William Hayden, economista y escritor.
Hace 75 años entró en plena vigencia la Constitución Política de Costa Rica que fue aprobada el día 7 de noviembre por la Asamblea Constituyente y derogó la Constitución de 1871, de la cual conservó casi un 60% de sus fundamentos.
Nació como una nueva carta fundamental de nuestra democracia, bajo el fragor de una contienda bélica y de un gobierno de facto que asumió el poder por las armas después de la revolución de principios del año 1948.
El régimen bajo el mando de la Junta Fundadora de la Segunda República -encabezada por José Figueres Ferrer- se propuso dotar al país de un nuevo marco constitucional y para ello convocó a una Asamblea Constituyente que tuvo en sus manos como aporte de trabajo (que no fue tomado muy en cuenta) el proyecto de Constitución Política de la Segunda República de Costa Rica redactado por dicha Junta y sus miembros social demócratas.
La Constitución es la norma jurídica de mayor importancia y jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico. Es la ley de leyes, la ley superior. Define desde el plano ideológico los principios y valores básicos o esenciales que inspiran y legitiman nuestro sistema democrático, es decir, la organización política, económica, social y cultural del Estado; reconoce y garantiza los derechos fundamentales de los costarricenses; limita y controla el ejercicio del poder en el Estado y desde el punto de vista legal todas las leyes del país deben ser congruentes con los dictados constitucionales, es decir, ninguna ley puede ser superior a la nomas constitucionales (Alex Solís: “Una Nueva Constitución para Vivir Mejor”)
Es hija de un largo proceso que se inicia el 1° de diciembre de 1821 a escasos días de la independencia cuando se aprueba el Pacto Social Interino de Costa Rica o Pacto de la Concordia que es en realidad nuestra primera Constitución. Los vaivenes políticos de la época, la poca seguridad sobre la vida independiente nos llevó a formar parte de La República Federal Centroamericana y adherirnos a su Constitución pero al salirnos de la misma por el caos de la administración y la privación de nuestra independencia y libertades como estado soberano, el 8 de abril de 1844 se adoptó la Constitución Política del Estado de Costa Rica, y desde esa época, como Estado Independiente y en los primeros años de la República de 1847 a 1870, se adoptaron varias constituciones (1847, 1848, 1859, 1869) para desembocar en la Constitución de 1871 de larga vida (78 años) hasta ser sustituida en noviembre de 1949 por la actual que conserva mucho de su precursora. (Oscar Aguilar Bulgarelli: “Nuestra Constitución Política”).
En este tiempo ha regido los destinos jurídicos del país bajo la esencia primordial que el bien más apreciado por los costarricenses es su libertad individual en un régimen de respetar la libertad de la sociedad bajo reglas claras de resguardar y administrar esa libertad por el bien común.
Ha sido objeto de 65 reformas parciales para actualizarla, pero sigue siendo un cuerpo rígido de leyes sin capacidad de adaptarse en forma rápida y progresiva a los nuevos signos de los tiempos, por ella se ha hecha vieja, anquilosada, desactualizada, irrespetada, vilipendiada, al extremo que algunos profesamos por una constitución acorde a la realidad, pero flexible para adaptarse a las nuevas realidades en el derrotero de la humanidad y la institucionalidad.
Como una bella dama ha sido infructuosamente perseguida para violarla, pero ha salido en resguardo de su virginidad la Sala Cuarta. Cobija como forma de gobierno el equilibrio de Montesquieu en tres poderes independientes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial que, al actual gobierno de Rodrigo Chaves, dicen por ahí, que con sus anhelos dictatoriales pretende convocar a una constituyente posiblemente para eliminar los poderes legislativo y judicial y volver a los tiempos en que el Estado Soy Yo.
En estos 75 años de vigencia constitucional el mundo y nuestro país han cambiado radicalmente, en todos los fundamentos que conforman un Estado, se ha dado un proceso de sepultar el pasado y despertar en una nueva época en donde todo es nuevo y con un futuro incierto, ayuno de nuevas raíces en lo social, cultural, político, educación, ambiental, en la tecnología con la mayor revolución de la internet, la red de redes con su sistema de comunicación en constante crecimiento que reduce la brecha entre los distintos pueblos del mundo y a la vez expande nuevos horizontes, la inteligencia artificial que amenaza con acabar con la inteligencia humana, paradójicamente impulsada por la creatividad del hombre que no para por crear un futuro mejor aunque destruya el presente. ¿Está en capacidad nuestra Constitución de enfrentar y adaptarse a esos nuevos paradigmas? Es la pregunta del millón.
