El cinismo de los líderes de la Inteligencia Artificial

Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.

 

Nunca habíamos creado máquinas tan inteligentes ni concentrado tanto poder en tan pocas manos. El peligro comienza cuando quienes prometen salvarnos pretenden decidir por nosotros.

Prometen una revolución al servicio de la humanidad, pero concentran un poder inmenso sobre la información, el trabajo y la conciencia de millones de personas.

En dicha perspectiva, la democracia no puede quedar subordinada a los intereses de quienes controlan los algoritmos.

La inteligencia artificial avanza con un ofrecimiento extraordinario, celebra transformar la medicina, ampliar el conocimiento, mejorar la educación y liberar a las personas de tareas repetitivas. Sin embargo, detrás de este horizonte esperanzador emerge una pregunta incómoda e inevitable: ¿quién controla esta revolución y en beneficio de quién se está construyendo?

Las grandes empresas tecnológicas presentan sus innovaciones como instrumentos destinados a mejorar la vida humana. Sus dirigentes hablan de progreso, bienestar y responsabilidad. Pero – al mismo tiempo – compiten por acumular datos, capital, capacidad de cómputo e influencia política.

La contradicción es evidente, por una parte anuncian beneficios para toda la humanidad, aunque por otra, el poder tecnológico queda concentrado en un reducido grupo de corporaciones privadas.

Ese contraste constituye el núcleo del cinismo que debe examinarse. No se trata de atribuir malas intenciones a todos los empresarios o investigadores, sino de cuestionar un sistema en el que quienes desarrollan tecnologías con consecuencias colectivas, pueden disponer de una influencia desproporcionada sobre las reglas que deberían limitar su poder.

La pensadora estadounidense Shoshana Zuboff (1951) ha advertido sobre el capitalismo de la vigilancia. Ese modelo económico que convierte la experiencia humana y los datos personales en recursos para anticipar, influir y orientar comportamientos. En este escenario, la privacidad deja de ser únicamente un asunto individual y se transforma en una cuestión de poder democrático.

El filósofo francés Éric Sadin (1973) – por su parte – ha cuestionado la expansión de sistemas algorítmicos que aspiran a intervenir en decisiones que antes dependían del juicio humano. Su preocupación apunta a una transformación cultural profunda, en donde se corre el riesgo de que la sociedad termine aceptando las recomendaciones de las máquinas como si fueran verdades incuestionables.

La amenaza no reside solamente en que una inteligencia artificial pueda equivocarse. También consiste en que nadie sepa con claridad quién responde por sus errores, qué intereses condicionan sus resultados o cómo impugnar una decisión automatizada que afecta el empleo, el crédito, la educación o el acceso a servicios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (1972), ha defendido ante las Naciones Unidas (2026) una inteligencia artificial humanista, sometida a principios compartidos y orientada al bienestar colectivo. Su planteamiento cuestiona la idea de que la innovación deba avanzar sin límites, mientras los Estados intentan corregir sus consecuencias cuando el daño ya está hecho.

La advertencia resulta entonces pertinente. La inteligencia artificial puede ampliar oportunidades, pero también profundizar las desigualdades, facilitar la desinformación, debilitar la privacidad y desplazar trabajadores. Sin reglas democráticas, los beneficios pueden concentrarse mientras los costos sociales se distribuyen entre millones de personas.

Regular no significa impedir el progreso. Significa establecer responsabilidades, proteger derechos y evitar que la velocidad comercial determine por sí sola el rumbo de la sociedad.

El papa León XIV (1955) también ha situado la dignidad humana en el centro del debate tecnológico. En sus reflexiones sobre la inteligencia artificial, ha insistido en la necesidad de una evaluación ética profunda y en distinguir la capacidad de procesar información de la sabiduría propiamente humana.

La diferencia es fundamental. Una máquina puede producir respuestas convincentes sin comprender plenamente sus consecuencias morales. Puede clasificar personas sin conocer sus circunstancias, reproducir prejuicios y facilitar decisiones que comprometan la dignidad individual.

El problema – en dicho entendimiento –  no es enfrentar religión y tecnología, ni rechazar los avances científicos. Es recordar que la eficiencia no constituye por sí misma una justificación moral. Una sociedad no puede medir su progreso únicamente por la potencia de sus máquinas, sino también por su capacidad para proteger la libertad, la justicia y la dignidad de cada persona.

El debate estadounidense revela otra tensión. Mientras algunos dirigentes empresariales reconocen los riesgos de la inteligencia artificial avanzada, las compañías compiten por alcanzar nuevas capacidades y conservar ventajas estratégicas. Las posiciones sobre la regulación también cambian según el contexto político y económico.

Esta contradicción no demuestra automáticamente hipocresía individual, aunque si plantea una cuestión pública esencial: ¿puede confiarse exclusivamente en la autorregulación de empresas cuyos intereses comerciales pueden entrar en conflicto con el interés general?

El filósofo surcoreano nacionalizado alemán Byung-Chul Han (1959), ha advertido sobre las formas de control que pueden surgir en sociedades dominadas por la información y la exposición permanente. En un entorno de vigilancia digital, manipulación informativa y automatización de decisiones, la libertad puede erosionarse sin necesidad de una prohibición explícita, bastando con influir silenciosamente en aquello que las personas ven, desean y consideran verdadero.La inteligencia artificial no es inevitable en todas sus aplicaciones ni neutral en sus consecuencias. Las decisiones sobre su diseño, entrenamiento, distribución y utilización responden a prioridades humanas, económicas y políticas.

Por eso, los gobiernos deben garantizar transparencia, protección de datos, supervisión independiente, responsabilidad jurídica y mecanismos efectivos para impugnar decisiones automatizadas. También necesitan cooperación internacional ya que los algoritmos y las plataformas operan más allá de las fronteras, mientras buena parte de las instituciones democráticas continúa actuando dentro de ellas.

El gran cuestionamiento no es – entonces –  si debemos aceptar o rechazar la inteligencia artificial. Será fundamental decidir si seremos capaces de gobernarla democráticamente.

La humanidad no necesita salvadores tecnológicos que reclamen confianza ilimitada. Su necesidad descansa en consolidar instituciones capaces de exigir cuentas y empresas que comprendan que innovar no las exime de responsabilidad. Porque una sociedad puede fabricar máquinas cada vez más inteligentes y – al mismo tiempo-debilitar la inteligencia crítica de sus ciudadanos. Y ese sería el triunfo más peligroso de la revolución digital, esperar a que los algoritmos aprenden a decidir, mientras los seres humanos renuncien al derecho de hacerlo.