Heriberto Valverde Castro.
LA SUBASTA
Una preocupación que hemos compartido desde hace años con mucha gente ligada al mundo de la comunicación colectiva, ha sido la referente al pago al Estado por parte de los usuarios del espectro radiofónico, tanto las emisoras de radio como las de televisión, así como los montos de los cánones (impuestos) que se pagan anualmente. ¿Inutilidad, desidia, ineficiencia, compadrazgo, tráfico de influencias, favores políticos?
Probablemente un poco de todo, pero lo cierto es que desde hace muchos años, ser operador por adjudicación de una emisora de radio y sobre todo de televisión, era la oportunidad de hacer clavos de oro. Y sabemos que algunos los hicieron, así como sabemos que en muchos otros casos ha primado el servicio a la sociedad por sobre el afán de lucro.
Ésta era, digamos, una de esas debilidades fiscales que hemos vivido como sociedad merced a normas creadas a la medida de los intereses económicos dominantes en el país y que trasladan a los no premiados, la carga impositiva más fuerte, mientras del otro lado sobran las evasiones y los portillos para lograrlas.
Así las cosas, la anunciada revisión de este absurdo histórico, en cumplimiento de una ley aprobada en el 2008, trajo ilusión a quienes hemos mantenido la preocupación por un manejo adecuado de las políticas de concesión de emisoras, no solo por el señalamiento ya hecho sobre su cara financiera, sino, sobre todo, porque esas políticas deben priorizar el uso de los medios en función de la libertad de expresión, de las posibilidades de información y del refuerzo de un sistema de vida democrático que promueva la realización individual y social de los habitantes del país.
Estábamos entonces ante una oportunidad dorada para poner orden en lo fiscal y sobre todo, reorientar el sentido de la comunicación colectiva que utiliza nuestro espectro radiofónico, hacia los fines propios de una democracia.
Y llegó la propuesta oficial para cumplir con la ley. Pero resultó ser una subasta de concesiones o concurso público para su compra.
Una subasta que, por su propio carácter, se centra en lo económico y que, aunque contemple algunas previsiones para evitar la concentración de medios, irremediablemente terminará en eso, en el dominio de unos pocos de un bien estratégico que nos pertenece a todos. Con todos los riesgos que ello conlleva por lo que puede haber detrás de ese acaparamiento.
Las víctimas inmediatas han tomado existencia concreta y una lista preliminar corrobora los temores. Resalta entre ellos, por un poco de romanticismo afín a su música, el caso de la radio Sinfonola. Pero igual sucede con radio Fides y otras emisoras de corte religioso o cultural o de cobertura regional. La víctima última también ha quedado corroborada: es la comunicación democrática, es el espíritu de servicio, es, en fin, la sociedad.
Y como sentencia la Conferencia Episcopal de Costa Rica en un pronunciamiento sobre esta materia, el país no puede entregar un recurso público a la lógica del capital, porque una decisión del Estado en esa línea, podría poner en riesgo la libertad de expresión y la diversidad de voces que sostienen nuestra democracia.
Las reacciones no se han hecho esperar, tanto de empresas comerciales particulares como de grupos que han venido utilizando concesiones para su servicio social. Reacciones absolutamente válidas por su sustento y su legitimidad.
Como ciudadanos interesados quedamos a la espera de que la Sala Constitucional dé cabida a los alegatos presentados contra la mencionada subasta, y que como sociedad nos demos el espacio y el tiempo para acometer, como corresponde, un asunto tan trascendental para la forja de una democracia más madura.
EL PRESIDENTE Y SU EMBAJADORA
Fiel a su estilo, el pasado miércoles 19 el presidente anunció, a propósito de lo que se vive en la Asamblea Legislativa con la solicitud de levantamiento de su inmunidad tramitada por el TSE, que vendrían sorpresas desde el exterior.
Al día siguiente, el jueves 19, una noticia sacudió al país. Noticias Repretel, en su edición del mediodía (según se supo después, con base en declaraciones de la propia embajadora), informó que el Congreso de los Estados Unidos convocaba a reunión a nuestra representante en Washington para tratar lo referente al levantamiento de la inmunidad al presidente.
La noticia fue replicada por otros medios tomando como base la nota de convocatoria firmada por el congresista republicano Mario Diaz-Balart, la cual evidenciaba una toma de posición en contra de la gestión realizada por el TSE, pero sobre todo, una flagrante intromisión en los asuntos internos del Estado costarricense.
Téngase en cuenta que el congresista Días-Balart estuvo en Costa Rica en julio pasado y se reunió con Chaves.
Debo confesar que aquel hecho noticioso me impactó, primero por la magnitud política del anuncio inicial que hablaba de la intervención del Congreso estadounidense. Lo acepto, aquello me alarmó, porque pude vislumbrar todas las posibles consecuencias de semejante hecho en la vida nacional.
Luego, con la aclaración realizada de que no era el Congreso sino un congresista el de la convocatoria, y al conocer los términos de la misiva del congresista, mi sentimiento se cambió a un profundo coraje, pues era evidente la jugarreta política urdida por los interesados en incorporar a un personaje político de ese nivel, en la lucha que libran contra nuestra institucionalidad.
¿Fue todo un compadre hablado? Con el tiempo lo sabremos, lo que sí quedó dolorosamente claro fue, primero, que mucha gente recibió con beneplácito el anuncio intervencionista del congresista estadounidense; segundo, que la embajadora Crespo se prestó, al menos, al juego de la confusión y, tercero, que el presidente Chaves “confundido”, el mismo día 20 exaltó jubiloso la noticia durante la actividad de recibimiento al mandatario panameño.
Por todo ello, a mi coraje se sumó una profunda pena, ¿cómo es posible que en aras de sus intereses espurios esta gente esté dispuesta a vender a la Patria sometiéndola a riesgos de todo tipo?
Si son capaces de esto, ¿qué no podemos esperar?
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