Ana Virginia Calzada M, abogada y exmagistrada.
Escuché recientemente una entrevista concedida por la presidenta de la República a la cadena internacional Fox News, y sus declaraciones sobre el Poder Judicial costarricense me dejaron un profundo mal sabor.
No porque considere que el Poder Judicial esté por encima de la crítica, sino porque una cosa es señalar sus errores y exigir responsabilidades, y otra muy distinta es trasladar al escenario internacional una imagen de descrédito generalizado sobre una institución fundamental de nuestra democracia.
Me preocupa especialmente que ese cuestionamiento provenga de quien, por la naturaleza de su cargo, tiene también la responsabilidad de respetar y fortalecer la institucionalidad del país.
Resulta inadmisible que las actuaciones cuestionables de unas pocas personas se utilicen para desacreditar a todo el Poder Judicial, poniendo bajo sospecha la honestidad y el compromiso de miles de funcionarios que cumplen dignamente sus responsabilidades.
Si existen conductas contrarias a la ley, deben investigarse y sancionarse, sin excepciones. Pero de ahí a sembrar la sospecha sobre miles de funcionarios judiciales hay una enorme distancia.
Jueces, fiscales, defensores públicos, investigadores, técnicos y personal administrativo sostienen diariamente el funcionamiento de la justicia, muchas veces en condiciones difíciles y sin reconocimiento alguno.
Son miles de personas que cumplen sus responsabilidades con honestidad y que no merecen cargar con el desprestigio provocado por las actuaciones de unos pocos.
La crítica es necesaria. Ninguna institución pública puede estar exenta de ella. Sin embargo, cuando proviene de las más altas autoridades de la República, exige una responsabilidad aún mayor. Las palabras de quienes gobiernan tienen consecuencias, especialmente cuando se difunden ante audiencias internacionales.
Hay, además, una contradicción que no debería pasar inadvertida. Mientras se cuestiona con tanta severidad al Poder Judicial, hemos visto cómo las inmunidades de altos funcionarios han impedido que determinados procedimientos avancen ante las autoridades competentes.
En la Asamblea Legislativa se han producido votaciones en las que las solicitudes de levantamiento de inmunidad no alcanzaron la mayoría constitucional requerida.
La inmunidad puede tener una finalidad legítima cuando protege el ejercicio de determinadas funciones públicas frente a persecuciones indebidas. Pero esa garantía no debería convertirse en un privilegio personal que impida a sus titulares responder ante la justicia. Su mantenimiento no significa que exista culpabilidad ni inocencia; significa que no se ha autorizado continuar el procedimiento en los términos previstos por el ordenamiento jurídico.
Cuando una decisión política impide que los órganos competentes conozcan acusaciones formuladas contra quienes ejercen el poder, corresponde preguntarse si esa garantía está cumpliendo su verdadera finalidad.
No podemos exigir que la justicia actúe con rigor frente a unos y, al mismo tiempo, ignorar las dificultades que enfrenta para actuar frente a otros. La igualdad ante la ley no admite
