Jimena Loaiza Álvarez, estudiante de periodismo.
Turrialba — Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sabían con meses de anticipación que el sistema de planillas cambiaría. Sin embargo, para los trabajadores en la primera línea de atención, la realidad superó cualquier advertencia institucional.
“Sí se recibió cierta información, pero no pensamos que iba a ser tanto el desorden que se iba a formar y por más tiempo de lo previsto”, relata bajo condición de anonimato un asistente de pacientes, quien prefiere proteger su identidad ante el temor a represalias laborales.
Mientras la institución insiste en calificar la crisis bajo la etiqueta de un “error técnico de transición”, el personal afectado rechaza de plano esta lectura complaciente.
Para los empleados, el problema va mucho más allá de un simple fallo informático: “Esto no es una simple falla, evidencia que poco les importa nuestras necesidades y las de nuestras propias familias, ya que no hacen ningún esfuerzo por mejorar nuestra situación”.
La indignación escala al contrastar la millonaria inversión en este nuevo sistema con la supuesta falta de presupuesto para otras áreas esenciales de la salud pública.
Al acudir a Recursos Humanos en busca de una solución para sus salarios retenidos, los trabajadores aseguran chocar sistemáticamente contra una pared de excusas y burocracia. “En Recursos Humanos siempre le echan la culpa a otros departamentos, diciendo que no pasan las acciones de personal, que no reportan los nombramientos, cuando el 95% de las veces no es así”, denuncia el funcionario.
A pesar de que la administración superior afirma públicamente que los casos se atienden de forma “prioritaria”, el panorama en las distintas unidades es desolador. Las promesas institucionales se diluyen en el día a día: “Prometen una solución y la situación sigue siendo la misma desde que implementaron el dichoso SIPE”.
Para el personal, el impacto de la crisis no es un misterio para las jefaturas, pero denuncian un evidente sesgo en la atención del problema.
Según el testimonio recabado, la afectación no golpea a todos por igual: “Los médicos no se ven tan afectados, es más que todo el sector enfermería y el personal de base, y a eso le suman que poco les importa”.
Violencia laboral institucionalizada y riesgo en los servicios
Con frecuencia se cuestiona con dureza al empleado público cuando recurre a medidas de presión o huelga bajo el argumento de que “abandona a los pacientes”. No obstante, esta crisis coloca sobre la mesa una interrogante incómoda sobre las condiciones reales bajo las cuales se sostiene la atención: ¿Cómo garantizar la seguridad médica cuando el personal labora sin recibir su retribución económica?
“Los empleados tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo, pero muchas veces la presión emocional y el cansancio físico no nos permiten dar el rendimiento esperado, ya que son muchas las presiones y preocupaciones que tenemos encima”, reflexiona el entrevistado.
Ante este escenario, califica sin titubeos la exigencia institucional de rendir al 100% en jornadas extenuantes y guardias sin percibir salario como “una completa violencia laboral”.
El malestar ha llegado a un punto de quiebre. Ante la consulta de si el personal mantendrá su disposición de realizar guardias y tiempos extraordinarios de manera voluntaria en caso de que los pagos sigan sin normalizarse en la próxima semana, la postura es categórica: “Personalmente pienso que no, no se debería mantener dicha disposición”.
El centro médico se asoma así a un peligroso panorama de afectación en sus servicios críticos, sostenido hasta ahora únicamente por la mística de un personal que, exhausto y precarizado, exige respeto y pronta solución a sus derechos laborales básicos.
