Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
Un modelo exitoso en crisis: desigualdad y fractura social
La persistencia y profundización de la desigualdad social en nuestro país, constituye – en la actualidad -un fenómeno central dentro de su propia narrativa histórica como democracia igualitaria y como Estado social de derecho.
Si bien, el país ha sido presentado de manera frecuente como una excepción en América Latina – tanto por sus indicadores en educación, así como en salud y estabilidad política – un análisis crítico ha venido a revelar que las mencionadas conquistas se intercalan con dinámicas estructurales que reproducen y amplían las brechas socioeconómicas.
Desde una estricta visión político-económica, la desigualdad no debe entenderse como un fenómeno coyuntural sino más bien, como el resultado de transformaciones estructurales vinculadas a la reconfiguración del modelo de acumulación. La inserción de Costa Rica en la economía global, especialmente a partir de las reformas de apertura económica de finales del siglo XX, ha venido generando un patrón de crecimiento dual.
De esta manera, por una parte, sectores altamente dinámicos – encadenados a la inversión extranjera directa, zonas francas y servicios intensivos en conocimiento – han concentrado capital, productividad y salarios elevados. Por otra, amplios segmentos de la economía doméstica han permanecido rezagados, caracterizados entonces por una baja productividad, informalidad y precarización laboral.
Esta heterogeneidad estructural ha fragmentado el mercado de trabajo, limitando especialmente las posibilidades de articulación entre diferentes sectores, aportando como consecuencia una profundización en la desigualdad de ingresos.
Así, desde esta perspectiva, el Estado costarricense se encuentra enfrentando una creciente y sostenida incapacidad para cumplir su función redistributiva.
Si bien históricamente el país desarrolló un tejido institucional orientado a la provisión de bienes públicos y a la reducción de desigualdades – en la práctica de hoy día – dicho aparato se encuentra presionado por restricciones fiscales, problemas de rigidez institucional y de manera bastante crítica, por la ausencia de una reforma tributaria verdaderamente progresiva.
La estructura impositiva – en muchos casos regresiva – junto con elevados niveles de evasión y elusión fiscal como problema fundamental, ha limitado la capacidad del Estado para financiar políticas sociales efectivas. Tal realidad ha convertido en una enorme contradicción al propio sistema del Estado social de derecho, el cual proclama equidad aunque careciendo de los mecanismos fiscales para su sostenimiento.
Además, debemos tomar en cuenta la desigualdad territorial reveladora de la dimensión espacial de estas dinámicas. La concentración del desarrollo en el Gran Área Metropolitana (GAM), contrasta con el atraso persistente de regiones periféricas en las provincias costeras y en distintas zonas rurales, donde se acumulan sostenidamente desventajas en infraestructura, acceso a servicios y a oportunidades productivas.
Esta realidad de lo que se ha llamado geografía de la desigualdad – el cómo desigualdades económicas, políticas y sociales se distribuyen en nuestro territorio – no es accidental. Todo lo contrario, representa el reflejo de decisiones históricas de política pública que han privilegiado ciertos territorios en perjuicio de otros, reproduciendo patrones de exclusión.
Por las razones apuntadas y desde un contexto crítico, resulta esencial cuestionar la sostenibilidad del modelo costarricense en su configuración actual.
La creciente desigualdad no solo tiene implicaciones y consecuencias económicas – al restringir la demanda interna y limitar el desarrollo del capital humano – sino también peligrosas situaciones políticas, que erosionan la legitimidad de las instituciones democráticas. En este sentido, la desigualdad puede ser interpretada como un factor de riesgo para la cohesión social, en el tanto y en el cuanto amplios sectores han percibido una desconexión entre el discurso oficial de bienestar y sus condiciones materiales de vida.
Así las cosas, no podemos abordar la desigualdad social en Costa Rica, mediante políticas compensatorias o programas sociales focalizados.
El país requiere una transformación más profunda del modelo político-económico, capaz de cuestionar las bases de la distribución del ingreso, el régimen fiscal y la orientación del desarrollo productivo.
Sin una reconfiguración estructural que priorice la equidad como eje central, nuestro país está corriendo el riesgo de consolidar un crecimiento excluyente que socave tanto su desempeño económico como la estabilidad de su sistema democrático.
