Luis Paulino Vargas Solís, economista y académico.
Que no es, ni mucho menos, el primer caso. Otro ejemplo, singularmente destacado, y de muy triste recordación, es el de Rocío Aguilar. Lo cual advierte acerca de una de las fragilidades en la regulación del sistema financiero, puesto se admiten, con toda frescura, este tipo anomalías, y el evidente conflicto de intereses que conllevan.
Ya por ahí vamos teniendo pistas que nos ayudan a entender el porqué de las calamitosas fallas regulatorias y de supervisión, en casos como los de ALDESA, Coopeservidores y Desyfin.
Hasta podría decirse que hemos tenido al zorro cuidando al gallinero. Como por ahí va también la cosa en lo que atañe a las estafas electrónicas: estas se multiplican, mucha gente queda arruinada, los bancos hacen las de Pilatos y los organismos reguladores miran para otro lado.
La tesis de Cubero –que sin duda es la de la banca– se resume en lo siguiente: dentro de cierto plazo, los bancos harán una investigación para determinar qué ocurrió.
Más que simplista, eso es absurdo. Y más que absurdo es insultante.
De hecho, reitera lo que siempre se ha hecho: cuando alguien sufre una estafa electrónica y pide al banco un resarcimiento por lo perdido, el banco establece un plazo “para investigar”, y, en su momento, da la resolución. Y la resolución de tal “investigación” es siempre la misma: le echa toda la culpa de la persona estafada.
Y, sin embargo, la gran mayoría de las veces, el banco sí comparte una importante dosis de responsabilidad.
Para empezar ¿cómo los delincuentes obtienen la información que les permite contactar a las eventuales víctimas? Esa pregunta debe ser contestada por los bancos.
Pero, además, la dinámica de la estafa a menudo sigue un patrón que, por sospechoso e irregular, debería ser detectado por los sistemas de seguridad de los bancos y frenada automáticamente.
Lo ilustro con un caso real de estafa que conozco, el cual se desenvolvió de la siguiente forma: en el lapso de 25 minutos se hicieron 9 transferencias desde la cuenta de la persona estafa hacia otras cuentas. Los depósitos así realizados eran por montos que oscilaban entre los ₡500.000 y ₡1 millón, hasta sumar un monto total de ₡7 millones.
¿Cómo es posible que algo tan evidentemente anómalo y atípico pudiera darse sin que exista una alerta automática que lo frene?
Los bancos deben hacerse responsables de eso.
Y, por cierto, es ofensivo que Cubero y la ABC vengan a decir que la investigación debe ser realizada por el mismo banco involucrado en el problema. O sea ¿el banco como juez y parte? ¡Qué charlatanería!
Esa historia me recuerda a la famosa “Oficina del Consumidor Financiero” ¿Qué dijo esa gente respecto de las estafas de ALDESA, Coopeservidores y Desyfin? Que yo sepa se limitaron a comentarios estrictamente protocolarios, meras fórmulas de cortesía ¿Acaso mostraron ni un gramo de preocupación en cada ocasión en que la ruleta global de los mercados financieros lanzaba nuestros regímenes complementarios de pensiones a territorio de pérdidas?
Esa Oficina es lo que es: una mampara publicitaria directamente controlada por las mismas empresas financieras.
Y, entretanto, los organismos reguladores y de supervisión ¿qué hacen? Pues degustar un cafecito con su muy sabrosa bizcotela. Se le pasea el alma en el cuerpo.
Es innegablemente cierto que necesitamos más educación financiera. Pero dejémonos de habladas: la realidad es que hoy, en Costa Rica, las personas estamos inermes e indefensas frente los poderes del mundo de las finanzas. Y, entonces, los bancos se dan el lujo de actuar con ligereza e irresponsabilidad, bajo la mirada permisiva y complaciente de los organismos reguladores.
Lo que más necesitamos son instancias independientes que regulen a los reguladores y vigilen a la banca y en las cuales las personas usuarias tengamos representación, voz y voto.
