Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario costarricense.
Sin contrapesos reales, el poder deja de ser republicano, aunque conserve su origen electoral
En toda democracia constitucional, la oposición no es un accidente del sistema. Resulta ser una de sus condiciones esenciales.
No existe democracia auténtica donde el poder no encuentre límites efectivos, ni donde quienes deben ejercerlos renuncien a hacerlo. En tal sentido, la oposición no es un actor decorativo ni una simple alternativa electoral futura; es – en el presente – la última línea de defensa contra la concentración y el abuso del poder.
El poder político por su propia naturaleza tiende a expandirse. Esta última apreciación no es una acusación moral contra quienes gobiernan, sino un reconocimiento realista estructural. Por ello, la democracia no se define únicamente por el origen electoral del poder, sino por su efectiva limitación institucional.
La existencia de elecciones libres es una condición determinante y necesaria, aunque no suficiente. Se requiere – por tanto – la vigencia de contrapesos reales, la independencia institucional y la presencia de una oposición capaz de ejercer control político sin temor ni subordinación.
En Costa Rica, esta responsabilidad adquiere una dimensión particularmente relevante. La estabilidad democrática costarricense no ha sido el resultado del azar, sino de una cultura política fundada en el equilibrio entre poderes, el respeto al orden constitucional y la legitimidad de una amplia crítica política.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica no es un apéndice del Poder Ejecutivo, sino un órgano de control. El Tribunal Supremo de Elecciones no es un actor político, sino el garante máximo de la voluntad popular. El Poder Judicial de Costa Rica no es un antagonista del poder, sino su límite jurídico.
Cuando estas instituciones son debilitadas, deslegitimadas o sometidas a presión política, no se está atacando a una élite indeterminada, sino a los fundamentos mismos de la República y sus principios. Y es precisamente en ese momento cuando la oposición debe asumir plenamente su función histórica, otorgándoles caracteres dramáticos especialmente a las fracciones legislativas recién electas.
El mayor peligro para la democracia no será entonces la existencia de un gobierno fuerte, sino la ausencia de una oposición firme y valiente. Porque cuando la oposición calla, flaquea o se acomoda, el poder deja de encontrar resistencia. Y cuando el poder deja de encontrar resistencia de manera inevitable, ese mismo poder comienza a confundirse con su propia voluntad.
La oposición democrática no existe para obstruir, sino para limitar. No existe para destruir, sino para preservar. Su deber no es oponerse por cálculo político, sino por responsabilidad republicana, lo que necesariamente implicará en fiscalizar, cuestionar, denunciar y, cuando sea necesario, resistir. Implica también defender la institucionalidad democrática, incluso cuando ello no produzca réditos electorales inmediatos.
La historia enseña que las democracias rara vez colapsan de forma súbita, idea que se repite constantemente. Su deterioro suele ser gradual, silencioso y progresivo, lo cual se provoca en tres fases determinantes y concluyentes. Y sus pasos son predecibles: se incia cuando el poder deja de consentir límites; continúa luego, cuando las instituciones son presentadas como obstáculos de gestión; consolidándose finalmente, cuando la oposición deja de actuar como auténtica oposición.
En ese punto, la democracia no desaparece formalmente pero pierde su carácter esencial. Permanece el ritual electoral, aunque como consecuencia se debilita el equilibrio republicano, subsiste la legalidad formal, al alto precio de desgastar sostenidamente la libertad política real.
De esta forma, la oposición no deberá defender únicamente sus propios intereses ni los de sus electores. Deberá defender el principio mismo de que el poder no pertenece a quienes lo ejercen, sino al orden constitucional que lo legitima y lo limita. Deberá defender la idea de que ningún gobernante está por encima de la ley, ni puede colocarse por encima de las instituciones.
Sin una oposición firme y consciente de su deber histórico, la democracia pierde su principal mecanismo de defensa frente al poder.
La democracia costarricense no será destruida entonces por la existencia del conflicto político. Será destruida, si acaso, por la desaparición de sus contrapesos. Y esos contrapesos no son una abstracción, son reales y efectivos: tienen nombre, tienen voz y tienen una enorme responsabilidad.
En tal coyuntura, la oposición será uno de sus auténticos contrapesos. Y su deber no consiste en esperar el poder, sino defender la República mientras no lo tenga. Defenderla en estas circunstancia no será entonces una opción estratégica. Tendrá que ser una obligación democrática.
