Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
Libertades que se apagan sin ruido
En las democracias contemporáneas, el mayor peligro para las libertades individuales no siempre se presenta con el rostro visible de la ruptura institucional o el golpe de Estado. Por el contrario, suele avanzar de manera silenciosa, gradual y en ocasiones, incluso legitimada por el propio discurso democrático.
Es en esa sutileza, donde el autoritarismo encuentra su mayor fortaleza. No destruye de inmediato las libertades, en tal sentido socava lentamente su contenido.
Las libertades individuales o libertades públicas – personal, expresión, pensamiento y conciencia, religiosa, asociación y reunión, tránsito, privacidad, trabajo e igualdad ante la ley – no son concesiones del poder, sino escenarios esenciales de la dignidad humana.
Sin embargo, cuando el Estado comienza a asumir que puede delimitarlas discrecionalmente, se produce una alteración peligrosa, el ciudadano deja de ser titular de derechos convirtiéndose en sujeto tolerado. Esta transformación, aunque imperceptible en sus inicios, marca con precisión el punto de inflexión hacia formas más restrictivas de poder.
Ya Immanuel Kant advertía que el ser humano no puede ser tratado como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. El autoritarismo, en cualquiera de sus variantes, contradice este principio al subordinar al individuo a objetivos políticos, ideológicos o de seguridad. Bajo esta lógica, la libertad deja de ser un límite al poder y pasa a ser una variable ajustable según las necesidades del momento.
El problema se agrava cuando estas restricciones se justifican en nombre del orden, la seguridad o la estabilidad.
Tal el caso del levantamiento de las libertades individuales sugerido por la Presidente electa, la posibilidad de permitir allanamientos sin mandato judicial o hasta la posibilidad de acortar los tiempos de control político por parte del Poder Legislativo.
La historia ha demostrado que pocas ideas han sido tan eficaces para restringir derechos como aquellas que prometen protección. En ese contexto, la advertencia de Montesquieu mantiene plena vigencia, al señalar que todo poder que no encuentra límites tiende inevitablemente al abuso. Cuando los contrapesos institucionales se debilitan, la arbitrariedad deja de ser una excepción para convertirse en regla.
Pero el rasgo más inquietante del autoritarismo moderno es su capacidad de normalización. Como señaló Hannah Arendt, las sociedades pueden acostumbrarse progresivamente a la restricción de libertades, si estas se introducen de forma paulatina y bajo aparente legalidad.
De tal modo, no hay ruptura visible, no existe alarma inmediata; tan solo una sucesión de pequeños cambios que – acumulados ligeramente – terminan por redefinir los límites de lo aceptable.
En este proceso en términos generales, la libertad de expresión suele ser la primera en resentirse. No necesariamente mediante censura directa, sino a través de mecanismos más sutiles como lo son la presión social, la deslegitimación del desacuerdo y el control indirecto de la información o la vigilancia permanente de la misma. En dicha vía, el producto o consecuencia resultante será una sociedad que habla menos, cuestiona menos y en consecuencia participa menos. Y ahí, donde el silencio crece el poder se expande sin resistencia.
Por otra parte resulta significativo tener en cuenta, que el avance del autoritarismo no es responsabilidad única del poder político. Además se nutre de la apatía ciudadana.
Por tal razón, cuando las personas renuncian a ejercer sus derechos o consideran irrelevante su defensa, las libertades pierden su fuerza real y se convierten en simples declaraciones formales. En este sentido, la reflexión de John Stuart Mill continúa siendo contundente, luego de señalar que cuando se silencia una determinada opinión no solo afecta a quien la emite, sino a toda la sociedad, perdiéndose la oportunidad de confrontar ideas y aproximarse a la verdad.
Pero también – en la actualidad – el desafío ha adquirido nuevas dimensiones. La tecnología, la vigilancia digital y la gestión masiva de datos han ampliado la capacidad de control del Estado y de otros actores. Bajo la promesa de eficiencia o seguridad, se abren espacios para una supervisión constante que puede erosionar la privacidad y condicionar el comportamiento individual. El riesgo ya no es solo la prohibición, sino podríamos estar en presencia de una autocensura inducida.
Y es así como cuando la libertad retrocede, la democracia no desaparece de inmediato, pero su naturaleza va perdiendo contenido. Se mantiene la forma, pero se debilita el fondo.
Por tal motivo, la defensa de las libertades individuales no puede entenderse como una tarea ocasional, sino como una responsabilidad permanente. Requiere vigilancia, participación y sobre todas las cosas, conocimiento y auténtica conciencia de que cada restricción injustificada – por pequeña que parezca – abre la puerta a limitaciones mayores.
La evolución social humana ha demostrado que recuperar las libertades perdidas es siempre más difícil que defenderlas a tiempo. Por ello, el verdadero desafío de las democracias no es solo proclamarlas sino preservarlas activamente. Porque cuando el autoritarismo avanza en silencio, la libertad solo sobrevive si encuentra ciudadanos dispuestos a hacerla valer.
