Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
Reflexiones filosóficas sobre la legitimación moral de la corrupción
La corrupción suele entenderse como una desviación del orden moral y jurídico que sostiene la vida pública. Sin embargo, en ciertos contextos sociales y políticos, la corrupción no aparece solamente como un acto oculto o vergonzoso, sino como una práctica que puede encontrar justificación dentro de determinados criterios. Expresado de otra forma: según distintas formas de lealtad.
Cuando esto sucede, la corrupción deja de ser percibida – rigurosamente – como una ruptura o desavenencia del mismo deber y se convierte en un trance que algunos pueden considerar moralmente justificable y hasta defendible.
Así, en dicho punto surge una tensión honda y oscura entre dos principios fundamentales de la vida ética. Por una parte, la lealtad hacia los propios y por otra, el apego a la justicia como principio universal.
La lealtad resulta ser una virtud antigua. Desde las comunidades primitivas hasta las formaciones políticas modernas, ha sido un elemento importante para la cohesión de los diferentes grupos humanos. Ser leal implica entonces, proteger, apoyar y mantener fidelidad hacia aquellos con quienes se comparte una específica identidad o un determinado proyecto común. Sin embargo, esta virtud consigue un carácter problemático cuando se enfrenta con la exigencia de la justicia.
Mientras la justicia anhela y moldea la imparcialidad y a la aplicación universal de normas, la lealtad es propensa a operar dentro de límites particulares, al argumento de una simple distinción entre “nosotros” y “los otros”.
En dicha contrariedad nace la posibilidad de justificar acciones que – desde una perspectiva estrictamente moral o legal – tendrían que ser condenadas de manera definitiva.
De tal modo, dicha corrupción justificada se configura precisamente en la perspectiva de ese límite ético.
Cuando un individuo resguarda a un aliado político acusado de abuso de poder, cuando un funcionario beneficia a sus allegados – por ejemplo – en la distribución de recursos públicos o cuando una institución encubre anomalías para preservar su prestigio, se invoca como costumbre el argumento de la lealtad.
En tales casos, la fidelidad al grupo se convierte en el razonamiento moral dominante, desplazando peligrosamente a la justicia como referencia universal. Así, el acto corrupto se reinterpreta como un gesto de compromiso o de defensa de una causa compartida.
Desde una representación filosófica, este fenómeno revela una tensión entre dos formas de entender la moralidad.
Por un lado, existe una ética de la parcialidad, basada en vínculos afectivos, identidades colectivas y compromisos políticos personales. Por otro, una ética de la universalidad que reclama reglas iguales para todos y que sitúa la justicia por encima de los propios intereses particulares.
La corrupción justificada aparece entonces, cuando la primera de estas lógicas señaladas domina completamente sobre la segunda, convirtiendo el espacio público en una extensión de las lealtades privadas.
El problema no se establece únicamente en los actos corruptos en sí mismos, sino en el suceso cultural que los vuelve aceptables. Cuando una sociedad comienza a tolerar o incluso a defender la corrupción en nombre de la fidelidad política, familiar o institucional, se produce una lamentable inversión de valores.
De ahí que, denunciar la injusticia puede ser interpretado como traición o ingratitud, mientras que proteger a quien ha abusado del poder se percibe como un acto de rectitud e integridad.
En ese escenario, la moral pública se parte, se separa y el ideal de justicia pierde su fuerza normativa.
Esta situación tiene resultados y derivaciones profundas para la vida política. La justicia, entendida como fundamento que garantiza igualdad y responsabilidad, depende principalmente de su afirmación como norma superior a cualquier lealtad particular.
Si las instituciones y sus representantes se someten a vínculos personales o partidarios, la ley deja de ser un marco común y se convierte en un instrumento flexible al servicio de quienes detentan el poder.
La consecuencia inmediata será entonces el debilitamiento progresivo y silencioso de la confianza pública y del sentido mismo de comunidad política.
Afortunadamente, la propia filosofía política también nos permite otro punto de vista acerca del significado de la lealtad.
Una sociedad democrática no necesita eliminar esta conciencia, sino redefinir su verdadero objetivo. En tal dirección, la lealtad más profunda no debería dirigirse solamente hacia individuos o facciones, sino hacia los principios y valores que sostienen la convivencia común: la justicia, la igualdad y la responsabilidad pública.
Por tanto, defender la legalidad y denunciar la corrupción no establecen actos de deslealtad, sino formas más altas de fidelidad y sinceridad hacia la comunidad política.
El intento de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves Robles – recientemente – en la Asamblea Legislativa de Costa Rica puede interpretarse como un caso muy claro del conflicto filosófico entre lealtad y justicia y en muchos otros casos que se han producido en nuestra historia política. No es solo un asunto jurídico o político; es un dilema moral sobre qué principio debe prevalecer cuando el poder está en juego.
En última instancia, la corrupción justificada revela una pregunta fundamental sobre la ética pública: ¿a quién debemos nuestra lealtad última?
Si la respuesta se limita a los propios partidarios, la justicia se vuelve frágil y circunstancial. Si, en cambio, la lealtad se orienta hacia principios universales, entonces la vida política puede aspirar a un orden donde la fidelidad y la justicia no se excluyan sino que se fortalezcan mutuamente.
