Tania Molina Rojas, criminóloga*
Lo que estamos viendo hoy tiene un nombre técnico, aunque suene incómodo nombrarlo: “instrumentalización de la violencia como pretexto para expandir el control del Estado sobre la vida de las personas”.
El mecanismo no es nuevo ni sofisticado — es brutalmente simple y está documentado en la literatura criminológica con una consistencia que no deja margen para la ingenuidad (a menos que se quieran hacer los locos algunos, convenientemente).
Un gobierno permite, tolera o exacerba condiciones de inseguridad que generan pánico colectivo. El pánico activa en la ciudadanía lo que la psicología del riesgo llama demanda de protección autoritaria; la disposición a ceder libertades a cambio de la promesa de orden.
Y esa disposición abre la puerta a medidas que en cualquier otro momento serían inaceptables: suspensión de garantías, militarización de espacios civiles, vigilancia masiva, reducción del debido proceso.
La violencia no es el problema que se resuelve, es el pretexto que justifica la solución que ya estaba preparada antes de que ocurriera el primer disparo. Lo documenté en mi libro: «Futuro Secuestrado» y lo he señalado durante años desde la criminología aplicada, no desde la tribuna política: la crispación social sostenida y la narrativa antisistema no son fenómenos espontáneos que emergen desde abajo.
Son causales. Tienen arquitectura, tienen beneficiarios y tienen una función muy concreta en el proceso de erosión de las garantías individuales que nos protegen a todos.
No estoy inventando este patrón. Está en la literatura. Fujimori cultivó durante meses una narrativa de caos antes de disolver el Congreso en 1992. Venezuela convirtió la inseguridad crónica en argumento permanente para militarizar cada espacio de la vida cotidiana.
Bukele declaró el estado de excepción en El Salvador en 2022 (suspendiendo garantías constitucionales reales, no abstractas, que afectaron a personas de carne y hueso ), después de un fin de semana de violencia extraordinaria cuyo contexto nunca fue del todo aclarado y que varios analistas criminológicos señalaron como conveniente para un gobierno que llevaba meses buscando exactamente esa justificación.
En todos los casos el patrón es el mismo: primero el miedo, luego el enemigo señalado, luego la solución que ya estaba lista en un cajón.
La narrativa antisistema que descalifica instituciones como un todo, que presenta a los jueces como obstáculos y a la prensa crítica como enemiga, es desde la criminología política el primer indicador de alerta. Siempre precede. Nunca acompaña.
Y aquí es donde los medios juegan un papel que no siempre quieren reconocer, y que a muchos colegas acomodados se les olvida estudiar. No hablo de conspiración. Hablo de algo mucho más cotidiano y por eso más peligroso: la lógica propia de la criminología mediática que Rosa del Olmo y Elena Larrauri documentaron hace décadas.
Los medios no reflejan la criminalidad real — construyen una representación de ella basada en espectacularidad, impacto emocional y audiencia (que lo digan los influenciadores que se dedican a leer comentarios en vivo y ‘likes’). Lo que sale en las noticias no es una muestra representativa de lo que ocurre en la realidad estadística — es una selección que amplifica ciertos tipos de violencia, ciertos perfiles de víctima, ciertas geografías, produciendo en la ciudadanía una percepción del riesgo que puede solucionarse solo a partir de “represión”, y ¿cómo no? Es lógico.
Esa distorsión no es inocente cuando hay un poder político que la necesita. Un gobierno que requiere pánico para legitimar la expansión de su aparato de control encuentra en esa lógica mediática un aliado estructural que hace el trabajo por él, sin que nadie tenga que dar una orden explícita ni firmar ningún documento.
Lo que estamos viendo en Costa Rica en estas últimas semanas me preocupa de una manera que no tiene nada de retórica. Me preocupa como criminóloga que ha estudiado estos procesos durante años, y me preocupa como costarricense que sabe exactamente lo que está en juego.
Desde la criminología uno aprende a leer la textura de los eventos (debería), no solo su contenido. Y la textura de lo que hemos visto en pocos días no responde al patrón que hemos documentado en años anteriores: muertes en espacios públicos con una concentración inusual, el asesinato de un oficial de policía, supuestas amenazas en el Aeropuerto Juan Santamaría, amenazas de tiroteos que vaciaron colegios simultáneamente en distintos puntos del país, y una explosión de violencia comprimida en un período muy corto que tiene una cadencia diferente a lo que conocemos.
La criminología no me permite afirmar lo que no puedo probar con evidencia. Pero sí me obliga — como disciplina, no como opinión — a hacer la pregunta: ¿estamos ante una escalada orgánica del deterioro que venimos documentando, o ante una concentración de eventos que produce exactamente el nivel de pánico que ciertos proyectos de poder necesitan para justificar lo que viene? Porque la crispación social no es un accidente del contexto — es una herramienta con historial probado.
La narrativa del Estado fallido que solo un liderazgo fuerte puede salvar no emerge sola desde la ciudadanía. Se construye ladrillo a ladrillo. Se alimenta noticia a noticia. Se dirige hacia un destino que tiene nombre aunque nadie lo pronuncie todavía en voz alta.
La violencia que vivimos es real (no percepción) y me duele profundamente. Los 873 homicidios de 2025 no son una narrativa y mucho menos todas las víctimas colaterales, incluidos niños y bebés— son personas con nombre, con familia, con una historia que terminó antes de tiempo.
Nadie que me conozca puede acusarme de minimizar ese dolor. Pero desde la criminología sabemos que la violencia real y la violencia instrumentalizada no son categorías que se excluyen — pueden convivir en el mismo momento histórico, y esa convivencia es exactamente lo que hace el proceso tan difícil de ver a tiempo y tan fácil de justificar después.
Los Estados que derivan hacia el autoritarismo no necesitan fabricar sus crisis de seguridad, ahí están desde hace décadas, expandiéndose como un virus.
Y solo necesitan no resolverlas, administrarlas con cuidado estratégico y tener medios que las transmitan en ‘loop’ hasta que la ciudadanía pida a gritos el orden que le van a cobrar con sus libertades individuales — las mismas que en este momento todavía tenemos y que damos por garantizadas sin darnos cuenta de lo frágiles que son. Cuando ese momento de quiebre llega, siempre hay alguien que dice que no lo vio venir.
Yo lo estoy viendo.
¿Vos lo estás viendo?
** Licenciada en Ciencias Criminológicas y Diplomada en Investigación Criminal y Seguridad Organizacional.
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