Redacción y agencias. Un mes después de la controvertida elección presidencial del 28 de julio, Venezuela permanece sumida en un atasco de su larga crisis política, con un gobierno que solidifica los muros tras los cuales se atrinchera y una oposición que mantiene la protesta aunque sigue imparable el arresto de sus dirigentes.
El presidente Nicolás Maduro designó como ministro del Interior y Justicia, a cargo de fuerzas policiales, al capitán retirado Diosdado Cabello, su segundo en el Partido Socialista Unido de Venezuela y constante promotor de mano dura (“con el mazo dando” es su consigna) contra todo opositor que desconozca a las autoridades.
La oposición regresó nuevamente a las calles, con concentraciones -disminuidas en número con respecto a las de la campaña electoral- en Caracas y otras ciudades para reiterar que las actas (registros) de la elección le dieron el triunfo en una proporción de casi 70-30 a su abanderado Edmundo González.
También el oficialismo realizó marchas de seguidores con la consigna de celebrar el triunfo del 28 de julio, lo que se interpreta como búsqueda de pasar la página de la elección y que tanto dentro como fuera del país se acepte el actual estado de cosas.
Maduro fue proclamado como mandatario reelecto para el sexenio 2025-2031 por el Consejo Nacional Electoral, con 51,9 % de los votos, frente a 43,1 % de González, y el Tribunal Supremo de Justicia validó ese resultado a petición del presidente.
El árbitro electoral y los demás poderes nacionales están en manos del oficialismo, y la falta de independencia de la justicia ha sido subrayada por entidades y misiones del sistema de derechos humanos interamericanas y de las Naciones Unidas.
Las protestas desatadas tras la proclamación de Maduro el 29 de julio -algunas con actos vandálicos- fueron reprimidas con saldo de 25 personas muertas, varias decenas de heridos y unos 2000 presos, detenidos en las primeras acciones en calles y barriadas, o luego, en una riada de arrestos de opositores o sospechosos de serlo.
Maduro y el Fiscal General, Tarek Saab, anunciaron que centenares de detenidos serán procesados bajo cargos de terrorismo y llevados a prisiones que se acondicionan aceleradamente como cárceles de máxima seguridad.
La Asamblea Nacional legislativa aprobó una ley que incrementa el control y las limitaciones de las asociaciones civiles, avanzó en otra para castigar las expresiones que se consideren fascistas o neofascistas, y anunció reformas a la legislación sobre partidos políticos y elecciones.
Maduro, entretanto, recompuso su gabinete, de 32 ministros, colocando en puestos clave a figuras políticas reconocidas como de la mayor confianza del presidente y por su posición de firmeza ante los reclamos de la oposición
Cabello, al frente del poderoso Ministerio del Interior, se suma a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la cartera de Petróleo; al general del ejército Vladimir Padrino, ratificado en Defensa; al canciller Yván Gil, y a conocidos militantes del círculo cercano del presidente en otras carteras.
Se desecha así una de las ideas asomadas por mandatarios de países vecinos como posibles vías de entendimiento y salida a la crisis, la de un gobierno de amplitud e incluso de coalición. Otra, igualmente rechazada por las partes confrontadas, es la de repetir la elección con una especie de “segunda vuelta” entre González y Maduro.
Celso Amorim, asesor en asuntos internacionales del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró en una entrevista al diario El País que esa puede ser una vía de salida a la crisis, aunque no ha prosperado porque ningún contendiente la quiere.
Lula, y sus pares Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador, de México, buscan con fórmulas como esas destrabar la crisis venezolana, y entretanto rehúsan avalar la victoria de Maduro, aunque tampoco reconocen que González pueda considerarse presidente electo.
En cambio, Estados Unidos, Canadá y 10 países latinoamericanos consideran que Maduro perdió y González ganó la elección venezolana, y sostienen vivo el debate de la situación en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Coinciden todos ellos, así como los gobiernos de la Unión Europea, en que no reconocerán a Maduro hasta tanto se publique una relación desglosada de las actas en las 30 026 mesas de voto y que pueda auditarse de modo independiente.
Vencido ya el lapso legal para esa publicación y para varias de las auditorías que contemplaba el sistema electoral venezolano, la situación permanece estancada y encuadrada en la confrontación política que se ha arrastrado durante décadas.
En América respaldan a Maduro como presidente reelecto los gobiernos de Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, y fuera de la región China, Irán, Irán y varios países de África y el Medio Oriente.
La jornada vivió un nuevo capítulo disparado por la concentración opositora en una avenida del residencial este de clase media de Caracas, con la carismática líder María Corina Machado como figura central, pues González –a un día de su 75 cumpleaños- permanece “a resguardo”, en una situación casi de clandestinidad.
González fue citado por la Fiscalía para que declare en una investigación penal que se adelanta por la publicación, en una página de internet, de las copias de las actas recibidas por testigos electorales de la oposición, y con las cuales González y Machado respaldan su reclamo de victoria en los comicios de julio.
Machado destacó en un breve discurso en la concentración en Caracas el respaldo internacional recibido, pues “ningún gobierno democrático del mundo cree en la reelección de Maduro”, y pidió fortaleza y confianza con respaldo a su estrategia para que González sea presidente en enero del próximo año.
Llamó la atención sobre “los 2500 detenidos en las protestas, entre ellos 150 niños”, para los que pidió protección de parte de los demás prisioneros en las cárceles, y denunció la detención de dirigentes y colaboradores de la oposición.
Apenas concluyó el mitin, Biagio Pilieri, uno de los dirigentes que la acompañó en el camión desde el cual Machado habló a los asistentes, fue seguido y arrestado por agentes de la policía política (Sebin), según denunció la dirección opositora.
De acuerdo con la organización de derechos humanos Foro Penal, con el millar y medio de detenidos en el contexto postelectoral en el país hay 1781 presos políticos, de los cuales 1551 son hombres y 230 mujeres, 1625 son civiles y 156 militares, y 1667 son adultos y 114 adolescentes.
