Mario Rodríguez, abogado y comunicador.
La gobernanza criminal es una amenaza para los municipios en algunos Estados de la región, y nuestro país no es la excepción.
Costa Rica es un estado unitario, en donde la figura de los alcaldes es clave, convirtiéndose en la piedra angular del adecuado funcionamiento que se espera de cada una de las municipalidades, en conjunto con los consejos municipales. Del mismo modo, ya cada vez son más los cantones que cuentan con policías a sus órdenes, detalle que, como se verá más adelante, es esencial para prevenir la llegada de la gobernanza criminal.
Es prioritario que, nuestro país tenga la capacidad de visualizar los problemas que tienen otros Estados, con la finalidad de evitar caer en los mismos errores, aunque se trate de naciones con características tan diversas como México, de origen federal, enorme en extensión, con una población de 120 millones, con 32 estados y una gran cantidad de municipios (2477).
A través de muchos años, México ha estado padeciendo los embates de los Grupos de Crimen Organizado(GCO), a partir del surgimiento y multiplicación de estos, los cuales principalmente se han valido de ciertas actividades ilícitas, algunas más conocidas que otras, como por ejemplo el tráfico de drogas.
A nivel de los municipios, estos grupos criminales han comprendido que, obteniendo una cuota de poder dentro del organigrama de cada uno de los gobiernos locales, pueden acceder a otras fuentes de ingreso y a la vez repercutir en el funcionamiento de estos, implementando la gobernanza criminal a su favor.
Al respecto, Guillermo Trejo y Sandra Ley indican: “Dentro de ese nuevo menú de fuentes de ingresos ilegales para la guerra, los cárteles y otros GCO descubrieron que los municipios eran una fuente única de financiamiento público y un instrumento institucional para controlar a la población local, sus recursos y su territorio. Para obtener el control de los municipios, los GCO descubrieron un método simple: usaron violencia letal selectiva contra los presidentes municipales y los candidatos electorales. Para tomar una localidad, siguieron pistas importantes del entorno político” (Votos, Drogas, Violencia. La Lógica política de las guerras criminales en México. Debate, México, 2022. pág. 52).
Como decía supra, estos GCO ya no solo se dedican a las actividades ilícitas tradicionales sino que, en el caso mexicano han logrado cooptar a algunos funcionarios y por medio de esto, en vista de que en México los gobiernos municipales cuentan con responsabilidades en el ejercicio de la seguridad pública -por medio de los cuerpos policiales locales- han tenido la posibilidad de ejercer sus actividades ilícitas sin contar con la oposición esperada, facilitando con ello las labores de los GCO.
Algunas de estas actividades ilícitas son el cobro de peajes,afectando el libre tránsito de los ciudadanos; además el comercio ilícito y la extracción de combustible (guachicol), lo cual genera grandes réditos económicos; también,estas organizaciones exigen el pago a los productores y empresariosagrícolas, como por ejemplo los limoneros,o los aguacateros; explotación de recursos naturales, obtención de concesiones públicas;y además muchas de estas organizaciones son las encargadas del tráfico ilícito de personas hacia los Estados Unidos.
Detalle relevante, los objetivos delincuenciales son muy claros, ya que, “Como afirma Lessing, los GCO no quieren eliminar al Estado; sólo quieren mantener a las autoridades estatales -la policía y el sistema judicial- lejos de sus actividades ilícitas” (Ibidem. pág. 65).
Al respecto, cabe citar al analista en seguridad David Saucedo, quien en entrevista para el programa “Grupo Fórmula” (https://www.youtube.com/watch?v=Tc5BsthLPG8), explicaba cómo se pueden presentar esas relaciones entre los GCO y los municipios, existiendo tres formas de sinergia:
- Acuerdo de negociación entre funcionarios y GCO, con repartición de dividendos, es decir, como si fuesen socios;
- Colaboración con amenazas, o sea, los funcionarios entregan parcelas de poder a los GCO;
- Actitud de brazos caídos, básicamente, no hacer nada, no recibir dinero, pero, siendo permisivos.
Otro aspecto muy particular en este fenómeno de gobernanza criminal es que, “… aunque los cárteles y sus socios criminales pretendan reinventar el orden social local y, en muchos casos, se hayan convertido en gobernantes locales de facto, su interés en el poder formal no abarca hasta el nivel nacional. En general, los capos intentan controlar indirectamente los municipios y han impuesto a sus candidatos en lugares con un largo historial de violencia de alto perfil, donde un solo cártel se ha convertido en la fuerza hegemónica” (Ibidem. pág. 345).
Todo ello, tal y como lo explican los autores Trejo y Ley, ha llevado a que “Durante los seis años de guerra contra las drogas, no sólo atacaron a 311 funcionarios y candidatos locales, sino que la victimización de civiles también creció de forma drástica: hubo más de 20 000 desaparecidos, se encontraron miles de fosas clandestinas en todo el país y más de 250 000 personas fueron desplazadas de sus hogares” (Ibidem. pág. 345). Esta guerra se desarrolló entre el 2007 y el 2012, pero, las cosas no han cambiado mucho desde entonces, al punto de que, con la llegada al poder de Trump, este ha puesto los ojos en los llamados narco políticos.
En este orden de ideas, en la edición de Narcosistema del 3 de marzo anterior, la periodista mexicana Anabel Hernández, informó que, “Trump ordenó a la fiscala general Bondy, perseguir a los narcos políticos beneficiados por los GCO”. Dicha información fue ratificada en el programa “Pie de Nota”, por el periodista Luis Chaparro, ese mismo día;asimismo, en el programa del día 4 de marzo de 2025, el mismo comunicador mencionó que, fuentes en Estados Unidos, le confirmaron que,“el Departamento de Justicia tiene una lista de narco políticos mexicanos en la mira, entre los cuales figuran 3 exgobernadores, 5 senadores, 4 diputados, un juez y un magistrado”.
Finalmente, propongo algunas medidas preventivas para nuestros gobiernos locales:
- controles extremos en el ámbito del financiamiento de los partidos políticos;
- controles exhaustivos a lo interno de los municipios (control interno);
- blindar de la corrupción a los cuerpos policiales, otorgándoles condiciones razonables y proporcionales a la responsabilidad que ejecutan;
- reforzar el tema de los valores, y hacer hincapié en la selección del personal en los municipios.
