Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
La revolución tecnológica promete multiplicar la riqueza, pero también amenaza con profundizar las desigualdades.
El desafío democrático consiste en garantizar que sus beneficios no queden concentrados en quienes ya poseen el poder económico y tecnológico.
La inteligencia artificial está transformando la economía, el trabajo, la educación y la vida pública. Sus posibilidades son extraordinarias, pero plantean una pregunta fundamental: ¿quiénes se beneficiarán de esta revolución y quiénes asumirán sus costos?
La historia demuestra que el progreso tecnológico no garantiza por sí mismo una distribución equitativa de la riqueza.
La Revolución Industrial – por ejemplo – multiplicó la producción, pero también generó amplia explotación laboral y desigualdad.
La revolución digital democratizó el acceso a la información, mientras consolidaba grandes corporaciones tecnológicas.
La inteligencia artificial podría profundizar – aún más – esa contradicción, teniendo en cuenta que la desigualdad económica no es solamente una cuestión de ingresos: también determina quién tiene capacidad efectiva para influir en las decisiones colectivas.
En una democracia, todos los ciudadanos poseen formalmente los mismos derechos políticos. Sin embargo, cuando la riqueza se concentra excesivamente, esa igualdad puede debilitarse.
Las grandes fortunas y corporaciones disponen de más recursos para financiar actividades de influencia, contratar grupos de presión, promover determinados intereses y participar en la definición de las políticas públicas.
La mayoría de los ciudadanos, en cambio, suele tener menos tiempo, recursos y acceso a los espacios donde se toman las decisiones.
Las empresas que controlan los modelos de IA, los datos, los semiconductores y las infraestructuras digitales parten con ventajas considerables. Al mismo tiempo, esta tecnología puede mejorar los servicios médicos, transformar la educación, acelerar la investigación científica y ampliar las oportunidades de empresas y emprendedores.
Sin embargo, acceder a la tecnología no equivale a controlar la riqueza que produce.
Mientras unos acumulan beneficios, otros enfrentan la automatización de sus tareas, la incertidumbre laboral e importantes dificultades para adaptarse.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en 2025, que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores del mundo desempeña una ocupación con algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa.
Esto no significa que todos esos empleos desaparecerán, pero sí anuncia que el mundo laboral experimentará cambios importantes.
Y aquí surge otra factor a tomar en cuenta: la desigualdad – también – tiene una dimensión internacional. Los países con mayor capacidad científica, financiera y tecnológica se encuentran mejor posicionados para aprovechar las oportunidades.
El mecanismo democrático se debilita cuando esa desigualdad de recursos se convierte en desigualdad de influencia: los intereses de quienes concentran el capital pueden adquirir mayor peso en la legislación, la regulación económica y las prioridades gubernamentales.
Así, las instituciones pueden conservar sus procedimientos electorales, pero responder de manera insuficiente a las necesidades de amplios sectores sociales.
Para Costa Rica, el reto consiste en fortalecer la educación, la investigación y la innovación nacional, evitando una dependencia que nos convierta en simples consumidores de tecnologías desarrolladas en el extranjero.
¿Serán siempre los mismos ganadores y perdedores? No necesariamente. Pero tampoco podemos confiar en que el mercado distribuirá equitativamente los beneficios de esta revolución, como no la ha hecho hasta hoy.
Entonces, el resultado dependerá de decisiones políticas y sociales, convertidas en razones esenciales en cuanto a quién controla la tecnología, cómo se distribuyen las ganancias de productividad y qué responsabilidades asumen los Estados y las empresas.
Las políticas de competencia, la protección social y la formación profesional serán esenciales para impedir que el aumento de la riqueza profundice las brechas existentes.
La educación tendrá una responsabilidad decisiva. No bastará con aprender a utilizar herramientas digitales, será necesario e irrenunciable, formar personas capaces de pensar críticamente, distinguir la verdad de la manipulación y ejercer su autonomía intelectual. En una sociedad donde las máquinas producen respuestas instantáneas, el juicio humano seguirá siendo indispensable e insustituible.
La cuestión central por tanto – tal como se ha venido advirtiendo – no es elegir entre tecnología y progreso, sino decidir a quién debe servir ese progreso.
Si bien, una inteligencia artificial orientada exclusivamente a la rentabilidad consigue concentrar el poder, lo cierto es que sometida a principios de responsabilidad, justicia y participación democrática, puede ampliar las oportunidades humanas.
El mayor peligro no es que las máquinas sean cada vez más inteligentes, sino que la sociedad se vuelva más desigual mientras celebra sus avances tecnológicos. La inteligencia artificial no tiene un destino social inevitable. Dependerá de nuestra capacidad para establecer reglas, distribuir oportunidades y defender el interés público.
Una revolución que multiplica la riqueza, pero concentra el poder y excluye a millones de personas, podrá ser extraordinaria técnicamente, pero constituirá un fracaso democrático.
El futuro de la inteligencia artificial no debe pertenecer únicamente a quienes pueden comprarlo, sino también a quienes tienen derecho a beneficiarse de él.
La democracia no se sostiene únicamente con ciudadanos iguales ante la ley, sino también con una sociedad en la que la riqueza no otorgue a unos pocos el poder de decidir el destino de todos.
