Pedro Alberto Soto Sánchez.
Al márgen del video en «las casitas del barrio alto» y rumores que circulan sobre presuntas facilidades otorgadas por el gobierno a la llamada “narcoeconomía”, existen hechos concretos que evidencian un patrón inquietante que no podemos -ni debemos- ignorar. A continuación, presento 10 hechos específicos, aunque posiblemente hay más.
1- La DEA afirma que tiene una grabación Celso Gamboa donde asegura que el gobierno le garantizaba el ingreso de cargamentos de cocaína. Se menciona que un asesor de la presidencia y un ministro de estado mantienen relaciones cercanas con el ahora “extraditable”.
2- En el 2023, el gobierno retiró a la Policía de Control de Drogas de aeropuertos, puertos y fronteras.
3- También retiró el puesto de guardacostas en Bahía Drake-Sierpe, por donde se trasiegan anualmente toneladas de cocaína y marihuana, según reportes de la DEA y la CIA.
4- En mayo de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública cerró el puesto de Guardacostas en Sixaola, un “punto caliente” para la navegación de lanchas narco. También se eliminó la vigilancia en el caribe sur.
5- El Servicio de Vigilancia Aérea enfrenta limitaciones para realizar su trabajo de vigilar mares y montañas.
6- Costa Rica es considerada por medios de comunicación de México, Estados Unidos, Francia y España como un país con políticas débiles para combatir el narcotráfico. Costa Rica y México disputan el primer lugar en el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
7- Resulta altamente cuestionable que el presidente mantenga vínculos con el abogado José Miguel Villalobos, conocido por representar a individuos vinculados al narcotráfico y a personas de reputación más que discutible. Si durante años este abogado ha defendido a narcotraficantes, cabe preguntarse con legitimidad si los honorarios que percibe provienen de fuentes contaminadas por actividades ilícitas. ¿Es consciente de eso el señor presidente?
8- En lugar de fortalecer la colaboración entre el Ministerio de Seguridad Pública y la policía judicial, el presidente ha sostenido una relación que acentúa el conflicto y la confrontación con esta institución. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha sido, precisamente, la entidad que ha demostrado mayor eficacia y dinamismo en la captura de líderes del narcotráfico y en los decomisos de drogas.
9- El Poder Ejecutivo resultó muy ineficiente para poner a funcionar los escáneres adquiridos por compra y/o donación. El equipo adquirido ha sido totalmente subutilizado. Su gestión depende directamente de la presidencia.
10- Datos del Instituto Costarricense de Drogas (ICD) muestran una dramática caída en la cantidad de kilos de cocaína decomisados, pasando de 44.312 en el 2021, a tan solo 6.149 en el 2024.
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