Luis Paulino Vargas Solís, economista y académico.
Cuando las fracciones legislativas chavistas –la anterior y la actual– decidieron boicotear el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo hicieron simplemente porque sí, porque les dio la regaladísima gana de hacerlo.
Recurrieron a una retórica grotesca, teatralizada y empalagosa. Pero jamás aportaron ninguna razón válida, ningún argumento serio, ninguna idea que mereciera ser escuchada.
Jamás hubo nada que, racional y decentemente, pudiera justificar su proceder. Fue arbitrariedad pura y al desnudo, impúdica, sin atenuantes y sin disimulos.
Al actuar así también sabían que su proceder implicaba la parálisis de la Sala Constitucional.
No solo lo sabían: ese era su objetivo. Y también sabían las consecuencias: la parálisis de la Sala podría extenderse, en ondas concéntricas, afectando otras secciones de la institucionalidad pública que, eventualmente, también se verían empujadas hacia la parálisis.
Pero, además, y esto es lo más importante, la parálisis de la Sala dejaba al descampado a miles de ciudadanos cuyos derechos constitucionales podrían estar siendo violentados sin que el órgano llamado a restituir esos derechos pudiera atender y resolver sus casos.
¿Por qué ese proceder del chavismo?
Si, evidentemente buscaban proteger a Chaves y protegerse a sí mismos, puesto que son un conglomerado de personas que cargan docenas y docenas de querellas, acusaciones y cargos pendientes de ser investigados.
Lo cual confirma el grado extremo de corrupción y descomposición moral que existe en ese grupo. Porque solo alguien desmedidamente corrupto querría llegar a tales extremos con tal de protegerse a sí mismo.
Pero esa no era la única motivación. O, mejor dicho, esa motivación llevaba a la siguiente, la cual es de mucho mayores alcances: avanzar en el proceso de extorsión y chantaje contra el Poder Judicial y dar un paso adelante en su ambición de controlarlo y someterlo a sus caprichos.
O sea: este sería un paso adelante en un proyecto autoritario que ambiciona imponer una dictadura.
Por otra parte, las circunstancias creadas configuraban, claramente, una situación inconstitucional.
Y ello por varias razones.
Porque los diputados chavistas estaban incumpliendo con lo que la Constitución y las leyes les ordenan.
Porque se estaba generando una anomalía institucional evidentemente contraria al orden constitucional, la cual, de perdurar, podría tener gravísimas implicaciones para el funcionamiento del Estado costarricense.
Y también –esto es terrible– porque se estaban haciendo nulos los derechos constitucionales que amparan a la población costarricense.
Por mandato constitucional, la Sala Cuarta es la que tiene el deber de resolver situaciones derivadas de conflictos o desacuerdos entre los distintos poderes de la República.
Este era, claramente, uno de esos casos.
Pero, además, este es un caso revestido de características excepcionales, de dimensiones y consecuencias realmente alarmantes.
Frente a tan brutal anomalía, la Sala estaba obligada a hacer algo. Y lo hizo. O, mejor dicho, lo hicieron una magistrada y tres magistrados valientes.
No hay absolutamente ningún exceso en la decisión que se adoptó: se ajusta, con precisión milimétrica, a lo que la situación demandaba.
Con prudencia y moderación se apeló a una solución del tipo “minimum minimorum”: hacer lo que era indispensable hacer. Ni un gramo más, ni un milímetro más, ni una brizna más.
Pero el chavismo quiso reaccionar de la forma más ruidosa y esperpéntica imaginable. Con absoluta torpeza, con desmedida prepotencia.
Calificar de “golpe de estado” la decisión de la Sala nos adentra en los territorios de la demencia absoluta, bordeando el desastre.
Porque no es el hecho, simple y escueto, de que lo digan. Es que, al decirlo, muy seguramente están buscando justificar acciones aún más arbitrarias.
Hace unos días, publiqué un comentario en el que reaccioné a los exabruptos de la presidenta Fernández y sus adláteres legislativos. No nos extrañe –dije ahí– si el paso siguiente es desconocer las resoluciones judiciales.
Ese día, en la noche, frente a las cámaras permisivas y cómplices de canal 7, Nogui Acosta lo confirmó: no acatarán las resoluciones de la Sala Constitucional.
Parálisis o parálisis. Caos o caos.
El chavismo no acepta otra cosa que no sea la ruptura, de facto, del orden constitucional.
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