Pedro Soto Sánchez.
Las personas que decidimos mantenernos informadas, que no caímos en la apatía y participamos activamente en organizaciones sociales, políticas o de voluntariado, nunca estuvimos adormecidas. Permanecimos siempre despiertas.
Supimos reconocer las diferencias de Costa Rica con el resto de América Latina. Disfrutamos de la abolición del ejército, de tener “más maestros que soldados”, de contar con educación pública, con electricidad, telecomunicaciones y telefonía en todo el país.
Hicimos uso del sistema de salud: aún recuerdo a mi abuelo, un peón de finca cafetalera, quien en la década de los 70 fue internado en el Hospital México, donde le implantaron un marcapasos que alivió su condición cardiaca. Una experiencia familiar del valor de lo público.
No pretendo hacer un resumen detallado de las ventajas del estado de bienestar. Lo cierto del caso es que nuestro país se diferenció positivamente del conjunto latinoamericano, aunque con tensiones provocadas por los intereses de grupos privilegiados con poder económico y fuerte influencia política, que siempre impusieron su control.
Desde principios de los años 80, con la introducción de los programas de ajuste estructural, cambiaron las prioridades. Las instituciones se volvieron fines en sí mismo, la burocracia perdió su vocación de servicio, emergió una tramitología paralizante, se consolidaron “islas de poder y privilegio”, se desvaneció la visión compartida (el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de personas posible), los partidos políticos abandonaron sus bases ideológicas y pasaron a ser máquinas electoreras para traficar influencias (el eslabón anterior a los “taxi-partidos”).
La bancarrota es total cuando la corrupción empieza a ser una práctica común de políticos, funcionarios y empresarios irresponsables. Fondos de emergencia, la trocha, Caja – Fischel, Alcatel, Diamante, Cochinilla, entre otros, siguen resonando en la memoria colectiva como ejemplos lamentables de esta decadencia.
La apertura e integración plena a la economía global es la prioridad. El TLC que, según Oscar Arias, les permitiría a los trabajadores “llegar a trabajar en BMW”, o la llegada de NVIDIA que, según Chaves, “pagaría salarios millonarios por mes a los jóvenes costarricenses”, son el mejor ejemplo de ello.
El crecimiento económico, la diversificación de las exportaciones, las ganancias de las entidades financieras, el aumento de la inversión extranjera, las concesiones de obra pública no produjeron bienestar general.
Creció la desigualdad. Aumentó la cantidad de personas “pulseándola” en la calle. El “desarrollo” se concentró en el GAM. Se abandonó a los agricultores. Los servicios públicos se deterioraron. Los gobiernos locales se consolidaron como herramienta de clientelismo político. No hay justicia “pronta y cumplida”. No hubo política de salarios crecientes.
Aumentaron los problemas de vivienda para la mayoría social. Surgen nuevos problemas relacionados con la inseguridad, el tráfico de drogas, la salud mental, las adicciones y la violencia contra la niñez y las mujeres.
Todo esto lo vivimos, lo analizamos y lo denunciamos en los espacios de organización social en los que participamos durante más de cuatro décadas.
Por eso, cuando Rodrigo Chaves irrumpe con sus acosos y acusaciones —desde su paso por el Banco Mundial hasta su llegada a la presidencia— no logra engañarnos ni manipularnos. No consiguió colocarnos “la venda” que sí ha logrado imponer a un sector de la población, aquel que durante años miró con apatía y desinterés lo que sucedía en Costa Rica.
No le compramos su relato simplista sobre una Costa Rica plagada de corrupción y millones de ticos que ahora guiados por sus poses y bravuconadas «han logrado despertar».
En el pasado se decía que los costarricenses estaban “domesticados”. Lamentablemente, comprobamos que aún lo están, aunque ahora crean lo contrario.
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