- “Enseña a los niños, y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras)
- “Siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan… Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón” (María Montessori)
Adriana Núñez, periodista Visión CR
Pese a que desde el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó oficialmente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, innumerables peligros y violencia de todo tipo se cierne sobre miles de seres humanos incluso desde su nacimiento, en gran parte como consecuencia del incumplimiento e irrespeto al conjunto de normas instituidas para garantizar las condiciones fundamentales que necesitan para vivir y desarrollarse.
Algunos de dichos derechos son: derecho a la vida, a la educación, a crecer en un ambiente sano y seguro; a la salud integral, que incluye la física, mental y emocional. Derecho a la protección estatal, a ser tratados por igual, sin discriminación ni distinción alguna; derecho a conocer a sus padres y a estar junto a ellos.
Estadísticas dadas a conocer por UNICEF a fines de 2023 únicamente sobre casos verificados -lo cual indica que la cifra debe ser mucho mayor si se calculan los casos que pasan desapercibidos- indicaron que en los últimos 18 años se han constatado en todo el mundo más de 300.000 violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto. Desde 2005, al menos 120.000 niños murieron o quedaron mutilados a causa de guerras en todo el mundo, y en todos los continentes, la cantidad asciende a casi 20 al día. Guerras no solo entre naciones sino también a lo interno de cada una de ellas, propiciadas incluso por pandillas y narcotráfico.
Entre 2005 y 2022 al menos 105.000 niños y niñas fueron reclutados o utilizados por fuerzas o grupos armados. Más de 32.500 niños y niñas secuestrados y más de 16.000 sometidos a actos de violencia sexual.
Las Naciones Unidas también verificó que en esos años, se produjeron alrededor de 16.000 ataques contra escuelas y hospitales y dio cuenta de más de 22.000 casos de denegación de acceso humanitario a menores de edad.
Sociedad y Estado están fallando
No solo en decenas de naciones del mundo sino también en la nuestra, la situación de precariedad que prevalece en detrimento de algunos sectores de la niñez costarricense es evidente, a pesar de que en Costa Rica, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que -entre otros derechos mencionados anteriormente- los menores de edad deben tener acceso a atención médica gratuita y directa por parte del Estado, a la seguridad social en general -en la cual se debe incluir el apoyo emocional, entre otras cosas- y a que aún en los casos en que no estén cubiertos por otros regímenes, el Estado deba encargarse de facilitar apoyo para ayudarles a sobreponerse a condiciones de vida difíciles.
Además, al examinar otras causas de peso que inciden directamente en que muchos niños y adolescentes se transformen en delincuentes infantiles, nos encontramos que una de las principales es el escaso y frágil acceso a educación de calidad, pues de acuerdo con los expertos en la materia, un entorno educativo endeble o nulo “puede limitar las oportunidades de los niños y jóvenes y aumentar el riesgo de que se involucren en actividades delictivas”. Desde hace varios años el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco dependencia (IAFA) ha estado haciendo ingentes llamados por la situación de menores de edad desvinculados del sistema escolar que incurren en el consumo y trasiego de drogas. Miles de ellos han sido atendidos anualmente en diversas instituciones del país, entre ellas el Hospital Nacional Psiquiátrico.
Como factores secundarios, en muchos casos debido a la ausencia de supervisión, apoyo emocional o estabilidad familiar, se citan otros elementos no menos abrumadores como son: las malas compañías, niños que realizan trabajos inadecuados a muy corta edad o que deambulan por las calles al no contar con rutinas escolares y del hogar, que les permitan emplear el tiempo de mejor forma. En fin, menores de edad sin instrucción, orientación o guía.
¿Por qué gobernar en contra de las leyes?
A sabiendas de que la educación contribuye a la formación de ciudadanos más independientes, seguros de sí mismos, reflexivos y éticos, encontramos que la realidad de nuestro país es otra en estos momentos, pues nunca como ahora se ha deteriorado tanto la educación en Costa Rica.
De acuerdo con la información publicada durante el último trimestre del año pasado por el diario La República, “en 2023 aumentó un 142% la población de jóvenes de 15 a 17 años sin educación”.
Otros factores que inciden en la desidia y deserción escolar de niños y jóvenes estudiantes en Costa Rica son los múltiples problemas que enfrenta el sistema educativo nacional, entre los que podemos mencionar: ausencia de lineamientos puntuales desde el ministerio rector, que se ha reflejado en la baja calidad de la enseñanza; carencia de recursos económicos e inversión en escuelas públicas no sólo para mantener en condiciones seguras la infraestructura institucional, sino también para que maestros y alumnos cuenten con materiales educativos adecuados.
Si a ello le sumamos una oferta educativa deslucida, en ruinas y la supresión de estímulos adicionales como son los comedores escolares para estudiantes de bajos recursos económicos, podemos fácilmente intuir cuál será el destino de miles de niños y jóvenes costarricenses que a la deriva, buscarán las opciones fáciles que la corrupción ofrece.
Además, es preciso mencionar que ante el precario panorama, una gran parte del profesorado se encuentra desmotivado, no solo por las difíciles condiciones que enfrentan para poder desarrollar su trabajo, sino también porque en muchos casos, los bajos salarios que perciben no les permiten expandir sus conocimientos ni mantenerse actualizados.
Lamentablemente frente al sombrío escenario que se cierne sobre la niñez y la adolescencia en países como el nuestro, donde la inversión en ese sector tan importante de la población, no se considera prioritaria por parte del Ejecutivo, lo que la dura realidad demanda es que desde la ciudadanía responsable y con la participación urgente de la Asamblea Legislativa, se gesten las acciones necesarias para que se cumplan al pie de la letra las leyes y presupuestos aprobados en favor de la población infantil. Solo así se podrán ver resultados a corto y mediano plazo.
