Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario costarricense.
La cuestión no es quién gobierna, sino si el poder reconoce límites o busca eximirse de ellos
La discusión filosófica del poder no es una abstracción académica lejana. Es -en su esencia- el corazón de la crisis política contemporánea de Costa Rica.
No está en juego una disputa entre gobierno y oposición, ni entre izquierda y derecha, sino algo más profundo. Es, si el poder seguirá siendo una función limitada por el orden constitucional o si intentará convertirse en una fuerza autónoma liberada de restricciones.
Desde la filosofía platónica hasta las últimas propuestas de la filósofa e historiadora estadounidense Hannah Arendt, la filosofía política ha advertido que el poder contiene una devoción inherente a expandirse. En tal orientación, el poder no reconoce límites por iniciativa propia. Su inclinación natural es ocupar todo el espacio disponible, debilitar los contrapesos y transformar la legalidad en un instrumento de su propia subsistencia. Cabe aclarar que lo anterior no debe entenderse como una anomalía moral, sino más bien como una constante histórica. Al punto que no es indecoroso que el poder quiera expandirse. El problema brota cuando las instituciones dejan de contenerlo.
La democracia costarricense ha descansado durante décadas sobre la fragmentación del poder como principio fundamental. La autoridad no reside exclusivamente en el Poder Ejecutivo, se distribuye también entre la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones y la autonomía institucional.
Esta construcción no forma parte de un accidente ni es tampoco un mero acontecimiento administrativo, sino que sus bases se sustentan en el carácter consistente de un sistema deliberado de contención, cuyo propósito ha sido claro y profundo en nuestro sistema constitucional: evitar que el poder se confunda con la voluntad de una sola persona o de un grupo político en particular.
Debemos tener en cuenta que toda democracia enfrenta periódicamente el estímulo de la concentración.
Esta tentación se manifiesta cuando el poder político comienza a presentar los límites institucionales no como garantías democráticas, sino como obstáculos de su propia gestión o bien, cuando el control constitucional se describe desde el poder como sabotaje o deterioro, o cuando la crítica se redefine como traición. En ese momento, el mismo poder deja de concebirse como una función y comienza a concebirse como una propiedad.
Para el caso, el fenómeno en nuestro país no depende exclusivamente de la figura de Rodrigo Chaves Robles, ni se reduce a su estilo personal.
Sería un error interpretarlo como un problema psicológico o temperamental. Tal desproporción resulta ser – más bien – una manifestación estructural de la lógica del poder. Maquiavelo y su ideal principesco lo explicó con crudeza hace cinco siglos: el poder busca perpetuarse y para hacerlo necesita debilitar todo aquello que pueda limitarlo.
En este momento, lo verdaderamente decisivo no es la existencia de esa necesidad, sino la reacción de la sociedad frente a ella. Las democracias no colapsan de forma súbita e imprevista. No desaparecen mediante un acto único y visible. Se erosionan gradualmente, a través de la normalización del descrédito institucional, la personalización del poder y la sustitución del orden jurídico por la legitimidad carismática.
El sociólogo, economista y jurista alemán Max Weber distinguió entre el poder legal y el poder carismático. El primero depende de normas. El segundo depende de la identificación emocional con el líder.
Cuando el poder carismático comienza a desplazar al poder legal, la institucionalidad entra en una zona de riesgo. No porque el líder busque necesariamente destruir la democracia, sino porque el propio éxito político genera la ilusión de que el poder emana directamente de su persona y no del marco constitucional que lo autoriza.
Aquí surge el punto medular: el poder democrático es, por definición, un poder limitado. No puede hacer todo lo que quiere. No puede subordinar todas las instituciones a su voluntad. No puede redefinir las reglas a su conveniencia sin dejar de ser democrático y cuando el poder comienza a presentar sus límites políticos como injusticias, está cuestionando el fundamento mismo del orden democrático.
La historia ha demostrado que ninguna democracia es inmune a este proceso. La estabilidad institucional de Costa Rica, a pesar de sus fortaleza no es una garantía permanente. Es una construcción política que depende de una convicción colectiva según la cual, el poder debe obedecer la ley y no redefinirla según sus necesidades.
El verdadero peligro no será entonces el conflicto entre poderes. Tal tema debe ser visto como natural y hasta saludable en una democracia. El verdadero peligro es la deslegitimación sistemática y sostenida de la idea misma de límite. Porque cuando la sociedad comienza a aceptar que el poder no debe tener restricciones está dando el primer paso hacia su propia sumisión.
La lección filosófica resulta incuestionable, el poder no se corrompe simplemente por la malevolencia de quienes lo ejercen, sino por la ausencia de límites efectivos que lo sujeten. La libertad no depende de la benevolencia del gobernante sino – precisamente – en la manifestada fortaleza de las instituciones.
Costa Rica enfrenta – hoy – como todas las democracias en algún momento de su historia una pregunta decisiva. ¿Seguirá siendo una república de leyes o comenzará a transformarse – gradualmente – en una república de voluntades y atrevimientos?
La respuesta no dependerá únicamente de quienes ejercen el poder, sino de quienes estén dispuestos a exigir y reivindicar que ese poder permanezca dentro de sus límites.
Porque el día en que el poder deja de reconocer esos límites, la democracia irremediablemente deja de existir, aunque sus formas y procedimientos permanezcan incólumes.
