Carlos Manuel Echeverría, ex profesor de ciencias políticas de la UCR y ex viceministro de OFIPLAN.
Costa Rica tiene alrededor de 330 instancias públicas. No todas son instituciones, pero sí instancias o entidades. Por su función, estructura y naturaleza, una institución tiene un peso que le da el derecho de ser referida como tal.
Existen, por otro lado, instancias afiliadas a ministerios, por ejemplo, o a instituciones autónomas, cuya función ha sugerido que conviene que tengan personería jurídica propia. Las razones son diversas, por ejemplo: gestionan un activo, manejan recursos, etc.
Dos ejemplos: el Teatro Nacional y las fundaciones de las universidades públicas. Son órganos con estructuras pequeñas y pocos funcionarios, en relación con lo que tradicionalmente llamamos instituciones.
MIDEPLAN, en tiempos de la gestión de la señora presidente, determinó los siguientes entes públicos, claramente no todos instituciones: ministerios, órganos adscritos a ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, entidades adscritas a autónomas; municipalidades, empresas públicas, entes públicos no estatales y diversos órganos especializados.
La composición costarricense responde en muchos casos, posiblemente los más, a necesidades de cuando fueron creadas, lo que hace que no necesariamente estén diseñadas para cumplir con las necesidades de hoy en día.
Responden también, a la ideología del partido dominante y de los que en el momento de la creación tenían capacidad negociadora y la ejercieron. Puede ser que haya instancias que ya no son necesarias o, parcialmente, algunos programas, Ello hace necesaria su revisión parcial, eliminación total o transformación, si la infraestructura institucional es de utilidad, bajo nuevos paradigmas.
Lo que acabo de expresar fue fácil decirlo, pero, caramba, qué difícil es llevarlo a la práctica. La revisión ha de ser concienzuda y total; a fondo, con una perspectiva de pasado y de su presente, pero especialmente de futuro, basada en los requerimientos del Ser Humano, como ente individual y colectivo.
No debe hacerse aisladamente, sino en forma tal que pueda analizarse su engarce con el resto de las instituciones, lo que permitiría detectar duplicidades u omisiones, así como los acoples necesarios para crear sinergias, a simplificar la gestión, a aumentar la eficiencia y eficacia, la efectividad, y a reducir el costo operativo, el desperdicio o el despilfarro.
En la visión debe prevalecer la coordinación sistémica y la correcta dirección política, sobre la jerarquización administrativa, sin desmedro de ésta, en lo que corresponde en la funcionalidad. Se trata del funcionamiento del aparato estatal como un todo, no del estado costarricense, que no se está reformando. La reforma del Estado va mucho más allá y pasa por la modificación la constitución política. De lo que se está hablando es de reformar el aparato estatal como un todo y sus partes, cuando corresponda, no de cambiar la naturaleza de la sociedad costarricense.
Dentro de este contexto, cobra especial importancia la correcta aplicación de la Ley General de la Administración Pública, la 6227. Dicha ley establece la forma legal correcta de emitir y tratar la directriz de política de gobierno en sus diferentes momentos, que, en nuestro ordenamiento constitucional, emanan de la Presidencia de la República.
Establecer canales y responsabilidades precisos, fortaleciendo la figura del ministro rector del ramo o sector, dentro de un contexto sistémico, como es, de hecho, la realidad de la vida: un conjunto de partes interdependientes que idealmente deben apuntalarse unas a otras y apuntar en la misma dirección. Todos los ministerios pueden proyectarse como rectores de sectores, según las prioridades de cada gobierno, incluyendo a los ministros sin cartera, una figura sui generis de la administración pública costarricense, pero útil y versátil.
Lo anterior exige una excelente capacidad de gestión gerencial, la que no creo que exista en este momento ni en el pasado reciente de varias décadas. En gran parte, la carencia se origina en una Escuela de Administración Pública de la UCR, débil y sesgada.
En Francia por ejemplo, si usted no es “enarque” o sea, graduado de la Escuela Nacional de la Administración Pública, sus posibilidades de participar en un cargo de dirigencia pública, se reducen notablemente. En América Latina, se potencia más que otra cosa, la lealtad política y muy a menudo el compromiso por favores prestados al gobernante.
Resumiendo, sin el recurso humano adecuado, difícilmente se podrá implementar el tipo de gestión requerida para replantear la organización del aparato estatal, implementar los cambios y gestionar gerencialmente con la capacidad requerida para hacer el mejor uso posible de los recursos, en función al logro de los objetivos con sus metas políticas legítimas o los definidos legalmente.
El refundar el aparato estatal, independiente de los cambios constitucionales que pudieran requerirse, no es tarea para el gobierno de turno por si solo. Quien gobierne, debe tener la madurez y la mentalidad cívica propias de los estadistas, para entender que cambios profundos que redimensionen el aparato estatal requieren participación amplia de estamentos de calidad, no de gente “básica”, como la bautizó una distinguida figura política actual, sino más bien de la reserva pensante en el ramo de la gestión pública que el país posee. El gobierno de turno conduce, como el pastor lo hace con sus ovejas, pero no acapara. Esto es fundamental para que las reformas se legitimen y construyan.
No puede refundarse el aparato estatal pensando en un esquema autoritario contrario a la tradición democrática que, con todo y sus carencias, ha hecho a Costa Rica excepcional por su democracia republicana, libertad y ejercicio de los DDHH. Que la ley 6227 no se implemente por el filo equivocado.
Existen mecanismos participativos como los consejos de desarrollo regional, en el marco de las leyes 5525 y 10096, que deben tomarse en serio. Así mismo y en otro nivel, DINADECO tiene un papel que jugar.
Más aún, los consejos sectoriales ampliados con la participación de estamentos válidos representativos de la sociedad civil, según sea el ramo o sector, también crean espacios participativos, que valorizan el derecho y deber ciudadano, de ser dueño de su propio destino, más allá de la satisfacción de necesidades de consumo.
