Fernando Fernández, Revista Visión CR.
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) advirtió a Revista Visión CR, mediante comunicado de prensa, que el proyecto N. 24.183, que se discute en el Parlamento «no es inclusión financiera; es usura legalizada contra los más pobres».
OMERCON señaló que esta iniciativa aumentaría las tasas de interés de los créditos más pequeños del 36,65% al 51,74% — quince puntos de ventaja para los prestamistas y quince puntos de miseria adicional para las familias costarricenses.
El Proyecto de Ley N° 24.103, «Promoción de la Inclusión Financiera mediante la Flexibilización del Microcrédito», tramitado actualmente en la Asamblea Legislativa, lleva un nombre que no resiste el menor escrutinio técnico. Su efecto real es simple y devastador: autorizar que se cobre más de la mitad del capital prestado como interés anual, precisamente a quienes tienen menos capacidad para soportarlo.
Destaca OMERCON que el Banco Central de Costa Rica publica mensualmente los datos que desnudan la falsedad del argumento: la tasa de interés promedio cobrada por prestar dinero en Costa Rica ronda el 11,21% anual, nivel al cual el sistema financiero obtiene rentabilidades récord. La diferencia entre el 11,21% real y el 51,74% propuesto no mide el riesgo del deudor. Mide la ambición del prestamista.
«Si únicamente puede prestarse a quien tiene capacidad de pago, ¿qué justifica cobrarle el 51% anual? La respuesta es: absolutamente nada», subraya el documento.
Los números no mienten — y son contundentes
Explicaron voceros de la organización financiera que si apenas ¢1 billón de los ¢8,5 billones en crédito de consumo vigentes, según el Banco Central, se acogieran al incremento autorizado por este proyecto, los prestamistas obtendrían ¢150.000 millones adicionales por año.
«Ese dinero no proviene del crecimiento económico, no proviene de mayor productividad, sale directamente del bolsillo de los hogares costarricenses más endeudados». manitestaron
Lo que el proyecto realmente propone queda expuesto con claridad en el siguiente cuadro:
| Concepto | Situación actual | Con el Proyecto 24.103 |
| Tasa máxima aplicable a microcréditos | 36,65% | 51,74% |
| Incremento en puntos porcentuales | — | +15,09 puntos |
| Ingreso adicional anual para prestamistas (sobre ¢1 billón de cartera) | — | ¢150.000 millones anuales |
| Tasa de Interés Promedio de prestar dinero — BCCR, abril 2025 | 11,21% | Sin cambio — la diferencia es ganancia pura |
Esto no es microcrédito — es deuda de consumo con otro nombre
Costa Rica no tiene en su legislación una definición que diferencie el microcrédito productivo del crédito de consumo. Tampoco la Ley Contra la Usura establece esa diferencia. En ese vacío legal, elevar el tope de las tasas equivale a encarecerle la deuda a miles de familias que ya tienen sobre sus presupuestos el 34% del crédito total del sistema en gastos de consumo ordinario. El país vive una avalancha de oferta crediticia: mensajes de texto, vallas, televisión, anuncios en farmacias y supermercados. Ninguna de esas ofertas financia es para financiar un emprendimiento, estudio o vivienda. Todas buscan colocar deuda de consumo a quienes más necesitan y menos pueden pagar.
Más morosidad, más cobros judiciales, más exclusión
Insistieron los voceros de OMERCON en que s las entidades financieras prestan con una pérdida esperada del 30% para justificar el 51% de interés, eso equivale a aceptar que de cada 1.000 créditos otorgados, 300 terminarán en cobro judicial.
Costa Rica ya acumula 776.000 procesos de cobro activos — el 62% de todos los expedientes del Poder Judicial. Aprobar este proyecto es echar combustible a ese incendio. Cada expediente judicial no es una estadística: es una familia angustiada, un fiador arrastrado a pagar una deuda ajena, un negocio destruido, una persona excluida del sistema financiero durante años.
«Prestar dinero a alguien sabiendo que no podrá pagar no es un modelo de negocio. Es una trampa» apuntaron.
Importante destacar que los países que han logrado ampliar el acceso al crédito productivo no lo hicieron elevando las tasas de interés. Lo hicieron con fondos de avales, garantías mobiliarias, seguros crediticios, banca de desarrollo, acompañamiento técnico, compras públicas oportunas a pequeñas empresas y transferencia tecnológica a productores. Esas son las herramientas que la Asamblea Legislativa tiene disponibles. El Proyecto 24.103 no usa ninguna de ellas. Se limita a hacer más caro el dinero para quienes menos tienen.
Ante esta situación OMERCON declara que «la historia económica es inequívoca: las crisis de sobreendeudamiento no fortalecen a los países. Fortalecen únicamente a quienes obtienen ganancias extraordinarias a costa de la desesperación de los demás. Costa Rica no puede permitirse una legislación diseñada para servir ese propósito».
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) solicita el archivo del Proyecto de Ley N.° 24.103 y de cualquier iniciativa que, bajo el argumento de la inclusión financiera, pretenda aumentar las cargas adicionales a las familias costarricenses.
«Proteger a las personas más vulnerables no es un obstáculo para el desarrollo económico. Es precisamente la condición indispensable para alcanzarlo» terminaron los representantes de OMERCON, una organización civil independiente, sin fines de lucro, dedicada al análisis de mercados, la defensa del consumidor y la promoción de políticas públicas orientadas a la justicia económica en Costa Rica.
