Pedro Alberto Soto.
La defensa del estado democrático y de una institucionalidad al servicio de las necesidades reales de la ciudadanía y, en particular, de aquellos en desventaja y vulnerabilidad económica y social, debe convertirse en el factor fundamental de las propuestas y alternativas para definir y reorientar nuestro futuro.
La Segunda República favoreció un modelo solidario que sin lugar a duda se deterioró. A partir de los años 80s, las instituciones se volvieron fines en sí mismas, la burocracia pierde su vocación de servicio, se consolida una tramitología paralizante, surgen islas de poder y se desvanece aquella visión de que el estado costarricense buscaba “el mayor bienestar posible para mayor cantidad de personas posible”.
En su lugar, se impuso una dinámica de defensa de intereses corporativos, gremiales y sectoriales, en la que siempre obtuvieron ventaja los mejor organizados, los sectores económicamente más fuertes y políticamente mejor representados.
Los partidos políticos abandonaron sus bases ideológicas para convertirse en máquinas electoreras especializadas en traficar influencias. La bancarrota fue más que evidente cuando la corrupción empezó a ser una práctica común de políticos, funcionarios y empresarios irresponsables.
En lo económico se prioriza lo privado en detrimento de lo público. El Estado redujo su participación, se favoreció a los importadores, se puso el énfasis en la inversión extranjera directa, al mismo tiempo que la banca y el sector financiero acrecentaron su poder.
La apertura e integración plena a la economía global se convierte en prioridad.
El crecimiento, la diversificación de las exportaciones, las ganancias de las entidades financieras, el aumento de la inversión extranjera, la política de concesiones de obra pública no produjo bienestar para la mayoría social.
Creció la desigualdad. Aumentó la cantidad de personas “pulseándola” en la calle. El “desarrollo” se concentró en el GAM. Se abandonó la agricultura. Los servicios públicos se dañaron. Las municipalidades se consolidaron como herramienta de clientelismo político. No hay justicia “pronta y cumplida”. No hubo política de redistribución de la riqueza. Aumentaron los problemas de vivienda para la mayoría social. Surgen nuevos problemas relacionados con la inseguridad, el tráfico de drogas, la salud mental, las adicciones y la violencia contra la niñez y las mujeres.
Retomar la senda del modelo democrático con una participación ciudadana consciente, permanente y activa es indispensable para retomar el crecimiento y el desarrollo, teniendo como prioridad la inclusión y el bienestar de la mayoría social. Solo así podemos enfrentar las propuestas autoritarias y antidemocráticas, que, por el desencanto, el enojo y la frustración de los costarricenses, han ganado espacio durante los últimos años.
Recuperar la democracia y reinventar el estado de bienestar es una responsabilidad que todas las personas debemos asumir.
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