Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
Populismo, emocionalidad política y erosión institucional en la Costa Rica contemporánea
Nuestro país atraviesa una transformación mucho más profunda que una simple crisis de partidos o de criterios políticos. Hoy, lo que se encuentra en disputa, no es únicamente quién gobierna, sino la manera en cómo se ejerce el gobierno, cómo se comunica y cómo se legitima el poder político.
Durante décadas, el país fue presentado como una excepción democrática en el ámbito internacional. La estabilidad institucional construida tras la Guerra Civil de 1948, el fortalecimiento del Estado social de derecho y una cultura política basada en acuerdos, permitieron consolidar un sistema comparativamente estable frente a las frecuentes turbulencias de la región.
No obstante, ese equilibrio mesurado comenzó a erosionarse lentamente. El desgaste del bipartidismo en el marco de nuevas realidades políticas, económicas y sociales, los grandes escándalos de corrupción y la creciente distancia entre la ciudadanía y la clase política fueron deteriorando progresivamente la confianza en las instituciones tradicionales.
Mientras los partidos perdían legitimidad, el desencanto social encontró nuevas formas de expresión política. El desencanto popular se hizo manifiesto.
Ese vacío, abrió espacio para un liderazgo dispuesto a romper deliberadamente con las formas tradicionales de gobernar.
La llegada de Rodrigo Chaves Robles al poder en 2022 no puede interpretarse únicamente como un simple cambio electoral. Representa – más bien – el ascenso de una lógica política basada en la confrontación permanente entre “el pueblo” y “las élites”, uno de los rasgos centrales del populismo contemporáneo.
Desde una narrativa autoritaria, diputados, magistrados, órganos de control, universidades públicas y medios de comunicación críticos, aparecieron colocados – de manera intencional – como parte de una estructura que obstaculiza la voluntad popular.
En tal sintonía, el adversario político dejó de ser entonces un competidor legítimo para convertirse en un enemigo moral del cambio propuesto.
La política abandonó así el terreno de los programas ideológicos complejos – algunas veces confusos e insulsos – desplazándose hacia antagonismos emocionales y simbólicos. En dicha tesitura, la discusión pública dejó de girar– prioritariamente – alrededor de proyectos nacionales coherentes, atravesando el entorno de identidades enfrentadas, agravios colectivos, descalificaciones constantes y liderazgos altamente personalistas.
En Costa Rica, el conflicto institucional se ha convertido en un componente central del ejercicio del poder. Las tensiones recurrentes del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia, los ataques constantes contra la Contraloría General de la República y otras instituciones y la descalificación sistemática hacia sectores de la prensa crítica, revelan una estrategia orientada a erosionar la legitimidad de los contrapesos democráticos. Bajo esta lógica, los controles institucionales dejaron de entenderse como garantías republicanas, convirtiéndose en obstáculos políticos, dicho en otras palabras: estorbos estructurales.
Como muestra, las conferencias semanales del presidente han funcionado como mucho más que simples espacios de comunicación gubernamental. Así, se han convertido en escenarios permanentes de confrontación política, de instigación popular donde la denuncia pública, la polarización del discurso y la construcción sostenida de adversarios, han venido a fortalecer el vínculo emocional entre liderazgo y ciudadanía.
No obstante lo antedicho, el fenómeno no puede explicarse únicamente a partir de la figura presidencial. Su fuerza descansa – también – en el deterioro de las estructuras políticas tradicionales que durante décadas organizaron y fortalecieron la representación democrática del país.
El Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana continúan arrastrando el desgaste acumulado de años de gobierno, clientelismo y escándalos de corrupción. Otras agrupaciones como el Partido Acción Ciudadana – igualmente señaladas – tampoco han logrado construir una alternativa capaz de reconectar emocionalmente con una ciudadanía profundamente desconfiada del sistema político.
Inclusive sectores opositores con mayor coherencia ideológica, como es el caso del Frente Amplio, han encontrado dificultades para competir en un escenario donde la política emocional suele imponerse sobre la deliberación programática. El resultado ha sido una oposición fragmentada, reactiva y en la mayoría de las veces, incapaz de disputar eficazmente el relato dominante.
Consideremos de igual manera, que Costa Rica no vive actualmente una ruptura democrática abierta. Las elecciones continúan celebrándose y el orden constitucional permanece formalmente intacto. Pero las democracias contemporáneas rara vez colapsan de forma abrupta. Con frecuencia se deterioran – lentamente – mediante la erosión de la confianza institucional, la normalización de la polarización y la deslegitimación constante de los límites al poder.
He ahí – precisamente – el riesgo que ha comenzado a emerger en el escenario político costarricense.
La confrontación permanente puede generar importantes dividendos políticos en sociedades atravesadas por el desencanto y la frustración, además de mal informadas y con déficit educativos importantes. Y así, cuando la legitimidad democrática comienza a depender exclusivamente de la conexión emocional entre un líder y “el pueblo”, las instituciones pierden indudablemente autoridad frente al poder personal.
El fenómeno – además – trasciende ampliamente el caso costarricense. Forma parte de una tendencia global en la que los liderazgos personalistas han sustituido progresivamente a las viejas estructuras partidarias, reorganizando la política alrededor de identidades enfrentadas más que de proyectos ideológicos sólidos.
La gran interrogante es si este estilo político terminará revitalizando una democracia percibida durante años como distante y burocrática o si – por el contrario – terminará debilitando las mismas instituciones que históricamente distinguieron a nuestro país dentro del entorno latinoamericano.
En ese contexto, la continuidad política representada por Laura Fernández Delgado, pondría a prueba la capacidad del chavismo para sobrevivir más allá de la figura de su fundador. Tengamos presente que todo fenómeno populista enfrenta definitivamente el mismo desafío: transformar un liderazgo personal en una estructura política duradera.
Consecuentemente, el hecho de que Rodrigo Chaves asumiera posiciones estratégicas dentro de lnuevo gobierno sucesor – ministerios de la Presidencia y Hacienda – constituye un hecho sin precedentes en la historia política reciente y una confirmación a temores fundados de críticos y adversarios.
Más allá de su comodidad estratégica, semejante escenario viene a revelar una transformación profunda del sistema político costarricense hacia formas de liderazgo crecientemente concentradas, donde las fronteras entre continuidad democrática y centralización del poder comienzan a volverse cada vez más difusas y dudosas.
La pregunta de fondo ya no es únicamente electoral o de criterios políticos. El verdadero desafío consiste en determinar si la democracia costarricense conservará su tradición institucional, o si terminará redefiniéndose bajo una lógica política donde el antagonismo permanente sustituya – gradualmente – la cultura republicana de los límites y los acuerdos.
De esa respuesta dependerá – en buena medida –la realidad política de nuestro país durante las próximas décadas, marcando el rumbo de nuestra democracia o redefiniendo posiciones hacia otras formas y estilos de gobierno.
