Pedro Alberto Soto.
El debate público ha cambiado en los últimos doce años. Cambió la forma en que se discute la política y los actores que definen la conversación nacional.
Entre 2014 y 2022, estuvo dominado por la búsqueda de soluciones a problemas estructurales mediante reformas institucionales y políticas públicas.
La crisis fiscal, la modernización del Estado, la infraestructura, la transparencia, la pandemia, la recuperación económica, el empleo público, las negociaciones con el FMI, la agenda de derechos humanos y las políticas de descarbonización concentraron el debate. Aunque las diferencias fueron intensas, siempre giraron alrededor de establecer políticas públicas como medio de solución.
Durante la administración de Luis Guillermo Solís, la atención se centró en la crisis fiscal, el rezago en infraestructura y la transparencia. Al final del período, el llamado “hueco fiscal y el «cementazo» profundizaron la desconfianza ciudadana y la falta de integridad en las instituciones.
En el gobierno de Carlos Alvarado, la reforma fiscal, la pandemia, la reactivación económica, la Ley de Empleo Público, las negociaciones con el FMI y las políticas ambientales y de derechos humanos provocaron fuertes conflictos políticos y sociales, que reflejaban distintas visiones sobre el papel del Estado y el desarrollo, pero el modelo económico nunca estuvo realmente en discusión.
Fue también durante los gobiernos de Solís y Alvarado cuando empezó a consolidarse una mayor polarización política.
La presencia de sectores progresistas, aunque nunca predominante, provocó una reacción de grupos conservadores en torno a los derechos humanos, la educación sexual, el matrimonio igualitario, las políticas ambientales y la expansión del Estado. La campaña de 2018 trajo esas diferencias culturales e ideológicas al centro de la competencia electoral. Se asustaron con “la camisa del difunto”.
A ello se sumó el desgaste de los partidos tradicionales, la desconfianza hacia las instituciones, el aumento de las desigualdades y la percepción de que el sistema era incapaz de responder a los principales problemas de la mayoría social, así como una izquierda que no logra articular una propuesta que cautive a amplios sectores sociales.
Ese contexto favoreció la aparición de un liderazgo que ofreciendo romper con la política tradicional (me como la bronca), pudiera construir buena parte de su legitimidad confrontando el propio sistema institucional.
Con la llegada de Rodrigo Chaves, el debate adquirió un nuevo énfasis. Aunque los problemas de las clases medias, los trabajadores, los productores, las personas emprendedoras y quienes sobreviven en la economía informal siguen presentes, una parte creciente de la conversación pública pasó a concentrarse en la confrontación entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, el estilo de liderazgo presidencial, la comunicación política y la disputa por la legitimidad de los distintos actores. El conflicto institucional dejó de ser un elemento secundario para convertirse en uno de los principales contenidos del debate. (“Por la gran puta, déjenme trabajar”).
En ese contexto, el oficialismo definió los temas y espacios donde se desarrolla la discusión pública. La confrontación con el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la prensa y diversos sectores de oposición ha contribuido a personalizar el debate y a desplazar la atención desde las políticas públicas hacia el enfrentamiento entre jerarcas.
Al mismo tiempo, el discurso anticomunista y las críticas a los sectores progresistas, constantes desde años anteriores, adquirieron mayor protagonismo dentro de la narrativa gubernamental.
En el plano económico, las diferencias han sido menores de lo que sugiere el debate político. Varias de las reformas impulsadas durante la administración de Carlos Alvarado, especialmente en materia fiscal, empleo público y disciplina financiera, constituyeron el marco sobre el cual trabajó el gobierno de Rodrigo Chaves.
La principal ruptura no ha estado en la orientación de la política económica, sino en la forma de construir el debate político y en la relación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones democráticas y la opinión pública.
Los problemas estructurales del país siguen siendo, en gran medida, los mismos. Lo que cambió fue la naturaleza de la conversación nacional: la discusión sobre políticas públicas y reformas institucionales cedió espacio a una política cada vez más centrada en el liderazgo personal, la confrontación con los jerarcas institucionales, la persecución cultural y exclusión de las voces disidentes y la construcción permanente de adversarios y antagonismos.
Las preguntas formuladas por el expresidente durante la celebración en Guanacaste son el mejor ejemplo del cambio mencionado.
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