Pedro Alberto Soto.
Me parece acertada la opinión de Gustavo A. Araya Martínez sobre los proyectos de ley presentados por la Presidenta Laura Fernández. Para el politólogo los seis proyectos no perfilan una estrategia integral de combate a la delincuencia y a la inseguridad.
Se trata de una operación de comunicación política que confronta la institucionalidad, refuerza su discurso de “mano dura” y justifica su interés por controlar los 3 poderes del Estado.
Según Araya, el gobierno recurre al dicho de “acabar con la alcahuetería” para reforzar la idea de que las garantías constitucionales, el debido proceso y la independencia judicial impiden combatir la delincuencia.
Desde esta perspectiva, toda objeción a las iniciativas oficiales reforzará el argumento de que la oposición y el Poder Judicial no se preocupan por la seguridad ciudadana y obstaculizan deliberadamente su labor.
Las iniciativas del Gobierno tienen un alcance limitado. Su enfoque se concentra en el endurecimiento de las penas, la actualización de las disposiciones sobre legítima defensa policial y el combate a la reincidencia delictiva. La presidenta Laura Fernández sostiene que estos proyectos permitirán corregir los supuestos errores de los “gobiernos garantistas”, a los que responsabiliza de haberse puesto del lado de los delincuentes en lugar de las víctimas.
No sorprende que varios de los proyectos puedan ser cuestionados por asuntos de constitucionalidad. La idea no es nueva. Eso ya lo hicieron con la llamada Ley Jaguar, la cual desde el inicio se sabía anticonstitucional, pero fue presentada varias veces, “por si acaso”.
Como ejemplos, Araya menciona la propuesta para restringir la liberación de reincidentes; la iniciativa que obligaría a las personas privadas de libertad a contribuir a su sustento mediante trabajo productivo y la ley que presumiría como legítima defensa todas las acciones armadas de la policía.
Estas medidas podrían contradecir principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, por lo que eventualmente serán objetadas por las diputaciones de oposición y anuladas por la Sala Constitucional.
De ocurrir, el gobierno tendría un nuevo argumento para “demostrar” que el Poder Judicial y la oposición “protegen a los delincuentes y no a los costarricenses”, como lo han dicho desde hace cuatro años.
El analista también señala importantes ausencias dentro del paquete legislativo. No se contemplan medidas para fortalecer al Organismo de Investigación Judicial, mejorar los programas de protección de testigos o reforzar las acciones contra el lavado de dinero.
Tampoco se plantean iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad portuaria, ampliar las capacidades de inteligencia policial o impulsar programas de prevención social que permitan abordar las causas profundas de la criminalidad.
Lamentablemente, todo apunta a que estamos ante un nuevo episodio de espectáculo político, en el que el gobierno busca proyectar una imagen de acción y responsabilidad mediante propuestas que resultan parciales, insuficientes o de difícil aplicación.
La prioridad no es la solución efectiva de los problemas, sino el reforzamiento de una narrativa que atribuye a otros la responsabilidad por los fracasos de sus iniciativas y justifica la necesidad de la concentración de poder y el control sobre los tres poderes del Estado por parte del grupo gobernante.
La imagen recoge otras inconsistencias de las propuestas en seguridad del gobierno, publicadas por Julia Ardón Morera.
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