Se hace urgente una alianza democrática

Se hace urgente una alianza democrática

Pedro Alberto Soto Sánchez.
El presidente divulga su visión de la historia nacional como un relato dominado por la corrupción. Según él, durante las últimas siete décadas, una élite corrupta engañó a la sociedad y la saqueó. Se trata de una simplificación absurda, pero le sirve para justificar su deseo de gobernar sin contrapesos, sin controles y sin oposición.
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En esa ruta (la única que parece tener clara) el presidente ha querido debilitar las opciones del empoderamiento ciudadano, desprestigiando a todas las organizaciones y entidades generadoras de identidades y controles como los sindicatos, los partidos políticos alternativos, los colectivos pro-inclusión, las universidades, la CGR, la Asamblea Legislativa, entre otros). “Aquí estoy para representarlos, para ponerle el pecho a las balas y para decirle a los corruptos las verdades en su cara”. No hace falta nada más. No hay espacio para nadie más.
Partiendo de la premisa de que todo aquello ajeno a su mandato es corrupto o cómplice de corrupción, Chaves busca debilitar a la oposición para afianzar un gobierno que priorice la rentabilidad privada, arruine las instituciones de protección social, restrinja la intervención del estado en favor de la mayoría social (“mantener las cuentas y la casa en orden”).
Además, promueve la apertura total del mercado eléctrico, de salud y de seguros, al tiempo que restringe la participación social en la gestión de entidades estratégicas como la CCSS, los bancos, el ICE, el INS, los órganos consultivos y todo espacio público que pueda producir conocimiento y sentido crítico más allá del discurso oficial. Reitero: gobernar sin contrapesos, sin controles y sin oposición.
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A pesar de que la verdad parece haber perdido relevancia frente a la propagación de la mentira, lo cierto es que la historia de este país trasciende el problema de la corrupción. Durante los últimos 70 años, Costa Rica ha sostenido un modelo de gestión que le permite alcanzar niveles de desarrollo económico y social significativamente superiores a los de la mayoría de los países latinoamericanos.
Gracias a una intervención constante en la dinámica económica, el estado costarricense pasa de un modelo basado en la exportación de café, banano y azúcar, primero, a uno orientado a sustituir importaciones, y luego, a uno basado en la inversión extranjera directa que diversifica la producción y las exportaciones.
A las tradicionales actividades económicas costarricenses, se sumaron las zonas industriales, la ampliación de zonas comerciales y servicios empresariales, centros empresariales, la industria médica, las empresas tecnológicas.
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Ese proceso de cambio no fue donado por nadie. El estado intervino directamente en su orientación, utilizando estímulos fiscales, reducciones de impuestos, orientación del crédito bancario, subsidios, autorizaciones de “cuasi” monopolios o duopolios, certificados tributarios, creación de zonas francas, financiamiento internacional con el respaldo de AID, el BCIE, el BID, el Banco Mundial y muchas agencias privadas.
Simultáneamente, a lo largo del “segundo tiempo” del siglo XX, el estado desarrolló un sistema de electrificación y telecomunicaciones de alcance nacional; un amplio sistema de salud, infraestructura vial, instituciones públicas de contención y compensación social y políticas educativas para garantizar talento humano técnica y profesionalmente calificado. Lo anterior, en un contexto de seguridad jurídica y estabilidad socio – política.
Todo se llevó a cabo sin grandes confrontaciones ni conflictos paralizantes. Contradicciones las hubo, pero no se convirtieron en cuestionamientos alternativos, ni del modelo ni de la estrategia.
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Sin embargo, luego de casi 70 años, el desarrollo costarricense no distribuyó bienestar para todas las personas. Aumentaron las fuentes de trabajo, pero no se estableció una política de salarios crecientes, no se diseñaron alternativas de distribución de la riqueza; no se estableció un sistema tributario progresivo ni eficiente, la mayoría de los programas de responsabilidad social fueron programas de imagen y relaciones públicas.
El proceso de urbanización generado durante este periodo trajo consigo mayores y complejos problemas de empleo, productividad, acceso a la vivienda, a la salud y educación, limitaciones en el transporte público, aumento de la criminalidad y la delincuencia e inseguridad, afectaciones de la salud mental, aumento de la violencia contra la niñez, las mujeres y los adultos mayores, y más recientemente, incremento de los crímenes asociados a la “economía” del tráfico y consumo de drogas.
La inversión se centralizó en el GAM y no llegó a todas las regiones del país, se abandonó la producción agrícola y a miles de pequeñas y medianas empresas en el campo y la ciudad. Las instituciones de bienestar deambularon entre la burocratización, el tráfico de influencias y el clientelismo político, las instituciones públicas se divorciaron de sus objetivos fundacionales y se convirtieron en fines en sí mismos. Crecieron las desigualdades y los privilegios de unos pocos.
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La organización sindical o asociativa de los trabajadores se limitó a la burocracia estatal y prácticamente no existió en el sector privado. Los partidos políticos pasaron a ser máquinas electorales y medios para que muchos de sus representantes hicieran negocios cuestionables en el ejercicio de sus funciones.
Muchos procesos y situaciones quedan fuera de este resumen. Sin embargo, queda claro que la historia de Costa Rica no puede reducirse a la simplificación absurda que el presidente intenta imponer.
Su crítica al modelo de desarrollo aborda solo uno de los múltiples desafíos que enfrenta el país, y ni siquiera en ello ha mostrado coherencia, pues mientras denuncia la corrupción, otorga inmunidad a su incondicional Marta Esquivel.
Chaves siempre representó «el candidato del cambio para que nada cambie». Frente a los profundos vacíos y desafíos aún sin resolver en nuestra sociedad, se hace urgente una alianza democrática capaz de contrarrestar la tendencia autoritaria que lidera el presidente. Es imprescindible alcanzar acuerdos y pactos que garanticen que el bienestar llegue a todas y todos los costarricenses.
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