Darner Adrián Mora Alvarado, salubrista Público.

Después de la mortal epidemia de cólera con más 10.000 fallecidos, el gobierno de Juan Rafael Mora Porras impulsó la construcción del primer acueducto de San José, el cual fue inaugurado en 1968.
No obstante, con el pasar de los años, desde 1949 con la Segunda República, se incrementó la migración del área rural al Valle Central, agravando el suministro de agua potable.
Debido a esto, en 1960 durante el gobierno de Mario Echandi, se presentó a los EUA un proyecto para financiar la ampliación de la cobertura de agua potable en la capital.
Dicha solicitud fue acogida favorablemente, pero el requisito, era que previamente, se creara una entidad independiente para su administración.
Paralelamente, la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), recomendaron la creación de otras entidades autónomas para ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en Centroamérica.
Fue así como el 14 de abril de 1961, el gobierno de Mario Echandi, mediante la Ley 2726, creó en nuestro país el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados(SNAA), en donde se le brindaron funciones operadores y potestades de rectoría, lo cual ha sido esencial para ampliar de agua potable en el territorio nacional.
El camino del SNAA inició con dos grandes finalidades: finalización y construcción de obras, operación y mantenimiento de los sistemas bajo su administración, para lo cual asumió primero los 6 acueductos municipales del Área Metropolitana y estableció el Laboratorio Central del AyA, para ejercer el control de calidad del agua (20/09/1964).
En resumen, de 1961 a 1971 el SNAA desarrolló grandes obras, como la primera etapa de las obras de emergencia del Acueducto Metropolitano. De 1973 a 1979, se estableció la segunda etapa. En el periodo de 1980 a 1987 la tercera etapa del acueducto Metropolitano con la construcción de la primera etapa del “Acueducto Orosi”.
Sin embargo, quizás la primera transformación de esta noble entidad, fue la promulgación de la Ley N°5915, el 12 de julio de 1976, introduciendo modificaciones a su ley constitutiva, como el cambio de nombre a Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con las nuevas siglas (AyA), reforzando el carácter de autonomía institucional.

En algunos periodos, entre 1971 a 1979, se desarrolló la primera etapa del alcantarillado sanitario Metropolitano. De 1977 a 1981, la segunda etapa. Caí en forma paralela, se realizó la primera etapa d ellos acueductos Urbanos: Limón, Puntarenas, Liberia, San Isidro del General, entre otros.
Aunado a estas obras y otras obras, AyA construyó la primera etapa y su ampliación etapa del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José al 2015, dejando truncado la segunda etapa y su ampliación a otros cantones, lo cual debió finalizarse en 2025.
Administrativamente el AyA, en los últimos quinquenios, ha perdido su autonomía, permitiendo la injerencia política, afectando la gestión y el incumplimiento de las metas de desarrollo y salud pública del país.
Ante este escenario ,sobre todo debido al abandono y desinterés del poder Ejecutivo por mejorar la gestión del AyA; con el propósito de modernizar la gestión y operación, así como evitar la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, recomiendo respetuosamente, la “Creación de la Empresa Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales (ENAPSA), la debe ser una empresa pública, 100% propiedad del Estado.

El anteproyecto de ENAPSA, fue originalmente propuesta por los compañeros de la Dirección Jurídica con el apoyo de varios funcionarios del AyA desde el 2021. Lógicamente, la empresa propuesta debe respetar la sostenibilidad laboral de los trabajadores del AyA, socializando la propuesta al diálogo interno y externo de La Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo del Estado.