con los familiares del “Chapo” para entregarse.
Esta fuerte crítica, también ha sido replicadapor Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, debido a que, según los conocedores, Ovidio Guzmán, ya estableció un convenio de colaboración, con la finalidad de obtener beneficios, tanto para él, como para su entorno cercano, incluido su padre.
Ello, se haría bajo las amplias potestades de los fiscales, quienes, por información valiosa, pueden ofrecer todo un abanico de oportunidades. Por ejemplo, sus familiares podrían verse sometidos a la protección especial en territorio “gringo”, su padre, podría ser trasladado de la prisión “SUPER MAX” a una con mejores condiciones de vida; y, en el caso de Ovidio Guzmán, sería viable negociar una pena de prisión que no incluya la cadena perpetua, sobre todo al ser una persona joven, todo lo cual incluiría una declaratoria de culpabilidad el próximo nueve de julio, en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Chicago (Programa Pie de Nota, 16 de julio de 2025).
Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos ha venido declarando organizaciones terroristas a los cárteles, entre estos, al Jalisco Nueva Generación del “Mencho”, y al de Sinaloa (“Chapitos” y “Mayiza”), y, además, ha ofrecido colaboración para que sus agentes combatan al crimen organizado en territorio azteca, al aludir que, “… el gobierno mexicano les teme a dichas organizaciones …”, lo cual ha sido rechazado de forma tajante por la presidenta. En igual sentido, siempre el gobierno estadounidense ha afirmado que no negocia con terroristas, lo cual parece evidenciar alguna que otra incoherencia, pues, al declarar terroristas a los cárteles, y, ofrecer pactos, el tema no está del todo claro, de ahí la queja de Sheinbaum.
Entonces, muy curioso es que, se cuestione la figura del “testigo de la corona”, mientras, se aplaude la extradición de nacionales, ello con el objetivo de atacar el crimen organizado;entonces, como que algo no cuadra en ambas afirmaciones, ya que, usualmente, por medio del Departamento de Justicia, el gobierno estadounidense obtiene colaboración e información de los procesados, ello a cambio de beneficios importantes, y reducciones en las sanciones penales, y esto, es posible a partir de los llamados criterios de oportunidad, que son precisamente reflejados por medio del “testigo de la corona”.
Por ende, en caso de que se extradite a costarricenses a E.E.U.U, perfectamente sería aplicable la misma estrategia que se está implementado con los mexicanos extraditados.
En el mundo del crimen, no abunda la fidelidad entre sus integrantes, pues, en el pasado reciente, el “Vicentillo”, hijo del “Mayo” Zambada, colaboró, y testificó en contra del “Chapo”, permitiendo una condena de cadena perpetua, en el distrito de Brooklyn; luego, en el año 2017, “el Mini Lic” (Dámaso López), brindó información en contra de los hijos del “Chapo”, obteniendo su libertad, la cual le fue revocada recientemente, pues, al parecer volvió a traficar fentanilo con otra facción del Cártel de Sinaloa; además, Joaquín Guzmán López, según las autoridades mexicanas, y algunos expertos en el tema narco, entregó al “Mayo” Zambada, llevándolo mediante engaños, intimidación y la fuerza hasta los Estados Unidos, no debiéndose olvidar que, previamente, uno de sus hijos había colaborado en contra del “Chapo” Guzmán.
Entonces, parece que hay una estrecha relación, entre la extradición y la traición, en el mundo del crimen organizado transnacional. Sin lugar a las dudas, Ovidio Guzmán estará brindando información al gobierno estadounidense, la cual, probablemente apuntará hacia sus hermanos en libertad (Archivaldo/Jesús Alfredo), socios, rivales, y hasta políticos mexicanos, en tiempos en los cuales, se ha iniciado un proceso de eliminación de visas a funcionarios mexicanos cuestionados.
