Luis Guillermo Solís, Expresidente de la República.
La violación flagrante del Derecho Internacional es siempre una mala noticia, ya sea en Ucrania o en Venezuela. Lo es aún más para Costa Rica, un país sin ejército cuya seguridad nacional depende enteramente de los principios contenidos en los instrumentos jurídicos multilaterales, tanto hemisféricos como globales.
Deploro, por lo tanto, que una vez más la fuerza se haya impuesto sobre la razón, y que la diplomacia junto con la terca arrogancia del poder haya sido incapaz de evitar acciones militares que, revestidas de virtud, ocultan en realidad intereses económicos, como la explotación de materiales estratégicos: la producción y comercialización petrolera y minera en el caso de Venezuela.
Dicho lo anterior, no me rasgo las vestiduras por Nicolás Maduro ni por su nefasto régimen. Han sido esos liderazgos los que, con sus acciones represivas y su absoluto desprecio por el pueblo venezolano, facilitaron la intervención militar estadounidense.
En ese sentido, no es de recibo colocar en abstracto por justificado que sea el repudio a la violación de los principios del Derecho Internacional, sin señalar que quien primero violentó esos principios fue el propio régimen de Maduro, cuyas acciones trajeron muerte, represión y miseria y, como consecuencia, el desplazamiento masivo de población en cifras pocas veces vistas en la historia de las Américas.
La situación en Venezuela es muy fluida y los acontecimientos allí aún generan más preguntas que respuestas. Pero, independientemente de lo que ocurra en el futuro, espero que el resultado sea la restitución de la democracia y del bienestar para el querido pueblo venezolano.
Asimismo, auguro que las acciones militares no se repitan como ya se ha insinuado en otros países de la región, pues ello conllevaría el fin de la luminosa idea de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
