- Los terremotos no se pueden evitar. Son parte natural del funcionamiento de la Tierra. Pero lo cierto es que sí se puede reducir sus efectos, invirtiendo en construcciones habitacionales seguras, supervisando y apuntalando las edificaciones que albergan escuelas y centros hospitalarios, y por supuesto, apoyando los simulacros de emergencia y la utilización de sistemas de alerta.
- Igualmente ocurre con las inundaciones que cada año ponen en riesgo la vida de muchas personas, provocan cientos de damnificados y pérdidas cuantiosas. Aunque dichos fenómenos meteorológicos no se pueden controlar, sí es posible minimizar riesgos mediante el diseño de infraestructura adecuada, respetando el orden territorial y ejecutando acciones orientadas al mantenimiento de calles, puentes y a no obstruir los sistemas de drenaje.
- Las secuelas de los sismos -por su potencia y por la fragilidad de las construcciones en Venezuela- suman, según recuento oficial efectuado al mediodía del 29 de junio, 1450 muertos, 3150 heridos y alrededor de 46,000 personas «desaparecidas».
Adriana Núñez, periodista VISION CR
Aunque ningún pueblo puede prever con suficiente antelación que ocurran fenómenos naturales como los acaecidos en Venezuela, lo cierto es que las consecuencias de eventos de tanta envergadura -como lo fueron los dos terremotos que azotaron el pasado 24 de junio a la nación sudamericana- han sumado cifras récord de muertos, heridos y desaparecidos, en gran parte debido a que la nación, según analistas, “está mal preparada y es vulnerable ante una situación de emergencia, ya que cuenta con una infraestructura en ruinas tras décadas de una evidente falta de inversión”.
Así lo afirmó desde Caracas, en declaraciones a la BBC de Londres, Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, quien puntualizó que los equipos humanitarios sobre el terreno están observando «daños atroces».
Lastimosamente, los eventos, que fueron muy superficiales -a menos de 21 kilómetros de la superficie- precisamente por esa característica, causaron mayores estragos.
Pero en un territorio como ese, altamente sísmico, también resulta letal que las principales ciudades, entre ellas: Caracas, Valencia, Maracay, Mérida o San Cristóbal, se levantan encima o “muy cerca de las fallas que surcan el país”.
De acuerdo con datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) alrededor del 80% de la población vive en zonas de alto riesgo sísmico.
Si a ello se le suma que muchas edificaciones -entre ellos numerosos multifamiliares- no están construidas con los parámetros antisísmicos necesarios o no han tenido el mantenimiento adecuado, dichas circunstancias incrementan el riesgo de pérdida de vidas cuando hay terremotos.
Pese a que los primeros pasos para fomentar las construcciones sismorresistentes en Venezuela se dieron en 1939, no fue hasta después del terremoto de Caracas de 1967, cuando realmente se impulsó una profunda revisión -que duró casi dos décadas- y resultó en la publicación de los primeros códigos modernos en 1982.
Sin embargo, en manos de gobiernos incompetentes, la inversión en infraestructura en Venezuela se redujo drásticamente durante las últimas décadas «debido a años de desinversión, corrupción, expropiaciones y mala gestión económica». Lo mismo que ha sucedido en otras naciones donde las dictaduras de extrema izquierda se han enquistado o en aquellas donde algunas administraciones políticas han caído en manos de corruptos e inescrupulosos en detrimento de la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de sus pueblos.
Costa Rica necesita introspección
Un revelador reporte de prensa suscrito por Greivin Granados y publicado en mayo de 2025 en CRHoy, indicó que “la inversión en infraestructura cayó más del 2% del PIB en los últimos cuatro gobiernos” de nuestro país.
Así lo afirmó a dicho medio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al subrayar que las inversión en infraestructura en el país disminuyó notablemente a partir de 2013, “se mantiene en niveles sumamente bajos y cayó de forma considerable durante un periodo de 14 años”.
Ello se evidencia claramente en infraestructura portuaria, redes ferroviarias y en el 70% de los puentes en las rutas nacionales de Costa Rica; estos últimos -según informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (conocido por sus siglas como Lanamme)- se encuentran en mal estado. pues “presentan condiciones deficientes, alarmantes o de falla inminente, con una cifra estimada de más de 500 puentes en condición crítica”.
Además, aunque en el país existe un marco de supervisión legal y técnico para construcciones en zonas de peligro, en el cual se indica que las municipalidades son las encargadas de aprobar y fiscalizar las obras, apoyadas por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), lo cierto es que sitios tales como los Cerros de Escazú, cañones de ríos, laderas en Tirrases, Sabana Sur y Llorente de Tibás, entre otros, concentran gran parte de las viviendas en riesgo, amenazadas por el crecimiento urbano y la saturación de los suelos.
Ante sismos de gran envergadura, en innumerables ocasiones la Red Sismológica Nacional ha sido enfática al indicar que muchos edificios en las zonas costeras de Costa Rica, corren un alto riesgo de licuefacción sísmica, fenómeno que ocurre cuando las arenas sueltas saturadas de agua pierden su resistencia durante un terremoto, actuando como un líquido. Zonas como Puntarenas, Jacó, Golfito, y la Península de Nicoya son especialmente vulnerables.
Por otra parte, en setiembre del año pasado, Central de Medios informó en una de sus ediciones noticiosas, que “en el centro de San José, una gran parte de las edificaciones -más del 36%- están subutilizadas o desocupadas” y que a pesar de que “su estructura suele cumplir con los códigos sísmicos históricos, “muchas presentan deterioro por abandono, riesgos eléctricos y vulnerabilidad a incendios, reflejando un declive en el casco urbano josefino”.
Las necesidades de remozamiento e inversión en infraestructura en nuestra nación, son realmente visibles. Y lastimosamente, incluso algunos proyectos viales nuevos, desde antes de inaugurarse ya han presentado problemas.
Dadas las penosas circunstancias que dan origen a esta nota, desde Visión CR, deseamos evidenciar nuestra preocupación, solidaridad y profunda tristeza por lo acaecido en Venezuela. A la vez, realizamos también un vehemente llamado a las autoridades públicas costarricenses que deben velar por la infraestructura vial, educativa, habitacional y de salud; además, a los dueños de viviendas y edificios privados, para que revisen -y con tiempo corrijan- los problemas que -ante el embate de un evento natural- puedan estar convirtiéndolos en verdaderas “bombas de tiempo”.
