Por Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
En la política contemporánea, una mentira repetida suficientes veces puede terminar pareciendo verdad. En Costa Rica, uno de los ejemplos más claros de esa estrategia retórica es la consigna de la supuesta “dictadura de 70 años”.
La frase, repetida desde el discurso oficial del Presidente Chaves y amplificada irresponsablemente por trolers y adeptos en redes sociales, pretende describir el período político posterior a la Constitución de 1949, como si el país hubiese vivido bajo un régimen autoritario durante siete décadas. La afirmación es llamativa, políticamente útil y mediáticamente eficaz. Pero también es históricamente falsa y mentirosa.
Quienes recurren a esa consigna intentan equiparar el predominio electoral de ciertos partidos con la existencia de una dictadura. En particular, aluden al largo período en que dos fuerzas políticas dominaron la vida electoral del país: el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Durante varias décadas, estas agrupaciones protagonizaron el llamado bipartidismo costarricense, alternándose en el poder mediante elecciones periódicas.
Sin embargo, tal predominio electoral no es equivalente a una dictadura, ni por asomo. Tampoco lo es desde el punto de vista histórico, ni desde el análisis serio de la Ciencia Política.
Una dictadura – en su definición más elemental – implica la concentración del poder en una persona o en un grupo sin controles democráticos. Supone la ausencia de elecciones libres, la persecución de la oposición, la supresión de las garantías individuales o libertades públicas, la censura de la prensa y la subordinación de las instituciones al poder político. Basta observar las verdaderas dictaduras que han marcado la historia latinoamericana, para comprender lo que realmente significa vivir bajo un régimen autoritario.
Nada de eso ocurrió en Costa Rica durante las últimas siete décadas. Desde 1949, el país ha celebrado elecciones periódicas, competitivas y ordinariamente transparentes.
El sistema electoral ha estado bajo la responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, institución reconocida internacionalmente por su independencia y credibilidad. La alternancia en el poder ha sido una constante y ningún gobernante ha permanecido indefinidamente en el cargo.
Presidentes de distintas corrientes ideológicas han llegado al poder mediante el voto popular. Figuras como José Figueres Ferrer, Daniel Oduber, Mario Echandi, Luis Alberto Monge, Rodrigo Carazo, Rafael Ángel Calderón Fournier o Miguel Ángel Rodríguez – entre otros – gobernaron en momentos distintos y bajo contextos políticos diferentes, pero todos dentro de un marco institucional que permitía la competencia electoral, la crítica pública y la libertad de prensa.
Eso no significa – por supuesto – que la democracia costarricense haya sido perfecta. Ningún sistema político lo es, ni lo será. En dicho entendimiento, durante décadas, el bipartidismo generó dinámicas de poder que favorecieron la consolidación de élites políticas relativamente cerradas. La cercanía entre partidos, Estado y ciertos sectores económicos produjo prácticas clientelares, redes de influencia y una burocracia estatal que con frecuencia respondió más a intereses partidarios que al interés público.
Estas críticas son legítimas y forman parte de una discusión necesaria sobre la calidad de la democracia costarricense. Pero, confundir un sistema imperfecto con una dictadura no solo es un grave error conceptual, sino también una forma de degradar el debate público. Así, las palabras importan.
Y, cuando se utilizan de manera imprudente e irresponsable terminan perdiendo contenido y su significado. De tal modo, si todo es dictadura, nada lo es.
La narrativa de la “dictadura de 70 años” cumple además una función política muy clara, al presentar la historia reciente del país como un largo período de opresión institucional, con el fin de justificar discursos de ruptura total con el sistema político surgido después de 1949.Nace– entonces -la arenga, de que hoy nada sirve, todo estorba, ya que sólo las propuestas oficiales podrán salvar el país.
Pero esa interpretación ignora un hecho fundamental: ese sistema – con todos sus defectos – permitió algo extraordinariamente raro en América Latina. Durante más de siete décadas, Costa Rica ha vivido sin golpes de Estado, sin gobiernos militares y con alternancia pacífica en el poder.
Reducir esa historia a una “dictadura” no es solo una simplificación grosera y falaz, ya que resulta ser una manipulación deliberada, tramposa e inaceptable del lenguaje político.
Las democracias pueden y deben ser criticadas, reformadas y mejoradas. Lo que no correspondería hacerse es falsificar su historia para construir relatos convenientes. Porque cuando la política comienza a apoyarse en ficciones antes que en hechos, lo que se erosiona no es el pasado, sino la confianza en las instituciones del presente.
Y cuando una sociedad empieza a llamar dictadura a su democracia, corre el riesgo de no reconocer una verdadera dictadura cuando finalmente aparezca.
