Carlos Fernández Fontenoy, politólogo peruano.
El año 2024 no ha sido bueno para el Perú, especialmente en lo referido a la lucha contra las organizaciones criminales, la corrupción (pública y privada), la economía y la autonomía de los poderes del Estado.
A las conocidas actividades prohibidas como el narcotráfico, la tala ilegal de bosques, la minería ilegal o la trata de blancas, se ha sumado la llegada de organizaciones criminales internacionales, como la del Tren de Aragüa de origen venezolano. Este panorama ha producido no solamente la recomposición de los grupos delincuenciales, sino que, además, ha traído consigo la diversificación de delitos, dentro de los cuales sobresale el de extorción.
Por otro lado, estas actividades ilícitas han logrado una importante representación en el Congreso de la República: de un total de130 congresistas, por lo menos 67 de ellos están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación por diversos delitos. Esta situación explica en gran medida el gran desprestigio de esta importante institución política, cuya aprobación solamente llega al 6% de la población, con tendencia a la baja, como se puede apreciar a continuación:
Como se puede apreciar la desaprobación del Congreso –y de los congresistas–no es fortuita. La mayoría del Congreso ha generado 12 leyes que benefician a los congresistas corruptos y a las organizaciones criminales.
Estas leyes han sido aprobadas por la mayoría de partidos conservadores y corruptos, encabezados por el partido Fuerza Popular de orientación fujimorista.
El porcentaje de sus congresistas que han aprobado estas leyes puede apreciarse en el cuadro siguiente:
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, al no pertenecer a partido alguno, no posee una bancada o grupo congresal que pueda darle un mínimo de soporte político. De allí que la presidenta dependa casi completamente del Congreso, habiéndose constituido lo que algunos denominan una “dictadura congresal”. Esta ruptura del equilibrio y control de poderes, ha puesto a la presidenta en muy mala posición, superando en desprestigio al Congreso, llegando a tener solamente un 3% de aprobación, siendo la más baja en la historia del Perú, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Fuente: DATUM Internacional
Debido al gran número de congresistas enjuiciados (además de la presidenta Boluarte y varios de sus ministros), tanto el Congreso como la mandataria han desarrollado una estrategia de copamiento y/o control de las instituciones encargadas de investigarlos y sentenciarlos. Entre éstas, ya ejercen un control sobre el Tribunal Constitucional (última instancia del sistema judicial), la Junta Nacional de Justicia (que nombra jueces y fiscales), la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República y sectores importantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Estos actores con investigaciones en trámite que los podrían conducir a la cárcel, están tratando de anular sus investigaciones y juicios en antes de las elecciones generales del año 2026. Para garantizar su impunidad, también están intentando controlar el sistema electoral para poder “manejar” hasta donde sea posible el proceso electoral venidero y sus resultados.
Para poder evitar todas estas acciones descritas del Congreso y del Poder Ejecutivo, sería necesario contar con una oposición de algunos partidos fuertes capaces de neutralizar estos atropellos a la legalidad e institucionalidad. El problema es que el Perú, por el momento, no cuenta con partidos capaces de por lo menos neutralizar todos estos atropellos. Los pequeños partidos que realizan cierta oposición, son una minoría en el Congreso. Esto sucede en gran medida por el alineamiento del partido Perú Libre (del expresidente Pedro Castillo, al cual perteneció la actual presidenta) con los partidos conservadores y corruptos. Hay que recordar que Perú Libre se autoproclamaba marxista-leninista.
Perú Libre en la última campaña electoral fue acusado de querer convertir al Perú en la Venezuela de Maduro. Este partido, luego de haber ganado las elecciones a la derecha y estando encarcelado su presidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, decide aliarse con las fuerzas conservadoras en el Congreso para aprobar las leyes de la impunidad. Esta forzada alianza de Perú Libre con los partidos de derecha se explica, en gran medida, debido a que su líder, Vladimir Cerrón, ha sido sentenciado a purgar prisión, encontrándose en la actualidad prófugo de la justicia.
Si bien no existe una oposición importante por parte de los partidos políticos, si existen espontáneos actos de protestas de varios sectores de la sociedad civil, como el sector de transportistas. Es muy probable que los conflictos y movilizaciones ocurridas durante el 2024, recrudezcan y escalen en el 2025.
Igualmente, hay que mencionar que, a través de algunos pocos periódicos de alcance nacional, radios y, sobre todo, a través de las redes sociales, existen importantes investigaciones y activas campañas de denuncia de los actos de corrupción desde el poder. No se puede obviar ni olvidar el valiente control de los malos gobernantes ejercido por importantes sectores de fiscales y jueces, los que, recogiendo denuncias desde la sociedad civil, no solamente han puesto tras las rejas a varios expresidentes de la república, sino que vienen desarrollando sendas investigaciones fiscales a no pocos congresistas, autoridades políticas, ministros y a la misma presidenta de la república.
Pero todo este esfuerzo no basta aún para poder frenar la corrupción desde el poder. Por ello, la población está a la espera del surgimiento de una oposición desde los partidos, que podría darse creando Frentes o Alianzas políticas para frenar la impunidad vigente, así como para ir forjando un grupo de partidos unidos, que puedan llegar en buenas condiciones a las elecciones del 2026.
No podemos dejar de mencionar algunos aspectos positivos a nivel económico sucedidos en el año 2024, como lo es la inauguración del puerto de Chancay, que será el más importante de la costa del Pacífico de Suramérica. De igual manera, podemos decir que la economía peruana, si bien ha crecido en un magro 3.2% (PIB), supera, según la Cepal, a la media de los países de América Latina y el Caribe, que llega al 2.2%.
